Los Estados –incluidos Estados Unidos y Reino Unido– deben dejar inmediatamente de suministrar armas que podrían ser utilizadas en el conflicto de Yemen, ha dicho Amnistía Internacional al confirmarse que en el bombardeo aéreo del 15 de agosto contra un hospital de Médicos Sin Fronteras, en el que murieron 11 personas y resultaron heridas otras 19, se utilizó una bomba de fabricación estadounidense.
Según expertos en armas independientes consultados por la organización, que dieron su opinión sobre las fotos de la aleta de una bomba tomadas por un periodista en el lugar del bombardeo, en el ataque se utilizó una bomba guiada de precisión serie Paveway de fabricación estadounidense. “Cualquier ataque contra una instalación médica en una zona de guerra es una afrenta a la humanidad, pero lamentablemente este bombardeo es sólo el último de una terrible serie de ataques perpetrados por la coalición dirigida por Arabia Saudí contra hospitales y clínicas”, ha dicho Philip Luther, director de Investigación y Trabajo de Incidencia para Oriente Medio y el Norte de África de Amnistía Internacional.
“Es indignante que los Estados hayan seguido suministrando armas a la coalición dirigida por Arabia Saudí, incluidas bombas aéreas guiadas y de propósito general y aviones de combate, a pesar de haber claros indicios de que tales armas se están utilizando para atacar hospitales y otros bienes civiles y para cometer otras violaciones graves del derecho internacional humanitario.
“Este ataque pone de relieve, una vez más, la urgente necesidad de que se imponga un embargo integral contra todas las armas que podrían ser utilizadas por cualquiera de las partes enfrentadas en Yemen y de que se lleve a cabo una investigación internacional para poner en manos de la justicia a los responsables de ataques ilícitos.” “Era el único hospital que teníamos [...] Fue apocalíptico, un infierno”. Un celador del hospital observa el cráter ocasionado por el impacto, a menos de un metro de la pared de la zona de urgencias del Hospital Rural de Abs. El bombardeo del Hospital Rural de Abs fue el cuarto ataque perpetrado contra un centro de MSF en Yemen en 10 meses e hizo que MSF suspendiera sus operaciones en el norte de Yemen. En el hospital habían sido atendidos 4.611 pacientes desde que MSF comenzara a apoyarlo, en julio de 2015.
El objetivo militar más cercano en el momento del ataque, el campamento militar de Abs, está situado aproximadamente a un kilómetro del hospital. Según MSF, las coordenadas GPS del hospital habían sido facilitadas reiteradamente a todas las partes implicadas en el conflicto, incluida la coalición dirigida por Arabia Saudí.
Entre los fallecidos en el ataque se encontraba el conductor de ambulancia Ayman Issa Bakri, de 16 años. Cuando fue hallado sin vida aún sostenía el cuerpo de la mujer que estaba sacando de la ambulancia.
“Cuando encontraron a Ayman, seguía sosteniendo a la paciente en sus brazos. Estaba carbonizado. Mi vida nunca volverá a ser igual.” Essa Bakri, padre del joven conductor de ambulancias de MSF que murió en el ataque. “Los ataques deliberados contra hospitales y centros médicos son graves violaciones de las leyes de la guerra y nunca pueden justificarse. Los hospitales, que gozan de protección especial en virtud del derecho internacional humanitario, deben ser lugares seguros de tratamiento y recuperación”, ha dicho Philip Luther.
“Los Estados que suministran armas a la coalición, entre los que destacan Estados Unidos y Reino Unido, deben utilizar su influencia para presionar a los miembros de la coalición para que cumplan sus obligaciones internacionales e investiguen las presuntas violaciones del derecho internacional humanitario. También deben apoyar la apertura de una investigación internacional independiente.”
Información complementaria
Desde febrero de 2016, Amnistía Internacional viene instando a todos los Estados a que garanticen que no suministran, directa ni indirectamente, a ninguna de las partes en el conflicto de Yemen armas, municiones, material militar ni tecnología que se utilicen en el conflicto, hasta que pongan fin a las violaciones graves del derecho internacional de los derechos humanos y humanitario, y a que apoyen la realización de investigaciones independientes e imparciales sobre las denuncias de comisión de tales violaciones por todas las partes.
En noviembre de 2015, el Departamento de Estado de Estados Unidos aprobó una transferencia de armas por valor de 1.290 millones de dólares a Arabia Saudí que incluía la transferencia de bombas de propósito general de la serie Mark/ MK89, a pesar de que Amnistía Internacional ha documentado su uso en ataques aéreos ilícitos que han ocasionado la muerte de gran número de civiles.
