Libia

Información extraída de nuestro INFORME La situación de los derechos humamos en el mundo, abril 2024

Milicias, grupos armados y fuerzas de seguridad continuaron sometiendo a detención arbitraria a miles de personas. Decenas de manifestantes, profesionales de la abogacía, periodistas, personas críticas y activistas fueron detenidos y sometidos a tortura y otros malos tratos, desapariciones forzadas, y obligados a realizar “confesiones” ante las cámaras. Las milicias y los grupos armados hicieron uso ilegítimo de la fuerza para reprimir protestas pacíficas en todo el país. Decenas de personas fueron detenidas, procesadas o condenadas a largas penas de prisión o a muerte por sus creencias religiosas, por su identidad de género u orientación sexual real o supuesta, o por su activismo LGBTI. Autoridades, milicias y grupos armados impusieron severas restricciones al espacio cívico y al acceso humanitario a las comunidades afectadas, y emprendieron campañas de difamación contra grupos tanto internacionales como libios de defensa de los derechos humanos. Las milicias y los grupos armados mataron e hirieron a civiles y destruyeron bienes de carácter civil durante enfrentamientos esporádicos y localizados. La impunidad seguía siendo generalizada, y las autoridades financiaban a milicias y grupos armados que cometían abusos. Las mujeres y las niñas sufrían discriminación y violencia arraigadas. Las minorías étnicas y las personas internamente desplazadas encontraban obstáculos para acceder a la educación y la atención médica. Los guardacostas libios respaldados por la Unión Europea y la milicia Autoridad de Apoyo a la Estabilidad interceptaron a miles de personas refugiadas y migrantes en el mar y las devolvieron a centros de detención en Libia. Las personas migrantes y refugiadas detenidas sufrieron tortura, homicidios ilegítimos, violencia sexual y trabajo forzoso.

Información general

El estancamiento político de Libia se agravó sin que se fijaran nuevas fechas para las elecciones parlamentarias y presidenciales previstas inicialmente para diciembre de 2021. En marzo, el Parlamento votó de forma unilateral la reforma de la Declaración Constitucional y nombró un nuevo gobierno, el Gobierno de Estabilidad Nacional, con el respaldo de las Fuerzas Armadas Árabes Libias, grupo armado que controlaba gran parte del este y el sur de Libia. Otros actores políticos y militares rechazaron la medida alegando irregularidades de procedimiento, y siguieron apoyando al Gobierno de Unidad Nacional, que mantuvo el control de la capital, Trípoli, a pesar de que las milicias alineadas con el Gobierno de Estabilidad Nacional habían intentado expulsarlo.

En junio y julio, las Fuerzas Armadas Árabes Libias impusieron un bloqueo sobre el petróleo que provocó cortes de electricidad y protestas populares. Sólo lo levantaron después de llegar a un acuerdo con el Gobierno de Unidad Nacional para sustituir al presidente de la Corporación Nacional de Petróleo.

La falta de aprobación de un presupuesto nacional y de unificación de las instituciones financieras provocó retrasos en el cobro de salarios de los empleados del sector público e interrupciones en los servicios gubernamentales.

En septiembre, la Oficina de Auditoría de Libia publicó un informe que revelaba la corrupción generalizada y la mala gestión de miles de millones de dinares libios en todas las instituciones gubernamentales en 2021.

Detención arbitraria, privación ilegítima de la libertad y juicios injustos

Milicias, grupos armados y fuerzas de seguridad continuaron sometiendo a detención arbitraria a miles de personas, algunas de las cuales llevaban más de 11 años recluidas sin cargos ni juicio. Sin embargo, a lo largo del año, el Gobierno de Unidad Nacional y las Fuerzas Armadas Árabes Libias anunciaron la puesta en libertad de decenas de personas detenidas en relación con el conflicto y de otras detenidas por motivos políticos.

Decenas de personas fueron detenidas por su filiación política o tribal real o supuesta o por criticar a milicias o grupos armados poderosos, y sometidas a desaparición forzada o a reclusión en régimen de incomunicación durante hasta 11 meses. Algunas fueron retenidas como rehenes para pedir rescate.

