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Costa Rica 2019

El gobierno tomó algunas medidas, aunque limitadas, para garantizar los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres y las niñas. Seguía siendo un desafío garantizar los derechos de miles de personas que huían de la grave y prolongada crisis de derechos humanos que había estallado en Nicaragua en abril de 2018 y solicitaban protección en Costa Rica. Al concluir el año, Costa Rica aún no había ratificado el Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe (Acuerdo de Escazú).

Derechos sexuales y reproductivos

En abril, el Ministerio de Salud aprobó el registro sanitario para los anticonceptivos de emergencia, que empezaron a comercializarse sin receta en el país. La legislación seguía restringiendo el aborto a los casos de aborto terapéutico (para preservar la salud física o la vida de la mujer). En diciembre, tras meses de prometerlo, el gobierno finalmente emitió un decreto que contenía directrices técnicas para la implementación del aborto terapéutico en centros de salud tanto públicos como privados. El decreto, no obstante, fue criticado por quienes defendían los derechos de las mujeres, pues alegaban que sus disposiciones eran insuficientes e inadecuadas para superar los obstáculos a los que se enfrentaban las mujeres en relación con este procedimiento.

Discriminación

Al concluir el año, la Asamblea Legislativa no había aprobado cambios en el marco jurídico nacional para permitir el matrimonio entre personas del mismo sexo, tal y como exigía una sentencia de la Corte Suprema de Justicia dictada en agosto de 2018. Se preveía que la prohibición vigente quedara anulada en mayo de 2020.

Personas migrantes y refugiadas

Según el gobierno costarricense, hasta diciembre de 2019 más de 70.000 personas habían buscado protección en Costa Rica tras el estallido de la crisis de Nicaragua. Aunque las autoridades costarricenses seguían respondiendo de manera positiva al permitir la entrada de personas migrantes y refugiadas sin llevar a cabo expulsiones masivas, seguía habiendo importantes problemas para garantizarles los derechos humanos y el acceso a los servicios básicos.[1] Según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, entre esos problemas figuraban el alto coste de acceder al procedimiento de asilo mediante llamadas telefónicas, la falta de asesoramiento jurídico e información sobre los derechos y el procedimiento de asilo, y el largo plazo de tramitación de las solicitudes (que en algunos casos llegaba a un año). Estos problemas, unidos al hecho de que no se proporcionaba documentación provisional a las personas solicitantes de asilo, provocaron que esta población no pudiera acceder a sus derechos económicos, sociales y culturales, como el empleo formal, la educación, una vivienda adecuada y los servicios de salud públicos.

Defensores y defensoras de los derechos humanos

Las organizaciones locales denunciaron campañas de desprestigio y ataques en las redes sociales contra defensores y defensoras de los derechos humanos, sobre todo contra quienes defendían los derechos de las mujeres o de las personas LGBTI o el derecho al territorio, la tierra y el medioambiente, y contra integrantes de sindicatos.

En marzo fue asesinado Sergio Rojas, líder indígena y defensor de los derechos humanos que había denunciado amenazas y ataques dirigidos contra él y contra otros miembros de las comunidades bribri y brörán en el contexto de los conflictos territoriales. Al concluir el año no se tenía constancia de ningún avance en la investigación sobre este asesinato, y no se habían aplicado las medidas cautelares ordenadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para la protección de las comunidades.


[1] Costa Rica: Autoridades deben garantizar los derechos humanos de personas que huyen de la crisis en Nicaragua (noticia, 25 de marzo)

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