Una nueva investigación trae esperanzas a las víctimas de crímenes de guerra

Tanto el bando israelí como el palestino deben cooperar plenamente con la misión de investigación de la ONU que indagará los posibles crímenes de guerra y violaciones del derecho internacional cometidos durante el reciente conflicto de Gaza y el sur de Israel. Así lo ha manifestado Amnistía Internacional hoy, 7 de abril. “Las víctimas de este brutal conflicto tienen derecho a la justicia y la reparación. Para poner fin al círculo de violencia e impunidad tan largamente arraigado, los responsables de estos actos en ambos bandos deben rendir cuentas”, ha manifestado Malcolm Smart, director del Programa de Amnistía Internacional para Oriente Medio y el Norte de África. “Ni Israel ni los palestinos deben poner excusas a la hora de cooperar plenamente en la investigación.” Tanto el recién designado director de la misión de investigación, el juez Richard J. Goldstone, como el presidente del Consejo de Derechos Humanos han reconocido recientemente que la misión sólo podrá cumplir de forma creíble con su mandato si examina también las violaciones del derecho internacional cometidas por los grupos armados palestinos. “Al reconocer expresamente la necesidad de investigar las presuntas violaciones cometidas por todas las partes del conflicto, Richard Goldstone y el presidente del Consejo de Derechos Humanos han subrayado la independencia de la misión y han aumentado considerablemente su credibilidad”, ha manifestado Malcolm Smart. “Sólo una investigación autorizada, independiente e imparcial sobre las denuncias de crímenes de guerra y otras violaciones del derecho internacional cometidos por todas las partes del conflicto podrá poner fin al círculo de impunidad y contribuir a la paz y la seguridad en Oriente Medio”, ha manifestado Malcolm Smart. “Las víctimas se han visto tristemente abandonadas por la falta de medidas concretas por parte del Consejo de Seguridad de la ONU para establecer la debida rendición de cuentas por las graves violaciones del derecho internacional –incluidos crímenes de guerra– cometidas por ambos bandos durante el conflicto.” Ya que no ha establecido una investigación él mismo, el Consejo de Seguridad de la ONU debe ahora insistir en que todas las partes cooperen plenamente con la misión internacional de investigación. Así lo ha manifestado Amnistía Internacional, y ha añadido que no se debe permitir que ninguna de las partes mine la investigación. Además, la organización ha declarado que el secretario general de la ONU, Ban Ki-Moon, debe garantizar que el informe de la junta de investigación que examina los ataques israelíes contra instalaciones y personal de la ONU en Gaza –cuya entrega está prevista para hoy– se transmite sin demora al Consejo de Seguridad, y que sus conclusiones y recomendaciones se hacen públicas. La junta de investigación de la ONU fue establecida por el secretario general de la ONU el 12 de febrero de 2009, con el mandato limitado de investigar los ataques contra edificios y personal de la ONU en Gaza. La misión independiente de investigación, cuyos miembros ya han sido designados, fue establecida por el Consejo de Derechos Humanos en su noveno periodo especial de sesiones del 12 de enero de 2009. Su mandato consiste en investigar las presuntas violaciones del derecho internacional cometidas por las fuerzas israelíes, pero no menciona las cometidas por la otra parte del conflicto. Información complementaria
Durante la campaña militar israelí “Plomo Fundido”, del 27 de diciembre de 2008 al 18 de enero de 2009, las fuerzas israelíes mataron a más de 1.400 palestinos, entre ellos 300 niños y niñas y centenares de civiles desarmados, e hirieron a unos 5.000, muchos de los cuales quedaron mutilados de por vida. Las fuerzas israelíes destruyeron miles de casas y gran parte de la infraestructura económica de Gaza. Las víctimas que sufrieron quemaduras por el fósforo blanco disparado por las fuerzas israelíes contra zonas residenciales aún siguen muriendo. La última en morir, esta misma semana, fue Ghada Abu Halima, quemada por fósforo blanco el 4 de enero en su casa del norte de la Franja de Gaza, en un ataque en el que murieron también su suegro y cuatro niños de la familia, y varios familiares más resultaron heridos. En ese mismo periodo, Hamás y otros grupos armados palestinos lanzaron una batería de cohetes indiscriminados contra ciudades y pueblos del sur de Israel: mataron a tres civiles israelíes, hirieron a decenas más y destruyeron o dañaron varias casas. El mes pasado, unos soldados israelíes que habían participado en la operación “Plomo Fundido” revelaron que algunos de sus compañeros habían matado deliberadamente o por imprudencia a civiles palestinos desarmados y habían destruido innecesariamente bienes. Estas denuncias fueron rechazadas rápidamente por el fiscal general militar israelí tras una investigación aparentemente superficial, mientras las investigaciones en curso llevadas a cabo por Amnistía Internacional y por grupos israelíes y palestinos de derechos humanos desvelaban indicios de que tanto las fuerzas israelíes como los grupos armados palestinos habían cometido graves violaciones del derecho internacional, incluidos posibles crímenes de guerra. Entre otras cosas, había indicios de ataques directos, indiscriminados y desproporcionados contra personas y bienes civiles, ataques contra personal médico y denegación del acceso a asistencia médica para los heridos, uso de armas indiscriminadas –como el fósforo blanco o la artillería– en zonas civiles densamente pobladas, uso de escudos humanos y destrucción innecesaria de bienes.