Bangladesh

Información extraída de nuestro informe "La situación de los derechos humamos en el mundo", abril 2024.

El gobierno intensificó la represión de los derechos a la libertad de expresión y de reunión pacífica al aproximarse las elecciones generales, previstas para enero de 2024. Las autoridades utilizaron las facultades que les conferían la Ley de Seguridad Digital y otra legislación para perseguir a periodistas y defensores y defensoras de los derechos humanos y someterlos a detención arbitraria y tortura. Hubo un preocupante aumento de las desapariciones forzadas y ausencia de rendición de cuentas por muertes ocurridas bajo custodia. La seguridad en el trabajo siguió siendo un sueño lejano para gran parte de la población activa. El incendio de un campo de personas refugiadas así como un ciclón que azotó el país dejaron sin techo a la población refugiada, que también sufrió inseguridad alimentaria. Sus raciones de alimento se restringieron debido al grave déficit de financiación de la ONU. Bangladesh siguió siendo extremadamente vulnerable al impacto del cambio climático.

Información general

En 2023, la Liga Awami cumplió 15 años como partido gobernante.

Libertad de expresión

En septiembre se revocó la Ley de Seguridad Digital, que fue sustituida por la Ley de Ciberseguridad, casi idéntica, tras una consulta meramente simbólica.¹ Las autoridades habían instrumentalizado la Ley de Seguridad Digital para amenazar y silenciar a miles de periodistas y voces críticas, restringiendo así la libertad y los derechos a la privacidad y a la libertad de expresión. La Ley de Ciberseguridad, que mantenía muchos de los rasgos represivos de la Ley de Seguridad Digital, incluía literalmente todos los delitos de ésta menos dos —aunque con alguna rebaja en cuanto a la pena máxima— y seguía concediendo a las autoridades amplias facultades de detención e investigación.²

Periodistas

Aumentaron los ataques y procesos judiciales contra periodistas en una situación de crisis cada vez más profunda para la libertad de prensa y, en general, una creciente cultura de tolerancia cero hacia la disidencia.

En abril, la primera ministra Sheij Hasina calificó en el Parlamento al diario Prothom Alo, el de mayor tirada del país, de “enemigo de la Liga Awami, la democracia y el pueblo de Bangladesh”. Horas más tarde, un grupo de personas irrumpieron en las instalaciones del periódico en la capital, Dacca, profirieron amenazas e hicieron pintadas sobre su logotipo.³Estos hechos se produjeron en respuesta a un artículo del periodista Shamsuzzaman Shams que el periódico había publicado el 26 de marzo, Día de la Independencia, sobre la crisis del costo de la vida en Bangladesh.

El 29 de marzo, Shamsuzzaman Shams fue arbitrariamente detenido y recluido en aplicación de la Ley de Seguridad Digital por haber publicado “información difamatoria, inexacta e inventada”. Inicialmente le denegaron la libertad bajo fianza y fue encarcelado, y, aunque se la concedieron el 3 de abril, de ser declarado culpable se enfrentaba a una pena de hasta 7 años de prisión.

En junio, un grupo de hombres armados con machetes y barras de acero mataron a golpes al periodista Golam Rabbani. La agresión se produjo horas después de que un tribunal local desestimara una demanda presentada contra él, invocando la Ley de Seguridad Digital, por el entonces presidente del concejo de Sadhurpara, miembro del partido gobernante. La familia de Golam Rabbani afirmó que lo habían matado en represalia por una serie de artículos suyos sobre el presidente del concejo que también habían sido el desencadenante de la demanda.

Mujeres y niñas

Se utilizó la Ley de Seguridad Digital para castigar a personas que tenían alguna relación con voces críticas en la diáspora. En noviembre se concedió por fin la libertad bajo fianza a Khadijatul Kubra, estudiante universitaria de segundo año de carrera que había pasado más de 14 meses detenida arbitrariamente en espera de juicio, en aplicación de la Ley de Seguridad Digital, a causa de las críticas contra el gobierno expresadas por un invitado a un seminario web del que ella había sido moderadora cuando tenía 17 años. El Tribunal Supremo le había denegado en repetidas ocasiones la libertad bajo fianza por considerar que debía responsabilizarse de las opiniones expresadas en su programa de debate.⁴

En agosto, la policía detuvo y recluyó arbitrariamente a Anisha Siddika, de 58 años, por cargos de “sabotaje” contra el gobierno en aplicación de la autoritaria Ley de Poderes Especiales. La detención se produjo tres días después de que su hijo, que residía en Estados Unidos, publicara en Facebook una crítica al partido gobernante. Mientras Anisha Siddika se encontraba bajo custodia policial, la obligaron a quitarse el velo, tras lo cual la policía la fotografió contra su voluntad y publicó su foto en su página de Facebook. Además, la mujer afirmó que se habían negado a darle comida y no le habían dado la oportunidad de rezar durante 12 horas.⁵

