Arabia Saudí

Información extraída de nuestro informe "La situación de los derechos humamos en el mundo", abril 2024.

Las autoridades persiguieron a personas por ejercer pacíficamente su derecho a la libertad de expresión o asociación; algunas fueron condenadas a largas penas de prisión o a muerte tras juicios manifiestamente injustos. Se siguió sometiendo a defensores y defensoras de los derechos humanos a reclusión arbitraria o a la prohibición de viajar tras haber quedado en libertad condicional. Los tribunales impusieron condenas a muerte tras juicios manifiestamente injustos, incluso a personas que eran menores de edad en el momento del presunto delito, y se llevaron a cabo ejecuciones por una gran variedad de delitos. Se cometieron graves abusos contra los derechos humanos de personas migrantes, como homicidios en la frontera con Yemen y situaciones que podían equivaler a trata de seres humanos con fines de explotación laboral. Miles de personas fueron devueltas involuntariamente a su país de origen en el marco de las medidas enérgicas aplicadas contra migrantes sin documentación en todo el país. Las mujeres seguían estando discriminadas en la ley y en la práctica.

Información general

Arabia Saudí y la UE celebraron su tercer diálogo sobre derechos humanos en Bruselas (Bélgica), el 28 de noviembre. La UE expresó preocupación por la persistencia de la pena de muerte en Arabia Saudí, incluso por delitos de drogas y de consecuencias no letales, así como por las largas penas de prisión impuestas a causa de actividades en las redes sociales.

La coalición dirigida por Arabia Saudí en el largo conflicto armado de Yemen siguió implicada en crímenes de guerra y otras violaciones graves del derecho internacional (véase el apartado sobre Yemen).

Libertad de expresión

El Tribunal Penal Especializado, creado para juzgar delitos de terrorismo, declaró culpables e impuso largas penas de prisión a varias personas en juicios manifiestamente injustos, por el mero hecho de ejercer su derecho a la libertad de asociación y expresión, incluso si lo habían hecho en línea a través de X (antes Twitter).

Juicios injustos

Las autoridades continuaron manteniendo recluidas arbitrariamente a personas sin darles oportunidad alguna de impugnar la legalidad de su detención y, en muchos casos, les impusieron largas penas de prisión o pena de muerte por cargos imprecisos y genéricos que tipificaban la oposición pacífica como delito de “terrorismo”, violando su derecho a un juicio justo.

En enero, el Tribunal Penal Especializado volvió a condenar a Salma al Shehab, doctoranda de la universidad británica de Leeds y madre de dos hijos, a 27 años de prisión seguidos de la prohibición de viajar durante otros 27. El Tribunal Supremo, con sede en la capital, Riad, había remitido su condena de 34 años de prisión a la sala de apelaciones del Tribunal Penal Especializado, el cual confirmó las sentencias dictadas contra ella por delitos de terrorismo tales como “apoyar a quienes intentan alterar el orden público [y] desestabilizar la seguridad y la estabilidad del Estado” y publicar tuits que “alteran el orden público [y] desestabilizan la seguridad de la sociedad y la estabilidad del Estado”. Los cargos se debían a unos comentarios que Salma al Shehab había publicado en X en defensa de los derechos de las mujeres.¹

En mayo, el Tribunal Supremo confirmó la condena a 10 años de prisión del médico egipcio Sabry Shalaby.² En agosto de 2022, tras un juicio manifiestamente injusto, el Tribunal Penal Especializado lo había declarado culpable de apoyar y unirse a la Hermandad Musulmana, organización clasificada como terrorista en Arabia Saudí. Sabry Shalaby permaneció recluido en régimen de aislamiento durante los 10 primeros meses de su detención, 3 de los cuales estuvo además incomunicado. Durante el periodo en que estuvo recluido, pidió en repetidas ocasiones ver a un neurólogo por complicaciones de salud derivadas de una operación de médula espinal, pero sus solicitudes fueron rechazadas. Además, no recibió la atención adecuada para el asma y las cataratas que padecía como consecuencia de problemas de salud subyacentes.

