Burundi

Información extraída de nuestro informe "La situación de los derechos humamos en el mundo", abril 2024.

Se detuvo y enjuició a periodistas, defensores y defensoras de los derechos humanos y activistas, violando el derecho a un juicio con las debidas garantías y a la libertad de expresión, de asociación y de reunión pacífica. Las autoridades gubernamentales interfirieron en los asuntos internos del principal partido de oposición. Continuaron recibiéndose denuncias de detención y reclusión arbitrarias y de casos de desaparición forzada y violaciones del derecho a la vida. Persistían las acusaciones de existencia de parcialidad en la Comisión de la Verdad y Reconciliación. Hubo altos cargos que promovieron la discriminación e incitaron a la violencia por motivos de orientación sexual e identidad de género, así como contra las madres solteras. Aunque la violencia contra las mujeres seguía siendo motivo de preocupación, las denuncias y los enjuiciamientos de estos delitos continuaban siendo escasos. El gobierno tomó medidas que agravaron los efectos de la crisis del costo de la vida y provocaron un menoscabo del derecho a la salud. Casi 74.000 personas continuaban en situación de desplazamiento interno, la mayoría a causa de desastres naturales. Las personas refugiadas y solicitantes de asilo burundesas que regresaban al país hacían frente a intimidación, extorsión y detención arbitraria.

Información general

El ex primer ministro Alain-Guillaume Bunyoni fue declarado culpable el 8 de diciembre de cargos que incluían atentado contra la seguridad interna del Estado, atentado contra el buen funcionamiento de la economía nacional, conflicto de intereses, tenencia ilegal de armas e injurias al presidente. Fue condenado a cadena perpetua.¹

De acuerdo con la Constitución de 2018, el Senado evaluó si debían tener continuidad las cuotas étnicas en los poderes ejecutivo, legislativo y judicial del Estado.

El gobierno rechazó muchas recomendaciones pertinentes durante su Examen Periódico Universal en mayo.²

En julio, la delegación del gobierno abandonó su sesión de examen ante el Comité de Derechos Humanos objetando la presencia de un defensor de los derechos humanos declarado culpable in absentia de acusaciones falsas de participación en el intento de golpe de Estado de 2015.

El relator especial de la ONU sobre los derechos humanos en Burundi afirmó que los informes de la Comisión Nacional Independiente de Derechos Humanos “oculta[ba]n cuestiones políticamente delicadas”.

El grupo armado RED-Tabara reivindicó la autoría de un ataque perpetrado el 22 de diciembre en el sector de Vugizo, junto a la frontera con República Democrática del Congo, y declaró que había matado a 9 soldados y un policía. Según el gobierno de Burundi, murieron 20 personas, 19 de ellas civiles. El presidente Évariste Ndayishimiye acusó a la vecina Ruanda de apoyar al grupo armado, extremo que Ruanda negó.

Libertad de expresión, de asociación y de reunión

El 2 de enero, la periodista Floriane Irangabiye fue declarada culpable de “atentar contra la integridad del territorio nacional” y condenada a 10 años de prisión. Su sentencia condenatoria, basada en unos comentarios que había realizado en un programa de radio digital, fue confirmada en apelación en mayo. Las condiciones de reclusión en la prisión de Muyinga agravaron los problemas médicos que la periodista padecía desde hacía tiempo, por lo que ésta solicitó su traslado a Buyumbura, donde había sido detenida inicialmente, para estar más cerca de su familia y tener acceso a atención médica más adecuada.³ En octubre se realizó su traslado a la prisión de Bubanza, a 40 km de Buyumbura.

En junio, el ministro del Interior suspendió todas las actividades del Congreso Nacional por la Libertad (CNL), principal partido opositor, a excepción de las reuniones encaminadas a resolver las tensiones internas del partido. Los dirigentes del CNL y otros observadores acusaron al ministro de interferir en los asuntos internos del partido.

Las detenciones de miembros del CNL acusados de celebrar reuniones no autorizadas eran habituales.