En mayo, unos milicianos de la Autoridad de Apoyo a la Estabilidad secuestraron a Ahmed al Daykh, miembro del personal de la Oficina de Auditoría de Libia, frente a su lugar de trabajo, después de que éste expresara preocupación por la corrupción nacional. Lo sometieron a desaparición forzada durante ocho días antes de ponerlo en libertad sin cargos.

Los tribunales militares juzgaron a civiles y personas acusadas de violaciones de derechos humanos en actuaciones manifiestamente injustas. En junio, el Tribunal de Apelación de Trípoli remitió a la justicia militar a 82 acusados de participar en la matanza que había tenido lugar en la prisión de Abu Salim en 1996, alegando que el delito se había cometido en un centro militar y que los acusados eran miembros de las fuerzas armadas. Muchos de los acusados habían sido torturados o sometidos a otros malos tratos tras su detención a raíz de la caída del gobierno de Muamar al Gadafi en 2011, y sus “confesiones”, obtenidas mediante tortura, se utilizaron en los procedimientos judiciales seguidos contra ellos.

Las milicias y los grupos armados secuestraron e intimidaron a abogados, fiscales y jueces.

Los abogados que representaban a civiles juzgados por tribunales militares en el este de Libia denunciaron hostigamiento e intimidación por parte de jueces y fiscales militares. En Bengasi, el grupo armado Agencia de Seguridad Interna detuvo al abogado Adnan al Arafi en mayo y lo recluyó durante 13 días por haber presentado una denuncia contra un juez militar.

Se celebraron juicios penales dentro de la base de Mitiga, en Trípoli, sometida al control de la milicia Aparato de Disuasión para la Lucha contra la Delincuencia Organizada y el Terrorismo, en un contexto de temor de abogados y jueces a sufrir represalias por denunciar o investigar denuncias de detención arbitraria, tortura y otros malos tratos a manos de miembros de esa milicia.

Tortura y otros malos tratos

Las milicias y los grupos armados torturaron e infligieron otros malos tratos sistemáticamente y con impunidad a personas detenidas. Familiares y personas bajo custodia del Aparato de Disuasión para la Lucha contra la Delincuencia Organizada y el Terrorismo, la Autoridad de Apoyo a la Estabilidad y la Agencia de Seguridad Interna en Trípoli; de la Fuerza de Operaciones Conjuntas en Misrata, y de grupos armados como la Agencia de Seguridad Interna, Tariq Ben Zeyad y la brigada 128 en el este de Libia denunciaron palizas, descargas eléctricas, simulacros de ejecución, flagelaciones, simulacros de ahogamiento, suspensión en posturas forzadas y actos de violencia sexual.

A las personas detenidas se las mantenía recluidas en condiciones crueles e inhumanas caracterizadas por el hacinamiento, la negación de atención médica y la falta de higiene, ejercicio y alimentación suficiente.

Decenas de personas murieron bajo custodia en toda Libia entre denuncias de tortura, negación de asistencia médica y desnutrición.

Las milicias y los grupos armados incumplieron en gran medida un decreto aprobado en mayo por el Ministerio del Interior que prohibía la publicación de “confesiones” de personas detenidas en las redes sociales.

La legislación libia conservaba castigos corporales tales como la flagelación y la amputación.

Libertad de asociación

Las milicias y los grupos armados secuestraron a decenas de trabajadores de la sociedad civil y activistas en el contexto de una campaña de difamación impulsada por los ministerios del Gobierno de Unidad Nacional y milicias afines contra grupos libios e internacionales de derechos humanos a los que acusaban de difundir el ateísmo y la homosexualidad, y de atentar contra los “valores” libios. Organizaciones humanitarias internacionales y libias informaron de restricciones cada vez más severas, como denegación de acceso a centros de detención y comunidades necesitadas, detenciones, citaciones para interrogatorios y otras formas de hostigamiento.

En julio, un tribunal de Bengasi resolvió suspender temporalmente el Decreto núm. 286/2019 sobre regulación de las ONG; no obstante, éstas siguieron teniendo gravemente restringidas sus actividades y su financiación en todo el país.