El juicio del clérigo Salman Alodah continuó ante el Tribunal Penal Especializado en su quinto año. Se enfrentaba a 37 cargos, entre ellos el de afiliación a la Hermandad Musulmana y otros relacionados con sus llamamientos a la reforma del gobierno y al “cambio de régimen” en la región árabe.

Defensores y defensoras de los derechos humanos

Se siguió sometiendo a reclusión arbitraria a defensores y defensoras de los derechos humanos, incluso tras la expiración de sus penas de prisión, así como a la prohibición judicial de viajar.

Mohammed al Qahtani, miembro fundador de la Asociación Saudí de Derechos Civiles y Políticos, seguía en situación de desaparición forzada; su pena de prisión había expirado en noviembre de 2022.³

La destacada defensora de los derechos humanos Loujain al Hathloul, que había sido puesta en libertad en febrero de 2021 tras cumplir dos años y medio en prisión, siguió sometida a una prohibición de viajar.

Pena de muerte

Los tribunales impusieron y confirmaron condenas a muerte por una gran variedad de delitos, incluso en casos de personas que eran menores de 18 años en el momento de su comisión. A lo largo del año, las autoridades llevaron a cabo ejecuciones por una amplia variedad de delitos.

El 12 de marzo fue ejecutado Hussein Abo al Kheir, ciudadano jordano y padre de ocho hijos, que había sido condenado a muerte por contrabando de drogas tras un juicio manifiestamente injusto. Durante su detención preventiva estuvo incomunicado, se le negó el acceso a representación letrada y fue torturado para obligarlo a hacer una “confesión”. Tras la ejecución, las autoridades no devolvieron el cadáver a su familia.⁴

En mayo, la Comisión de Derechos Humanos de Arabia Saudí confirmó en una carta dirigida a Amnistía Internacional que se había “abolido completamente la aplicación de la pena de muerte a menores de edad en el caso de los delitos tazir”, es decir, aquellos en los que la ley islámica no obligaba a imponerla. A pesar de tales garantías, al menos siete personas condenadas por delitos cometidos cuando eran menores de edad seguían en peligro inminente de ejecución, entre ellas Abdullah al Derazi y Jalal Labbad. El Tribunal Supremo confirmó en 2023 sus condenas a muerte sin informar a sus familiares ni a sus abogados.⁵

En julio, el Tribunal Penal Especializado condenó a muerte al profesor jubilado Mohammad bin Nasser al Ghamdi, de 54 años, únicamente por su actividad pacífica en línea en X y YouTube.⁶ Fue declarado culpable en virtud de los artículos 30, 34, 43 y 44 de la ley antiterrorista de Arabia Saudí por delitos como “renunciar a la lealtad a los custodios del Estado”, “apoyar una ideología terrorista y a una entidad terrorista [la Hermandad Musulmana]”, “usar sus cuentas en Twitter y YouTube para seguir y promover a personas que tratan de desestabilizar el orden público” y “simpatizar con personas detenidas por cargos de terrorismo”. En el acta formal de acusación se mencionaban varios tuits utilizados para condenarlo, entre ellos publicaciones en las que criticaba al rey y al príncipe heredero de Arabia Saudí y su política exterior, pedía la liberación de clérigos detenidos y protestaba por el aumento de los precios. No estaba acusado de ningún delito violento.

Derechos de las personas migrantes

Las autoridades continuaron aplicando medidas enérgicas, como detenciones arbitrarias y expulsiones, contra las personas acusadas de infringir la normativa de residencia, fronteras y trabajo, debido únicamente a su situación migratoria irregular.

Según el Ministerio del Interior, entre enero y diciembre, fueron devueltas a su país de origen al menos 468.000 de las más de 777.000 personas detenidas por infringir la normativa sobre “seguridad laboral, de residencia y de fronteras”. En el mismo periodo, más de 40.000 personas, la mayoría de ellas de nacionalidad etíope y yemení, fueron detenidas por cruzar la frontera de Yemen para entrar en Arabia Saudí de forma irregular.

