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Unión Europea: El debate sobre Hungría debe mantener la presión sobre gobierno represivo

Con motivo de un debate del Parlamento Europeo sobre la situación del Estado de derecho y los derechos fundamentales en Hungría, Dávid Vig, director de Amnistía Internacional Hungría, ha declarado:

“La erosión de los derechos fundamentales en Hungría, incluida la represión de las voces disidentes, continúa con rapidez.

“El pasado mes de noviembre, 476 medios de comunicación se fusionaron en un único grupo mediático gigantesco progubernamental. Mientras tanto, un nuevo sistema de tribunales administrativos —bajo la gran influencia del ministro de Justicia— permitirá que los políticos interfieran en el poder judicial y menoscaben su independencia.

“Los y las miembros del Parlamento Europeo mostraron su apoyo al pueblo húngaro cuando activaron los procedimientos previstos en el artículo 7 en septiembre y pidieron al gobierno que cumpliera los principios fundacionales de la Unión Europea de justicia y derechos humanos.

“Ahora contamos con los Estados miembros europeos para garantizar que el gobierno húngaro no puede seguir menoscabando el Estado de derecho y los derechos fundamentales con impunidad. La Presidencia rumana del Consejo de la UE debe presentar un plan claro para que los Estados miembros defiendan estos principios fundacionales”.

La celebración del debate está prevista para justo después de las 15.30 horas del miércoles 30 de enero de 2019.

Información complementaria

El 12 de septiembre de 2018, el deterioro de la situación de los derechos humanos en Hungría hizo que el Parlamento Europeo adoptase un informe que activó los procedimientos previstos en el artículo 7.1 del Tratado de la Unión Europea.

El informe establecía la necesidad de poner en marcha lo previsto en dicho artículo debido al “claro riesgo de una infracción grave” de los principios fundacionales de la UE por parte de Hungría. Esto se basó en serios motivos de preocupación relativos al funcionamiento del sistema constitucional, la independencia del poder judicial, la libertad de expresión, la libertad de asociación, el derecho a la igualdad de trato, los derechos de las personas pertenecientes a minorías (romaníes y judías incluidas), los derechos fundamentales de las personas migrantes, solicitantes de asilo y refugiadas, y otros.

Tras su adopción por el Parlamento Europeo, el informe está ahora en el programa de trabajo del Consejo para ser debatido por éste.