Defensores y defensoras de los derechos humanos

El 14 de febrero se detuvo a las defensoras de los derechos humanos Sonia Ndikumasabo, Marie Emerusabe y Sylvana Inamahora y al defensor Audace Havyarimana en el aeropuerto cuando se disponían a viajar a Uganda para asistir a una reunión. Un quinto activista, Prosper Runyange, fue detenido en Ngozi y trasladado a Buyumbura. Se los acusó de rebelión, atentado contra la seguridad interna del Estado y atentado contra el buen funcionamiento de las finanzas públicas, en todos los casos por su trabajo de derechos humanos.⁴ A finales de abril, Sonia Ndikumasabo y Marie Emerusabe fueron absueltas de todos los cargos, y el resto fueron declarados culpables de rebelión y recibieron sendas condenas condicionales de un año. Los cinco quedaron en libertad.

Detención y reclusión arbitrarias

Christophe Sahabo, director gerente del Hospital Kira de Buyumbura, continuaba privado de libertad tras haber sido detenido en abril de 2022 y acusado posteriormente de varios delitos económicos. Los procedimientos judiciales acumularon una serie de demoras.

Desapariciones forzadas

Continuaron durante todo el año los informes de desapariciones forzadas, cuyos presuntos autores seguían siendo el Servicio Nacional de Inteligencia (SNR) y miembros de Imbonerakure, la sección juvenil del partido gobernante. La mayoría de las víctimas eran oponentes políticos —miembros del CNL y del Movimiento por la Solidaridad y la Democracia—, aunque también se informó de la desaparición de miembros del partido gobernante —Consejo Nacional para la Defensa de la Democracia - Fuerzas para la Defensa de la Democracia— en conflicto con la jerarquía del partido.

El gobierno rechazó las recomendaciones del Examen Periódico Universal relativas a ratificar la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas.

Derecho a la vida

Las organizaciones de derechos humanos burundesas seguían documentando el descubrimiento frecuente de cuerpos sin vida, en muchos casos con señales de violencia, en ríos y zonas boscosas en todo el país. El relator especial de la ONU sobre Burundi y el Comité de Derechos Humanos de la ONU expresaron su temor de que en muchos casos los cuerpos fueran enterrados de forma precipitada, sin que se estableciera su identidad ni se investigaran las circunstancias de la muerte.

Derecho a verdad, justicia y reparación

En marzo, la Comisión de la Verdad y Reconciliación comenzó sus audiencias públicas. Su presidente afirmó ante los medios de comunicación que la función de estas audiencias era “reforzar y confirmar la verdad ya hallada en los archivos a través de las fosas comunes y los testimonios, pero también en la doctrina y las obras publicadas” y permitir que más personas se expresaran. Continuaron las acusaciones de parcialidad contra la Comisión, debido al hincapié que hacía en las matanzas de 1972.

La Comisión Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos hizo pública su decisión de 2022 en favor de las víctimas de la violencia ejercida por la policía y el SNR durante las protestas de 2015, y pidió al gobierno que investigara y procesara a las personas responsables de esos actos, pidiera disculpas públicamente a todas las víctimas y proporcionara una compensación adecuada, asistencia médica y apoyo psicológico.

Discriminación

El 22 de febrero, 24 personas fueron detenidas en la capital política, Gitega, cuando asistían a un taller sobre la inclusión económica. Éstas, y otras 2 que se añadieron posteriormente a la causa, fueron procesadas por cargos de “homosexualidad” e “incitación a actos licenciosos”. Siete fueron declaradas culpables en agosto. Nueve de las personas absueltas no fueron puestas en libertad de inmediato, y una cuya salud se había deteriorado bajo custodia murió antes de que el fiscal accediera a firmar la documentación relativa a su liberación.

El 1 de marzo, el presidente Ndayishimiye hizo afirmaciones discriminatorias y homófobas en el marco de un desayuno nacional de oración, en las que describía la “homosexualidad” como “maldición”. El 29 de diciembre, el presidente declaró que las personas LGBTI que se encontraran en Burundi “deberían ser lapidadas”. El Comité de Derechos Humanos de la ONU expresó preocupación por las denuncias de incitación al odio y la violencia contra las personas a causa de su orientación sexual e identidad de género, incitación en la que también participaban autoridades del Estado y dirigentes políticos. El Comité pidió al gobierno la derogación de las disposiciones legales discriminatorias y la investigación y enjuiciamiento de los responsables de la discriminación y la violencia.