Libertad de expresión y de reunión

Durante 2022, las milicias y los grupos armados secuestraron, detuvieron arbitrariamente o amenazaron a decenas de activistas, periodistas y otras personas por ejercer su derecho a la libertad de expresión y de reunión pacífica.

Entre febrero y marzo, al menos 7 hombres fueron detenidos sólo por expresar pacíficamente sus opiniones o por su afiliación al grupo de la sociedad civil Tanweer. Las autoridades judiciales aceptaron como prueba sus “confesiones”, obtenidas mediante tortura y grabadas en vídeo mientras estaban detenidos por la Agencia de Seguridad Interna de Trípoli sin acceso a asistencia letrada. Fueron declarados culpables 6 de ellos de “insultar y ofender la religión islámica” y de “hacer un uso indebido de las redes de Internet”, y condenados a penas de entre uno y 10 años de prisión tras juicios injustos.

Entre mayo y agosto, en las ciudades de Sebha, Sirte, Bengasi, Misrata, Baida y Trípoli, las milicias y los grupos armados hicieron uso ilegítimo de la fuerza, incluidos medios letales, para dispersar a quienes participaban en protestas, en general pacíficas, contra su control del poder y el deterioro de la situación económica. Murieron al menos 2 hombres y decenas más resultaron heridos. Actores armados también detuvieron arbitrariamente a activistas hasta 14 semanas en Misrata y Bengasi por apoyar convocatorias de protestas en sus redes sociales, así como a periodistas en relación con su cobertura de las protestas.

En marzo, la Agencia de Seguridad Interna de Sirte secuestró al periodista Ali al Refawi por cubrir las protestas en esta localidad y lo entregó al grupo armado Tariq Ben Zeyad, que lo mantuvo recluido hasta julio sin cargos ni juicio.

Ataques ilegítimos

Aunque en general se mantuvo el alto el fuego nacional en vigor desde octubre de 2020, las milicias y los grupos armados violaron el derecho internacional humanitario durante enfrentamientos armados esporádicos y localizados, entre otras cosas mediante ataques indiscriminados y la destrucción de infraestructuras civiles y propiedades privadas.

En agosto, los enfrentamientos entre milicias en barrios densamente poblados de Trípoli causaron la muerte a 32 personas, entre ellas 3 menores y otros civiles, y provocaron daños en decenas de viviendas y otros bienes de carácter civil, así como en al menos 4 instalaciones médicas. En septiembre, un niño y al menos otras 6 personas, en su mayoría civiles, murieron durante enfrentamientos entre milicias rivales en la ciudad de Al Zawyia.

Varios países, entre ellos Rusia, Turquía y Emiratos Árabes Unidos, violaron el embargo de armas establecido por la ONU en 2011 al mantener a combatientes extranjeros y material militar en Libia.

Murieron al menos 39 personas en el país como consecuencia de la detonación de minas terrestres y artefactos explosivos sin estallar.

Impunidad

Las autoridades y los miembros de milicias y grupos armados responsables de crímenes de derecho internacional gozaban de una impunidad casi total. Las autoridades continuaron financiando a milicias y grupos armados que cometían abusos, e integrando a sus miembros en instituciones estatales sin verificar sus antecedentes. En noviembre, el Gobierno de Unidad Nacional nombró ministro del Interior en funciones a Emad Trabulsi, comandante de la milicia Agencia de Seguridad Pública, a pesar de la bien documentada participación de su milicia en crímenes contra personas migrantes y refugiadas.

Las autoridades libias no tomaron ninguna medida para exigir responsabilidades a los milicianos de la Fuerza de Operaciones Conjuntas por la ejecución extrajudicial en marzo de Altayeb Elsharari, de 27 años, y siguieron financiando a la milicia con fondos públicos.

