Información extraída de nuestro informe "La situación de los derechos humamos en el mundo", abril 2024.
Se dejó en la indigencia a solicitantes de asilo y se negó la protección internacional a personas afganas que la habían solicitado. Se abrieron nuevos centros de atención para sobrevivientes de violencia sexual. El gobierno retiró su propuesta de prohibir la asistencia a manifestaciones para castigar a quienes hubieran cometido determinados delitos relacionados con actos de protesta. Tras una acción pacífica, se declaró culpables de entrada no autorizada en propiedad ajena a activistas contra el cambio climático. Las condiciones de reclusión eran inhumanas. La región de Valonia continuó realizando transferencias irresponsables de armas. La normativa de los municipios sobre la mendicidad vulneraba derechos humanos.
Derechos de las personas refugiadas y migrantes
Aunque el gobierno aumentó parcialmente la capacidad de su sistema de acogida, las autoridades volvieron a dejar sin hogar y en la indigencia a miles de solicitantes de asilo al negarles el acceso a alojamiento. Pese a las miles de sentencias judiciales dictadas, algunas de ellas por el máximo tribunal administrativo del Estado y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, el gobierno no resolvió la crisis de acogida causada por la insuficiente capacidad de los albergues.1
El Comisariado General para los Refugiados y los Apátridas continuó negando protección internacional a la mayoría de las personas afganas solicitantes de asilo; sólo el 35% de ellas obtuvo protección. Casi todas estas personas seguían sin poder regresar a su país, y las que veían su solicitud de asilo rechazada estaban expuestas a sufrir abusos.
Violencia sexual y de género
Se abrieron 2 nuevos centros de atención para sobrevivientes de violencia sexual, con lo que el total se elevó a 10; estaba prevista la apertura de 4 más. El 90% de las personas que pedían ayuda en los centros de atención se identificaban como mujeres. La edad media de quienes lo hacían era de 24 años y el 32% de las víctimas era menor de 18 años.
Discriminación
En julio, la ministra del Interior hizo público un nuevo marco de referencia para la elaboración de perfiles con criterios profesionales que fue acogido como una medida positiva para abordar y poner fin al uso de perfiles étnicos por la policía.
Derechos de las personas detenidas
Continuó el hacinamiento en prisiones en estado ruinoso que no ofrecían acceso suficiente a servicios esenciales, como asistencia médica e instalaciones sanitarias.
En octubre, el Consejo de Europa reiteró sus críticas a los problemas estructurales del sistema penitenciario y la falta de un recurso efectivo, e instó las autoridades a adoptar medidas rápidas y duraderas para reducir la población carcelaria y mejorar las condiciones de reclusión.
Libertad de expresión y de reunión
En diciembre, a raíz de la oposición de sindicatos y grupos de derechos humanos, entre otras organizaciones, el gobierno retiró una propuesta que, de haber sido aprobada, habría permitido a la judicatura imponer como sanción complementaria a las personas declaradas culpables de delitos relacionados con protestas la prohibición general temporal de participar en reuniones públicas.
En abril, 22 activistas de Greenpeace protestaron pacíficamente contra las inversiones en combustibles fósiles en el puerto de Zeebrugge; 14 de estas personas fueron arrestadas y detenidas durante 48 horas. En noviembre, el juzgado de primera instancia de Brujas las declaró culpables de entrada ilegal en infraestructuras esenciales del puerto. No se impusieron condenas.
Transferencias irresponsables de armas
La región de Valonia continuó autorizando transferencias de armas a Estados donde existía un riesgo sustancial de que se emplearan para cometer o facilitar violaciones graves del derecho internacional de los derechos humanos y el derecho internacional humanitario. Entre los receptores de las transferencias figuraban la policía de Brasil y los ejércitos de Nigeria e Indonesia, acusados de violaciones graves de derechos humanos.
Derechos económicos, sociales y culturales
El Servicio de Lucha contra la Pobreza, la Precariedad y la Exclusión Social y el Instituto Federal para la Protección y la Promoción de los Derechos Humanos documentaron que 253 de las 581 ciudades y pueblos del país tenían normativas sobre la mendicidad que vulneraban derechos humanos.
Derecho a un medioambiente saludable
En abril, un inventario no exhaustivo realizado por el gobierno federal mostró que el Estado gastaba anualmente alrededor de 13.000 millones de euros en subvenciones a combustibles fósiles, aunque la cifra real podía ser de hasta 19.000 millones.
En noviembre, el Tribunal de Apelación de Bruselas resolvió que las autoridades federales, flamencas y de la Región de Bruselas-Capital no habían adoptado políticas adecuadas para hacer frente a la emergencia climática y, por tanto, habían violado los derechos a la vida y a la vida privada de las personas demandantes.
Impunidad
En mayo, un intercambio de presos dio lugar a la liberación y traslado a Bélgica del cooperante belga Olivier Vandecasteele, que había sido retenido como rehén en Irán. En contrapartida, se excarceló anticipadamente y se trasladó a Irán al agente de la inteligencia iraní Assadollah Asadi, lo que contribuyó al clima de impunidad del que gozaba la persecución extraterritorial de disidentes iraníes objeto de ejecuciones extrajudiciales y tortura y otros malos tratos, y socavaba el derecho de las víctimas a la justicia.2
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