Defensores y defensoras de los derechos humanos

En septiembre, un tribunal cibernético condenó a Adilur Rahman Khan y a A.S.M. Nasiruddin Elan, líderes de la organización de derechos humanos Odhikar, a 2 años de prisión de conformidad con el artículo 57 de la draconiana Ley de Tecnologías de la Información y la Comunicación de 2006. Odhikar había publicado un informe de investigación en el que se documentaban homicidios extrajudiciales cometidos por el Estado en respuesta a una protesta en 2013. Ambos hombres habían sido perseguidos, intimidados y hostigados durante 10 años por el Estado, además de privados del derecho a un juicio justo. La implacable represión a la que el Estado sometió a Odhikar y a sus líderes tuvo un efecto disuasorio sobre la sociedad civil, especialmente sobre las personas que documentaban violaciones de derechos humanos.

Libertad de reunión pacífica

A lo largo del año, las autoridades emplearon fuerza ilegítima unida a detenciones generalizadas para frenar las protestas dirigidas por la oposición. El 29 de julio, la policía empleó ilegítimamente balas de goma y gas lacrimógeno contra las personas que participaban, la mayoría pacíficamente, en una sentada en Dacca. Agentes encargados de hacer cumplir la ley golpearon a manifestantes inermes y dispararon gas lacrimógeno en las proximidades de un hospital, mientras que otros agentes vestidos de civil utilizaron fuerza ilegítima contra las personas que protestaban.⁶La víspera de la protesta, el 28 de julio, fueron detenidos más de 500 líderes y activistas de la oposición. La policía subió a los autobuses que llegaban a Dacca y registró los teléfonos móviles de quienes viajaban en ellos para impedir que se sumaran a las concentraciones de la oposición.

En una protesta anterior, que había tenido lugar el 18 de julio, las autoridades utilizaron munición real, lo que provocó al menos una muerte.⁷La policía presentó denuncias contra más de 12.000 activistas de la oposición no identificados y 1.036 identificados en 14 distritos. Mientras se intensificaban las protestas dirigidas por la oposición, entre los días 21 y 28 de octubre fueron detenidos como mínimo 1.727 activistas de la oposición en Dacca, incluido el secretario general del principal partido opositor.

En agosto, un grupo de hombres vestidos de civil, que se identificaron como miembros del cuerpo de detectives de la policía, se llevaron del domicilio de Mominul Islam Jishan a éste y a 5 líderes más de la rama estudiantil del principal partido de la oposición. Los 6 hombres permanecieron durante más de 24 horas en paradero desconocido, hasta que la policía comunicó a la prensa que se encontraban recluidos en aplicación de la Ley de Poderes Especiales y la Ley de Armas, ambas de carácter represivo.

Ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzadas

Odhikar calculaba que en 2023 se habían producido 24 ejecuciones extrajudiciales y 52 desapariciones forzadas, frente a las 31 ejecuciones extrajudiciales y las 21 desapariciones forzadas de 2022.

En mayo —cuando ya había pasado un mes desde su detención por la policía— fueron conducidos ante un tribunal de Dacca el profesor de madrasa Ikramul Haque, su esposa, Anika Faria, y su hijo de seis meses, en un procedimiento antiterrorista. Sus familiares aseguraron a los medios de comunicación que durante todo ese tiempo habían permanecido en paradero desconocido. La policía negó la denuncia de desaparición forzada y acusó a la pareja de realizar labores de reclutamiento para el proscrito grupo radical Ansar al Islam (Seguidores del Islam).

Tortura y otros malos tratos

Bangladesh no presentó su informe ante el Comité de la ONU contra la Tortura en agosto, como estaba previsto.

Los medios de comunicación siguieron informando sobre muertes bajo custodia con una frecuencia alarmante. Odhikar calculaba que durante los 9 primeros meses del año se habían producido al menos 94 muertes bajo custodia en las cárceles. Las autoridades no garantizaron investigaciones inmediatas, efectivas, imparciales e independientes sobre ese tipo de muertes.

En marzo, Sultana Jasmine, empleada del gobierno recluida en aplicación de la Ley de Seguridad Digital, murió bajo custodia a causa de una hemorragia interna en la cabeza. Tras haber detectado incoherencias en el informe oficial de la autopsia, el Tribunal Supremo ordenó la constitución de una comisión de investigación. El caso continuaba pendiente de resolución.

En junio, el agricultor Ekramul Hossain murió bajo custodia policial tras haber sido detenido por cargos de drogas, pese a que no se encontraron drogas en su poder. Sus familiares afirmaron que la policía lo había torturado bajo custodia porque no habían podido pagar el soborno que les exigían. La policía lo negó y afirmó que Ekramul Hossain “había tropezado y se había caído” cuando intentaba huir.

