Francia

Información extraída de nuestro informe "La situación de los derechos humamos en el mundo", abril 2024.

Persistían el racismo y la discriminación racial sistémicos contra colectivos como el de las mujeres y las niñas musulmanas. Se siguieron empleando perfiles raciales con impunidad. La policía siguió empleando fuerza excesiva y se mantuvieron las desmesuradas restricciones impuestas a las protestas. El homicidio de un muchacho de 17 años de ascendencia argelina a manos de la policía en un control de tráfico desencadenó protestas y disturbios de gran magnitud. Fueron frecuentes los informes de vandalismo y ataques violentos racistas, xenófobos y anti-LGBTI.

El Parlamento aprobó nuevas leyes muy polémicas que autorizaban el uso de tecnología de videovigilancia masiva por los organismos encargados de hacer cumplir la ley e introducían restricciones discriminatorias a la inmigración, la nacionalidad y el asilo.

Discriminación

En enero, el gobierno puso en marcha su Plan Nacional (cuatrienal) de Lucha contra el Racismo, el Antisemitismo y la Discriminación por Razón de Origen, que no reconocía ni abordaba el racismo institucional y sistémico.

En junio, la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos (OACNUDH) instó al gobierno a abordar “seriamente los problemas profundos de racismo y discriminación en las fuerzas del orden y aplicación de la ley”. El Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial, por su parte, pidió a Francia que tratara “las causas estructurales y sistémicas de la discriminación racial en los organismos encargados de hacer cumplir la ley, entre otros, y en particular en la policía”.

En octubre, el Consejo de Estado, máxima autoridad administrativa de Francia, reconoció la práctica de someter a controles policiales discriminatorios a jóvenes y hombres negros y árabes, pero no propuso ninguna medida.

Durante el año se cometieron ataques racistas contra mezquitas, sinagogas y cementerios, que a menudo fueron vandalizados con símbolos racistas y mensajes que promovían a grupos políticos extremistas. Los casos aumentaron tras la escalada de violencia en Israel y la Franja de Gaza ocupada, cuando aparecieron pintadas de símbolos nazis y antisemitas en escuelas y muros.

El Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer expresó preocupación por los persistentes estereotipos discriminatorios y los elevados índices de desempleo entre las mujeres migrantes en situación irregular, las pertenecientes a minorías étnicas o religiosas, las que tenían alguna discapacidad y las de mayor edad.

Mujeres y niñas musulmanas

El Consejo de Estado ignoró la recomendación de su relator público y resolvió que la Federación Francesa de Fútbol podía mantener la política discriminatoria que en la práctica prohibía participar en competiciones a las jugadoras musulmanas que llevaran hiyab, fueran adultas o niñas. En octubre, 69 equipos pidieron que se revocara la prohibición discriminatoria impuesta por la Federación Francesa de Baloncesto a la participación de las mujeres y niñas con hiyab.

En septiembre, la ministra de Deportes dijo en una entrevista que las mujeres que llevaran hiyab no podrían representar a Francia en los Juegos Olímpicos de París 2024. La OACNUDH criticó la decisión y declaró: “Nadie debería imponer a las mujeres lo que deben o no deben vestir”, y advirtió sobre las consecuencias negativas de esa práctica discriminatoria.

En agosto, el ministro de Educación envió a las direcciones escolares un boletín oficial que prohibía vestir la abaya y el qamís en todos los colegios públicos. A pesar de que dichos términos se aplicaban a diversos tipos de ropa holgada, el boletín no ofrecía ninguna definición. Se apostó a policías frente a algunos centros escolares y, tras una semana de prohibición, se había negado la entrada a decenas de niñas musulmanas, lo que vulneraba su derecho a la educación y a no sufrir discriminación.

Personas LGBTI

Los grupos de defensa de los derechos de las personas LGBTI señalaron un aumento de la violencia contra esta población; varios centros comunitarios LGBTI de la Francia continental y de los territorios de ultramar sufrieron ataques y actos vandálicos.

Homicidios y ataques ilegítimos

El marco jurídico de Francia relativo al uso de fuerza letal y armas de fuego por agentes encargados de hacer cumplir la ley no se atenía al derecho y las normas internacionales de derechos humanos.

En junio, un policía disparó y mató ilegítimamente a Nahel M., un muchacho de 17 años francés de ascendencia argelina, en un control de tráfico. El homicidio suscitó indignación generalizada por la fuerza letal, la impunidad y el racismo sistémico con los que operaban los organismos franceses encargados de hacer cumplir la ley, y desencadenó manifestaciones y disturbios en gran escala. En algunas zonas se desplegaron unidades militares junto a las policiales. Se iniciaron al menos 32 investigaciones sobre incidentes de uso excesivo de la fuerza por funcionarios encargados de hacer cumplir la ley durante las protestas y disturbios posteriores. El conductor de reparto Mohamed Bendriss perdió la vida y decenas de personas resultaron heridas de gravedad; algunas de ellas sufrieron mutilaciones permanentes tras ser alcanzadas con armas menos letales.