Durante 2022 se descubrieron fosas comunes en las ciudades de Tarhuna y Sirte, en las que se cree que había restos de personas asesinadas por los grupos armados Al Kaniat y Estado Islámico, respectivamente. Preocupaban la independencia, eficacia y transparencia de las investigaciones en curso sobre homicidios ilegítimos perpetrados por Al Kaniat mientras controlaba Tarhuna hasta junio de 2020, así como la ausencia de procesamientos en juicios justos ante tribunales ordinarios de personas contra las que existían pruebas admisibles suficientes de su participación en crímenes.

En julio, el Consejo de Derechos Humanos de la ONU prorrogó por un periodo final e improrrogable de nueve meses el mandato de la misión de determinación de los hechos encargada de investigar los crímenes de derecho internacional cometidos en Libia desde 2016.

Violencia sexual y de género

Las autoridades no protegieron a las mujeres, niñas y personas LGBTI de homicidios, tortura y privación ilegítima de la libertad a manos de milicias, grupos armados y otros actores no estatales. Las mujeres y las niñas también encontraban obstáculos para pedir justicia en caso de violación y otros actos de violencia sexual, como el riesgo de ser procesadas por mantener relaciones sexuales extramatrimoniales —tipificadas como delito en Libia— y de sufrir represalias de los autores si las víctimas presentaban denuncia.

En septiembre, Kholoud al Ragbani, de 32 años, fue asesinada tras pedir el divorcio. Las autoridades no investigaron su asesinato ni garantizaron la rendición de cuentas.

Discriminación

Minorías étnicas y comunidades indígenas

Algunas personas de etnia tubu y tuareg, en especial las que carecían de documento nacional de identidad debido a las leyes y normas discriminatorias que regulaban la ciudadanía libia, sufrían discriminación en el sur del país para acceder a servicios esenciales, como atención sanitaria y educación. Algunas seguían siendo apátridas porque las autoridades se negaban a reconocerles la nacionalidad libia.

Derechos de las mujeres y de las personas LGBTI

En octubre, el Gobierno de Unidad Nacional emitió el Decreto núm. 902/2022 por el que se concedía a los hijos e hijas de madre libia y padre no libio acceso a educación y sanidad públicas, sin garantizarles el derecho a la nacionalidad como a los hijos e hijas de padre libio y madre no libia.

Entre febrero y mayo, la policía y milicianos del Aparato de Disuasión para la Lucha contra la Delincuencia Organizada y el Terrorismo detuvieron al menos a 26 personas por travestismo en Trípoli, Misrata y Zlitan. La mayoría fueron puestas en libertad sin cargos.

Personas internamente desplazadas

Más de 143.000 personas continuaban en situación de desplazamiento interno, algunas desde hacía más de 10 años. Miles de familias de Bengasi, Derna y otras zonas del este de Libia no podían regresar a sus lugares de origen por temor a represalias de grupos armados afines a las Fuerzas Armadas Árabes Libias y por haberse destruido sus propiedades. Estas familias continuaban sufriendo retrasos o negativas, o tenían que pasar por complejos métodos burocráticos o depender de sus contactos personales, para obtener documentos oficiales indispensables para acceder a la educación y los servicios sanitarios, o para cobrar salarios y pensiones estatales. Cientos de personas fueron abandonadas a su suerte en albergues alquilados mal equipados en Trípoli y Misrata.

Miles de residentes de la ciudad de Tawergha que estaban en situación de desplazamiento forzado desde 2011 no podían regresar a sus hogares por falta de servicios esenciales. Quienes habían regresado denunciaron la falta de vivienda adecuada, electricidad, agua potable o indemnizaciones por las propiedades saqueadas o destruidas por las milicias con sede en Misrata.

En mayo, milicianos de la Autoridad de Apoyo a la Estabilidad ordenaron a los residentes de Al Fallah, el único campo que quedaba en Trípoli para desplazados internos de Tawergha, que se marcharan so pena de ser objeto de desalojo forzoso.

Derechos de las personas refugiadas y migrantes

Las personas refugiadas y migrantes eran sometidas de manera sistemática y generalizada, y con impunidad, a abusos y violaciones de derechos humanos por parte de las autoridades estatales, las milicias y los grupos armados. Decenas de personas migrantes y refugiadas murieron en el mar en aguas libias o en suelo libio en su travesía hacia Europa.

