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Jamaica

Información extraída de nuestro Informe 2017/18

La policía siguió cometiendo impunemente homicidios ilegítimos, algunos de los cuales podían ser ejecuciones extrajudiciales. Estaba en marcha una revisión de la legislación nacional relativa a los delitos sexuales, la violencia intrafamiliar y la atención y protección a la infancia. Las ONG manifestaron preocupación por el derecho a la intimidad tras las propuestas de introducir documentos nacionales de identidad. Lesbianas, gays, bisexuales y personas transgénero seguían siendo discriminadas en la ley y en la práctica. Los presos gays y bisexuales continuaban expuestos a un mayor riesgo de contraer el VIH.

A pesar de que Jamaica se había comprometido a establecer una institución nacional de derechos humanos, al finalizar el año aún no lo había hecho.

Jamaica seguía presentando una de las tasas de homicidio más altas de las Américas. Entre enero y junio, según datos policiales, la cifra de homicidios se incrementó en un 19% respecto al mismo periodo en 2016.

Entre enero y marzo, el mecanismo de supervisión de la policía —la Comisión Independiente de Investigaciones (INDECOM, por sus siglas en inglés)— recibió 73 nuevas denuncias de agresiones y documentó 42 homicidios cometidos por agentes encargados de hacer cumplir la ley. Durante el año, 168 personas murieron a manos de estos agentes, en comparación con las 111 en 2016.

En su lucha por obtener verdad, justicia y reparación, las mujeres cuyos familiares habían muerto presuntamente a manos de la policía continuaban batallando contra un sistema judicial lento y falto de recursos.1

Más de un año después de que una comisión de investigación publicara sus conclusiones sobre lo sucedido en Kingston occidental durante el estado de excepción de 2010, que se saldó con la muerte de al menos 69 personas, el gobierno todavía no había dado una respuesta oficial sobre cómo planeaba aplicar las recomendaciones, ni había pedido disculpas públicamente. En junio, la policía de Jamaica concluyó una revisión administrativa interna sobre la conducta de los agentes mencionados en el informe de la comisión. Sin embargo, no halló conducta indebida ni responsabilidad por las violaciones de derechos humanos cometidas durante el estado de excepción.

En junio se aprobó legislación para crear “zonas de operaciones especiales” como parte de un plan de prevención de la delincuencia.

INDECOM albergó una conferencia caribeña sobre el uso de la fuerza, a fin de elaborar una política regional en esa materia que fuera coherente con las mejores prácticas de derechos humanos. En el foro participaron funcionarios encargados de hacer cumplir la ley de toda la región, junto con personas expertas en actuación policial y derechos humanos.

En marzo, movimientos de mujeres y sobrevivientes de violencia de género y violencia sexual tomaron las calles de la capital, Kingston, para protestar contra la impunidad por la violencia sexual.

Las ONG jamaicanas formularon una serie de recomendaciones al Comité Especial Conjunto del Parlamento, encargado de revisar la legislación nacional relativa a los delitos sexuales, la violencia intrafamiliar y la atención y protección a la infancia. Dichas recomendaciones incluían, entre otras, derogar las excepciones sobre la violación marital recogidas en la Ley sobre Delitos Sexuales, a fin de proteger a las mujeres contra la violación, con independencia de su estado civil.

La ONG Jamaicans for Justice (JFJ) expresó preocupación por que la Ley de Identificación Nacional y de Autoridad Registradora pudiera socavar el derecho a la intimidad y, en particular, en su artículo 41, restringir el acceso a bienes y servicios públicos.

JFJ dirigió una serie de recomendaciones al Comité Especial Conjunto del Parlamento para reforzar la Ley de Atención y Protección a la Infancia. Entre otras cosas, la ONG recomendaba ampliar la lista de las autoridades ante las que la gente común podría presentar denuncias legales de maltrato infantil, para facilitar las denuncias.

Seguía sin haber ningún tipo de protección jurídica frente a la discriminación basada en la orientación sexual o la identidad de género, reales o percibidas. Así, las personas LGBT continuaban sufriendo hostigamiento y violencia.

Las relaciones sexuales consentidas entre hombres seguían estando penalizadas, y había una protección limitada contra la violencia dentro de la pareja para las parejas del mismo sexo. Las ONG recomendaban reformar la legislación para garantizar que la violación fuera tratada como un delito neutro desde el punto de vista del género.

Como las personas transgénero seguían sin poder cambiar legalmente de nombre y de género, a las organizaciones LGBTI les preocupaba que el sistema de identificación nacional propuesto pudiera socavar la intimidad de las personas transgénero y exponerlas a la estigmatización y la discriminación de, entre otros, potenciales empleadores.

En agosto tuvo lugar el tercer evento anual del Orgullo en Jamaica, que continuó aumentando la visibilidad de las personas LGBTI y creando oportunidades para implicar al conjunto de la sociedad.

En junio, la ONG Stand Up for Jamaica publicó el informe Barriers Behind Bars, que analizaba el alto riesgo de sufrir violencia sexual y violaciones de derechos humanos y, por tanto, contraer el VIH al que se exponían hombres gays y bisexuales en la Penitenciaría General de Kingston, donde estaban segregados del resto de la población reclusa. El propósito del informe era abrir un debate sobre las mejores prácticas para reducir el VIH en las prisiones.

Jamaica siguió sin ratificar el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, que había firmado en septiembre del año 2000, y tampoco se había adherido a la Convención de la ONU contra la Tortura ni a la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas.

  1. Jamaica: Nota de agradecimiento de Shackelia Jackson (noticia, 15 de diciembre)
Jamaica
Jefa del Estado: reina Isabel II, representada por Patrick Linton Allen
Jefe del gobierno: Andrew Michael Holness
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