No hubo avances en la obtención de justicia por el homicidio de la ciudadana argelina Zineb Redouane, que había perdido la vida tras ser golpeada por un bote de gas lacrimógeno disparado por un policía durante una protesta frente a su apartamento en diciembre de 2018.

Libertad de reunión

Las autoridades impusieron de manera reiterada restricciones excesivas, desproporcionadas e ilegítimas a las protestas. Con frecuencia se sometió a manifestantes a detención arbitraria, se les impusieron multas y se les confiscó material de seguridad, pancartas, ollas, sartenes y megáfonos.

A menudo, las autoridades locales prohibían manifestaciones preventivamente alegando riesgos para el “orden público”, sin considerar opciones alternativas para facilitar la celebración de reuniones pacíficas. En abril, un tribunal administrativo de París anuló la última de una serie de órdenes de prohibición general declarando que era una “infracción manifiestamente ilegal del derecho a la protesta [...], innecesaria y desproporcionada para preservar el orden público”.

En julio, el tribunal administrativo de Cergy-Pontoise confirmó la prohibición, por motivos de “orden público”, de una concentración que conmemoraba el aniversario de la muerte bajo custodia de Adama Traoré. La policía practicó arrestos violentos y llegó a lesionar de gravedad a Youssouf Traoré, hermano del difunto Adama. El tribunal confirmó la prohibición de la posterior manifestación contra la violencia policial y el racismo sistémico alegando de nuevo riesgos para el orden público tras los disturbios generalizados que siguieron al homicidio de Nahel M.

En octubre, el ministro del Interior emitió una circular en la que pedía a las autoridades locales que prohibieran preventivamente todas las protestas en solidaridad con Palestina, lo que constituía un ataque desproporcionado y discriminatorio contra el derecho de reunión pacífica. La prohibición se impugnó ante el Consejo de Estado, que resolvió que las autoridades locales debían evaluar caso por caso los riesgos para el orden público.

La dispersión de protestas mediante el uso de la fuerza, incluidos golpes de porra indiscriminados, fue a menudo la primera táctica a la que se recurría. En marzo, la comisaria de Derechos Humanos del Consejo de Europa expresó preocupación por el uso excesivo de la fuerza y los arrestos y detenciones arbitrarios de manifestantes y transeúntes. El relator especial de la ONU sobre defensores y defensoras ambientales condenó la actuación “desproporcionada” de los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley en una protesta por el medioambiente en Sainte-Soline que se había saldado con numerosas lesiones. Un manifestante tuvo que recibir tratamiento neurológico tras pasar un mes en coma inducido y seis semanas en cuidados intensivos.

En junio, especialistas de la ONU en derechos expresaron preocupación por el uso excesivo de la fuerza contra manifestantes, periodistas y transeúntes en las manifestaciones contra la reforma de las pensiones y las protestas por el clima, que incluyó el uso de granadas paralizantes y gas lacrimógeno, y disparos con balas de goma efectuados desde vehículos en movimiento.

La Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa expresó su alarma por las lesiones sufridas por manifestantes e instó a reformar los mecanismos de rendición de cuentas de los organismos encargados de hacer cumplir la ley.

El Tribunal Europeo de Derechos Humanos abrió una investigación sobre la presunta tortura y malos tratos sufridos por Laurent Théron, que había perdido la vista en un ojo por una granada paralizante lanzada por un policía en una manifestación en 2016.

En Mayotte, agentes encargados de hacer cumplir la ley dispararon ilegítimamente munición real hacia el suelo para dispersar a la multitud durante las protestas y los disturbios suscitados por la expulsión de migrantes en situación irregular.

Libertad de asociación

El Consejo de Estado anuló la disolución del grupo de activistas ambientales Alzamientos de la Tierra —ordenada por el gobierno— alegando la necesidad de respetar el derecho a la libertad de asociación. El ministro del Interior había calificado a sus integrantes de “ecoterroristas”.

En una vista parlamentaria celebrada en abril después de que la organización de carácter nacional Liga de Derechos Humanos hubiera denunciado el uso excesivo de la fuerza por los organismos encargados de hacer cumplir la ley, el ministro del Interior sugirió que se examinase la financiación de esa asociación.

Vigilancia masiva

Bajo la premisa de albergar los Juegos Olímpicos de París 2024, el Parlamento aprobó una ley que autorizaba a los organismos encargados de hacer cumplir la ley a usar tecnología de videovigilancia masiva asistida por inteligencia artificial.¹ A raíz de la condena generalizada por la sociedad civil de la amenaza que ello suponía para el derecho a la privacidad y a no sufrir discriminación, especialmente, en noviembre el Tribunal Constitucional declaró ilegal la ampliación de poderes del Ministerio de Justicia en materia de vigilancia que permitía la activación remota de dispositivos electrónicos para la captación de sonidos e imágenes. No obstante, aprobó la activación remota de la geolocalización.