Decenas de migrantes nepalíes contratados para trabajar en almacenes de Amazon fueron objeto de graves abusos contra los derechos humanos, incluidas situaciones que podían equivaler a trata de seres humanos con fines de explotación laboral. Los trabajadores eran engañados por agencias de contratación de Arabia Saudí sobre la naturaleza de su empleador y las condiciones del empleo antes de abandonar su país de origen. Además, estaban sujetos a subcontratistas que les retenían el salario y tenían alojamientos totalmente inadecuados. Algunos sufrían agresiones físicas e insultos o eran amenazados con tal trato, sobre todo cuando planteaban quejas sobre sus condiciones de vida y de trabajo. Una vez que estos trabajadores dejaban de ser destinados a Amazon, los subcontratistas no solían buscarles otro empleo y dejaban de pagarles el salario contractual cuando se quedaban “desempleados”. Además, los contratistas les prestaban un apoyo muy limitado o nulo y no les entregaban los documentos necesarios para cambiar de trabajo o salir del país, restringiendo así su libertad de circulación y movilidad laboral.⁷

A lo largo del año, los guardias fronterizos saudíes mataron a migrantes y solicitantes de asilo etíopes que intentaban entrar en Arabia Saudí a través de la frontera con Yemen. Human Rights Watch documentó cómo los guardias habían utilizado armas explosivas contra personas migrantes y disparado a quemarropa contra algunas de ellas, incluidos niños y niñas, llegando a matar al menos a centenares entre marzo de 2022 y junio de 2023.

Derechos de las mujeres y de las niñas

Las mujeres continuaban siendo objeto de discriminación, en la ley y en la práctica, en cuestiones como el matrimonio, el divorcio, la custodia de los hijos e hijas y la herencia. Según la Ley del Estatuto Personal saudí, el padre era el tutor de los hijos e hijas por defecto. Aunque a la madre se le otorgaba automáticamente la custodia en caso de separación, él era designado el tutor legal sin tener debidamente en cuenta el interés superior del niño o niña.

En febrero, un tribunal de apelación anuló una sentencia por la que se había concedido a la ciudadana estadounidense Carly Morris la custodia de su hija. Para ello aplicó el artículo 128 de la Ley del Estatuto Personal, que establecía que la persona que tenía la custodia la perdía si se trasladaba a residir a otro lugar donde no se tuvieran en cuenta los intereses del menor. A Carly Morris no le habían notificado las sesiones del tribunal, que se celebraron en su ausencia, y desde entonces su exmarido no le permitía comunicarse con la niña.

En mayo, la instructora saudí de gimnasia de mantenimiento Manahel al Otaibi fue acusada de “difamar al reino dentro y fuera del país, llamar a la rebelión contra el orden público y las tradiciones y costumbres de la sociedad y desafiar al poder judicial y a su justicia” por contravenir las costumbres y tradiciones saudíes en las redes sociales con actos como defender una vestimenta liberal para las mujeres, aparecer en las redes sociales con ropa considerada indecente por las autoridades y pedir la abolición de las leyes de tutela masculina.

Derecho a un medioambiente saludable

Arabia Saudí, gran productor de combustibles fósiles, también se mantuvo entre los 10 mayores emisores de CO2 per cápita del mundo.

En julio, el diario Financial Times informó de que Arabia Saudí había bloqueado una iniciativa del G20 que pretendía reducir el uso de combustibles fósiles.

En 2023, la empresa estatal saudí Aramco produjo de media más de 12 millones de barriles de petróleo al día. Su objetivo era aumentar esta producción en cerca de un millón de barriles diarios para 2027 y aumentar su producción de gas natural en un 50% para 2030. Se calculaba que el petróleo y el gas producidos por Aramco habían sido responsables de más del 4% de las emisiones mundiales de gases de efecto invernadero desde 1965 y, según un estudio, en 2018 representaron alrededor del 4,8% de todas las emisiones mundiales de gases de efecto invernadero, la mayor proporción de todas las empresas de petróleo y gas.