Violencia contra mujeres y niñas

En julio, el Comité de Derechos Humanos de la ONU, en su examen del informe de Burundi, expresó preocupación por la persistencia de la violencia contra las mujeres, unida al bajo índice de denuncias y enjuiciamientos. Esta situación se debía en gran medida al riesgo de estigmatización y represalias al que hacían frente las víctimas, a la impunidad de los autores y al insuficiente número de centros de acogida y de medidas de protección para las víctimas.

También en julio, el ministro del Interior hizo afirmaciones amenazadoras y despectivas sobre las madres solteras, tras una ofensiva que había emprendido anteriormente para impedir la inscripción en registro de los nacimientos de los hijos e hijas de “padre desconocido”. El ministro pidió a las autoridades locales de la comuna de Busiga, provincia de Ngozi, que golpearan a esas mujeres hasta que revelaran el nombre del padre de sus hijos.

Derechos económicos, sociales y culturales

Las subidas de los precios de los alimentos, el combustible y otros bienes y servicios esenciales afectaban negativamente al derecho a un nivel de vida adecuado. Casi el 10% del presupuesto nacional para 2022/2023 estaba asignado a protección social, pero más de la mitad de la población vivía por debajo del umbral de pobreza y los programas de protección social existentes resultaban insuficientes. Algunas de las medidas adoptadas por el gobierno empeoraron la situación de quienes tenían menos recursos. En junio, el banco central comunicó con 10 días de antelación su decisión de retirar y sustituir todos los billetes con denominaciones de 5.000 y 10.000 francos burundeses (unos 1,74 y 3,48 dólares estadounidenses, respectivamente) fechados en 2018. A ese respecto, cada persona, del 20% de la población que era titular de cuentas bancarias, podía depositar un máximo de 10 millones de francos burundeses (unos 3.500 dólares). Según los informes, muchas personas perdieron los ahorros que tenían en efectivo.

Derecho a la salud

La proporción del presupuesto nacional asignado al sector de la salud disminuyó, al pasar del 13,4% en 2021/2022 al 9,6% en 2022/2023. Aunque esto podía explicarse por el notable aumento del presupuesto general por las inversiones en agricultura e infraestructuras, no se llegó al 15% del objetivo de asignación establecido en la Declaración de Abuya de 2001 sobre el VIH/sida, la tuberculosis y otras enfermedades infecciosas relacionadas.⁵

En agosto, en un debate sobre la propuesta de un código ético para entidades proveedoras de atención de la salud, el Consejo de Ministros recomendó identificar un hospital en el que se pudiera invertir como lugar adecuado para atender a “grandes personalidades” con el fin de que éstas no tuvieran que salir del país para recibir tratamiento médico. Los datos del Ministerio de Salud Pública señalaban que más del 50% de la población menor de 5 años sufría malnutrición crónica, por lo que esa propuesta suscitó preocupación con respecto a las prioridades presupuestarias.

Derecho a un medioambiente saludable

Casi 74.000 personas continuaban en situación de desplazamiento interno, el 89% de ellas como consecuencia de desastres naturales. Las cifras de personas afectadas por desastres naturales pasaron de 106.698 en 2022 a 158.939 entre enero y agosto de 2023, debido principalmente a las lluvias torrenciales y las inundaciones.

Derechos de las personas refugiadas y migrantes

Más de 25.000 personas refugiadas y solicitantes de asilo burundesas regresaron al país durante el año, lo que elevaba a 233.271 el número total de personas repatriadas desde 2017; pese a ello, una cantidad considerable (273.712 personas) permanecía en países vecinos. Quienes regresaban eran objeto de intimidación, extorsión y reclusión arbitraria. El Comité de Derechos Humanos de la ONU pidió al gobierno que adoptara todas las medidas necesarias para garantizar la integración, en condiciones de seguridad y dignidad, de las personas retornadas, y que llevara a cabo investigaciones sobre las violaciones de derechos humanos cometidas contra ellas.

1. Burundi: Arrest of former prime minister an opportunity for accountability, 26 de abril
2. Burundi: Continued impunity and shrinking civic space, 22 de septiembre
3. Burundi: Un año después, nuevos llamamientos para la liberación de periodista, 30 de agosto
4. Burundi: Free five rights defenders, drop charges; end civil society crackdown, 14 de marzo
5. Public debt, tax reform and the right to health in Burundi, 27 de junio