Dinamarca

Información extraída de nuestro INFORME La situación de los derechos humamos en el mundo, abril 2024

Se reformó la legislación sobre la violación, incluidas las disposiciones relativas a los casos en que el perpetrador se hacía pasar por otra persona. Se aprobó una legislación especial que otorgaba protección temporal a las personas desplazadas de Ucrania. Las autoridades revocaron el permiso de residencia a varias personas refugiadas sirias y afganas y las alojaron en centros de devolución. El Tribunal Supremo exoneró al Ministerio de Defensa de responsabilidad en la tortura de civiles iraquíes durante una operación conjunta realizada en Irak en 2004.

Derechos de las mujeres

Hubo un amplio consenso político sobre la reforma del artículo 221 del Código Penal, que entraba en vigor el 1 de enero de 2023; a partir de ese momento, los actos sexuales no consentidos de perpetradores que se hicieran pasar por otra persona ya no se castigarían con penas más leves que las previstas para la violación.

Discriminación

En aplicación de la muy criticada Ley “L38”, que consideraba la “procedencia no occidental” un criterio a tener en cuenta para declarar una zona como “gueto”, una empresa inmobiliaria había desalojado en enero de 2020 a 96 familias del área de Nøjsomhed, en Elsinor. En septiembre de 2022, 7 de estas familias vieron reconocido su derecho a presentar un recurso ante el Tribunal Supremo. En noviembre se remitió la denuncia de 12 personas desalojadas de igual forma contra el Ministerio del Interior y la Vivienda al Tribunal de Justicia de la UE para que éste determinara si las categorías de “no occidentales” y sus “descendientes” encajaban en la definición de etnia de la legislación comunitaria.

Derechos de las personas refugiadas y migrantes

En febrero, la Junta de Apelaciones para Personas Refugiadas comenzó a revisar casos de solicitantes de asilo de Afganistán rechazados que llevaban paralizados desde diciembre de 2021 a raíz de la toma del poder por los talibanes en Afganistán. A fecha de 30 de noviembre, la Agencia de Devoluciones tenía registradas 8 personas refugiadas afganas a quienes se había revocado el permiso de residencia y 16 personas refugiadas sirias a las que también se les había revocado haciendo referencia a los cambios en la situación de su país de origen. A ambos grupos se les ordenó trasladarse a centros de devolución. En diciembre, la Junta de Apelaciones anunció una evaluación menos estricta de las pruebas en los casos de asilo que afectaban a niñas y mujeres afganas.

En marzo se aprobó una legislación especial que ofrecía permisos de residencia de dos años y derechos fundamentales a la población desplazada de Ucrania. La legislación no otorgaba las mismas prestaciones a las personas no ucranianas que habían huido de Ucrania. El permiso de residencia de 2 años fue concedido a 33.048 de las 37.162 personas que lo solicitaron.

Derecho a la privacidad

En marzo, el Parlamento aprobó legislación relativa a la retención indiscriminada de datos de telecomunicaciones, lo que constituía una violación del derecho internacional y del de la UE. En abril, el Tribunal de Justicia de la UE aclaró que el derecho comunitario prohíbe la retención indiscriminada de datos para combatir la delincuencia. El Ministerio de Justicia cambió temporalmente sus prácticas de retención de datos para ajustarse a la legislación de la UE.

Derecho a verdad, justicia y reparación

En mayo, el Tribunal Supremo revocó una decisión anterior del Tribunal Superior de Dinamarca Oriental y resolvió que los prisioneros de guerra iraquíes torturados durante la Operación Desierto Verde en 2004 no tenían derecho a una indemnización del Ministerio de Defensa danés.