En julio, un tribunal del distrito de Natore, en el noroeste del país, ordenó al superintendente de policía procesar a 5 agentes a quienes se acusaba de haber torturado a 3 hombres para conseguir su confesión en un caso de robo. El superintendente negó la acusación de tortura, y afirmó que los 3 hombres “se habían caído y se habían hecho daño” cuando intentaban huir de la policía. Posteriormente, un tribunal superior suspendió la investigación, y, 10 días después, la policía de Natore condecoró como “policías del mes” a 2 de los agentes acusados de tortura.

Derechos laborales

En abril se cumplieron 10 años del desplome del Rana Plaza, en el que habían muerto más de 1.100 personas que trabajaban en el sector de la confección y habían resultado heridas varios miles más. Pese a las reformas que se llevaron a cabo posteriormente, la seguridad en el trabajo siguió siendo un sueño lejano para gran parte de la población activa. La Asociación para la Seguridad y los Derechos calculaba que en 2023 habían muerto al menos 875 trabajadores en 712 accidentes laborales, lo que representaba un incremento con respecto a las 712 muertes registradas en 2022.

En junio, un grupo de hombres armados propinaron una paliza mortal al presidente de la Federación de Trabajadores Industriales y de la Confección de Bangladesh a las puertas de una fábrica, donde la víctima estaba interviniendo en defensa de los trabajadores en un conflicto sobre el impago de salarios.

Entre octubre y noviembre, el empleo de fuerza letal por parte de agentes encargados de hacer cumplir la ley provocó como mínimo la muerte de tres personas empleadas en el sector de la confección que participaban en actos de protesta en torno a su salario mínimo nacional. Los trabajadores y trabajadoras de la confección pedían que su salario mensual aumentara de 8.000 takas (74 dólares estadounidenses) a un mínimo de 23.000 takas (212 dólares estadounidenses). Sin embargo, en noviembre el gobierno anunció que el salario mínimo aumentaría sólo hasta 12.500 takas (114 dólares estadounidenses).

En noviembre, el gobierno reformó la legislación laboral para prolongar el permiso por maternidad de 112 a 120 días, así como para reducir el número de firmas de trabajadores necesarias para la constitución de sindicatos. Los grupos de derechos laborales exigieron la retirada del Parlamento del proyecto de Ley sobre Servicios Esenciales, que ilegalizaba las huelgas colectivas —y, por tanto, las protestas— del personal de cualquier sector que el gobierno considerara “esencial”.

Las autoridades instrumentalizaron la legislación laboral para procesar penalmente al premio nobel Mohammad Yunus, de 83 años, y a 3 de sus compañeros de Grameen Telecom, esgrimiendo el incumplimiento de la Ley del Trabajo de 2006. El juicio —aún en curso— avanzó a una velocidad sorprendente, y no era sino una de las más de 150 causas presentadas contra Mohammad Yunus desde la llegada al poder en 2008 de la Liga Awami, cuya primera ministra, Sheij Hasina, lo había denigrado públicamente en numerosas ocasiones.⁸

Derechos de las personas refugiadas y migrantes

Por sexto año consecutivo, Bangladesh continuó albergando en campos en precarias condiciones a más de un millón de personas rohinyás refugiadas.

En marzo, un devastador incendio destruyó unos 2.000 refugios y dejó sin techo a unas 12.000 personas rohinyás refugiadas.⁹ En mayo, el ciclón Mocha, agravado por el cambio climático, destruyó infraestructuras y viviendas de los campos. En junio, la ONU anunció que, debido a un grave déficit de financiación, el Programa Mundial de Alimentos se veía obligado a reducir aún más —de 12 a 8 dólares estadounidenses— el valor de las raciones mensuales de la población refugiada. En vista de su nefasta situación, decenas de miles de rohinyás iniciaron una protesta días más tarde y exigieron su repatriación a Myanmar.

El relator especial de la ONU sobre la situación de los derechos humanos en Myanmar instó a Bangladesh a suspender su proyecto piloto de repatriación, dado que el regreso a ese país continuaba entrañando riesgos para las personas refugiadas.

En julio, un fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI) visitó los campos para recoger testimonios de personas refugiadas con los que contribuir a la investigación abierta por la CPI contra el ejército de Myanmar por genocidio. Mohammad Ebadullah, subencargado de un campo, murió apuñalado cuando estaba reuniendo a personas refugiadas para que aportaran su testimonio, justo antes de que llegara el fiscal. Al día siguiente de la visita, otras seis personas refugiadas fueron víctimas de homicidio. El fiscal de la CPI aseguró a la prensa que estos homicidios no guardaban relación con la investigación de la Corte, pero subrayó el deterioro que estaba sufriendo la situación de seguridad en los campos.

Como nota positiva, UNICEF comunicó en julio que, para el curso escolar 2023/24, se había alcanzado la cifra sin precedentes de 300.000 matriculaciones de niños y niñas rohinyás refugiados.