Juicios injustos

En abril, Hassan Diab fue condenado in absentia por el atentado con explosivos contra la sinagoga de la calle Copérnico en 1980. La sentencia condenatoria se pronunció a pesar de que organizaciones de derechos humanos habían pedido que se retiraran los cargos por la falta de garantías en el juicio y las graves irregularidades en la búsqueda, durante decenios, de Hassan Diab.²

Trato cruel, inhumano o degradante

El Comité de la ONU contra la Tortura volvió a expresar preocupación por las negativas y los retrasos de Francia a la hora de repatriar a mujeres, niños y niñas de nacionalidad francesa recluidos en condiciones de privación de libertad en campos del nordeste de Siria.

Derechos económicos, sociales y culturales

Tras las votaciones iniciales a favor en el Parlamento, el presidente reafirmó su apoyo a la consagración de la “libertad de acceso al aborto” en la Constitución en 2024. El Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU hizo hincapié en las graves desigualdades entre la Francia metropolitana y los “territorios de ultramar” y pidió a Francia que abordara el “problema recurrente del acceso al agua en Mayotte y Guadalupe”.

Derechos de la infancia

En junio, el Comité de los Derechos del Niño, de la ONU, expresó preocupación por el aumento del número de niños, niñas y familias que vivían en la pobreza.

Derecho a verdad, justicia y reparación

El Tribunal de Casación reconoció el principio de jurisdicción universal en el sistema judicial francés en relación con dos casos de crímenes de guerra cometidos en Siria. En octubre, el Parlamento aprobó una reforma legislativa que reducía parcialmente los requisitos para el enjuiciamiento de crímenes de derecho internacional, como los crímenes de guerra, los crímenes de lesa humanidad y el genocidio.

Derecho a un medioambiente saludable

En junio, el Consejo Superior del Clima, órgano asesor independiente, señaló que Francia no estaba haciendo suficientes avances hacia su objetivo de neutralidad en carbono.

En octubre, el periódico The Guardian publicó un reportaje que concluía que los bancos franceses eran los financiadores más prolíficos de los mayores proyectos de extracción de combustibles fósiles del mundo.

El gobierno publicó su nueva Estrategia de Planificación Ecológica, que incluía el compromiso de poner fin al uso de la energía basada en el carbón en 2027 tras haber incumplido su objetivo inicial para 2022.

En noviembre, el Consejo de Estado volvió a multar al gobierno por no abordar adecuadamente la contaminación atmosférica.

Derechos de las personas refugiadas y migrantes

El Parlamento aprobó la ley de “control de la inmigración”, discriminatoria y xenófoba, que la defensora de los Derechos y la Comisión Nacional de Derechos Humanos habían pedido que se rechazara por motivos de derechos humanos. La ley ampliaba las facultades administrativas de detención y expulsión de personas extranjeras que supusieran una “amenaza para el orden público” o no respetaran “los valores republicanos”, con independencia de que tuvieran la condición de residentes y sin establecer criterios precisos. También socavaba los derechos a la vida familiar, la vivienda y la salud, y volvía a criminalizar la estancia “irregular”, delito que se había abolido en 2012.

Los obstáculos para la renovación del permiso de residencia, la regularización y el ejercicio del derecho a la apelación precarizaban más a las personas migrantes, mientras la disminución del peritaje judicial en los tribunales de asilo reducía el acceso a la justicia de quienes solicitaban esta forma de protección internacional. Se mantuvo en Mayotte la práctica de la detención administrativa de menores de edad. En diciembre se impugnaron ante el Consejo Constitucional varias disposiciones de la nueva ley.

Durante el año, Francia detuvo a nacionales de países donde un retorno forzoso podía constituir devolución —como Siria, Irán, Sudán, Afganistán y Haití— y dictó órdenes de expulsión en su contra.

En noviembre, el ministro del Interior ordenó la deportación de un ciudadano uzbeko, “el señor A.”, incumpliendo una decisión del Tribunal Europeo de Derechos Humanos que había prohibido su expulsión por el riesgo que corría de sufrir tortura. En diciembre, el Consejo de Estado denunció la deportación y dio instrucciones al gobierno para que adoptara todas las medidas necesarias para garantizar el regreso del señor A. a Francia.

En febrero, el Comité de los Derechos del Niño, de la ONU, manifestó su profunda preocupación por la detención de familias solicitantes de asilo con niños y niñas, así como de menores no acompañados. También criticó el alojamiento en condiciones inhumanas y los métodos para determinar la edad.