Los guardacostas libios respaldados por la Unión Europea y la milicia Autoridad de Apoyo a la Estabilidad pusieron en peligro la vida de personas refugiadas y migrantes que cruzaban el mar Mediterráneo al disparar contra sus embarcaciones o causar deliberadamente a éstas otros daños, lo que provocó la pérdida de vidas (véase el apartado sobre Italia). El 18 de febrero, milicianos de la Autoridad de Apoyo a la Estabilidad fueron responsables de la muerte de un hombre y de las heridas sufridas por otras personas migrantes y refugiadas durante la interceptación de la embarcación en la que atravesaban el Mediterráneo.

Al menos 19.308 personas refugiadas y migrantes fueron interceptadas y devueltas a Libia, donde miles de ellas fueron recluidas indefinidamente en duras condiciones en dependencias supervisadas por el Departamento de Lucha contra la Migración Irregular y por la Autoridad de Apoyo a la Estabilidad y otras milicias. Se negó el acceso a la Misión de Apoyo de la ONU en Libia, a los organismos de la ONU y a las organizaciones humanitarias y de derechos humanos o sólo se les permitió entregar ayuda y prestar servicios, pero no hablar en privado con los detenidos. Miles de personas refugiadas y migrantes más fueron objeto de desaparición forzada o desaparecieron tras el desembarco.

La milicia Autoridad de Apoyo a la Estabilidad detuvo arbitrariamente a miles de personas migrantes y refugiadas en el centro de detención de Al Mayah y las sometió a palizas, trabajo forzoso, violaciones y otros actos de violencia sexual, incluida la prostitución forzada.

A 27 de noviembre, el Departamento de Lucha contra la Migración Irregular seguía manteniendo detenidas al menos a 4.001 personas migrantes y refugiadas en condiciones inhumanas, entre torturas y otros malos tratos generalizados, exigencia de rescates para obtener la libertad y negación de atención médica adecuada. Durante una reunión celebrada en Trípoli en febrero, funcionarios del Departamento de Lucha contra la Migración Irregular informaron a Amnistía Internacional de que habían cerrado todos los centros de detención de Trípoli salvo cuatro; no obstante, los centros de detención cerrados seguían operativos y estaban gestionados directamente por las milicias, entre ellos el tristemente famoso centro de detención de Al Mabani, controlado por la milicia Agencia de Seguridad Pública.

Grupos armados bajo el mando de las Fuerzas Armadas Árabes Libias expulsaron sin el debido proceso a miles de personas migrantes y refugiadas a Egipto, Sudán, Chad y Níger, y las obligaron a subir a camiones sin comida ni agua suficientes.

Hasta el 15 de octubre, habían sido reasentadas o evacuadas fuera de Libia 693 de las 43.000 personas refugiadas y solicitantes de asilo registradas en ACNUR, la agencia de la ONU para los refugiados. Al menos 1.255 personas migrantes fueron devueltas a sus países de origen a través de la Organización Internacional para las Migraciones, aun cuando existían dudas sobre el carácter voluntario de su decisión de regresar, de acuerdo con el principio del consentimiento libre e informado.

Pena de muerte

La legislación libia mantenía la pena de muerte para un gran abanico de delitos no circunscritos al homicidio intencional. Continuaron dictándose condenas a muerte, algunas por tribunales militares del este de Libia, tras juicios manifiestamente injustos. No se llevaron a cabo ejecuciones.

En septiembre, un tribunal de Misrata condenó a muerte a Diaa al Din Balaaou por apostasía.

Actuación deficiente contra la crisis climática y la degradación ambiental

Libia no comunicó su contribución determinada a nivel nacional como Estado Parte en el Acuerdo de París. Personas expertas evaluaron el país y lo calificaron de extremadamente vulnerable al cambio climático debido a sus limitados recursos hídricos, la aridez del suelo y la sequía, además de considerar que estaba poco preparado para hacer frente a la degradación ambiental dados los años de conflictos e inseguridad.