Una nueva detención pone en evidencia que continúa el acoso a los activistas
Taher Belabès fue detenido en la ciudad meridional de Ouargla el 2 de enero, cuando la policía dispersó una protesta que, según informes, se estaba desarrollando de forma pacífica y en la que se pedían puestos de trabajo y la marcha de los funcionarios locales encargados de abordar el desempleo.
Aunque en Argelia es habitual que los manifestantes pasen unas horas detenidos antes de quedar en libertad, Belabès continúa recluido dos días desde su detención. Según han afirmado funcionarios, Belabès será acusado de “interrupción del tráfico” e “instigación a la celebración de una reunión”, delito punible con hasta cinco años de cárcel.
Cada vez es más frecuente que las autoridades presenten cargos de este tipo contra personas que ejercen su derecho legítimo a la reunión pacífica.
“Las autoridades no deben detener ni procesar a los manifestantes pacíficos”, ha manifestado Philip Luther, director del Programa de Amnistía Internacional para Oriente Medio y el norte de África. “Si se acusa a Taher Belabès de ‘instigación a la celebración de una reunión’, se confirmaría la creciente tendencia de acoso judicial a los activistas en Argelia.”
Belabès, coordinador del Comité Nacional para la Defensa de los Derechos de los Desempleados (CNDDC, por sus siglas en francés), ya había sido detenido en anteriores protestas de personas sin empleo, al igual que ha ocurrido con otros activistas de los derechos económicos y sociales; al menos cinco, incluido Abdelkader Kerba, del CNDDC, fueron acusados en 2012 de delitos relacionados con la “instigación a la celebración de una reunión”.
“Creemos que las autoridades argelinas recurren a estos cargos para intimidar a los activistas y manifestantes que hacen campaña contra la pobreza y el desempleo juvenil”, ha afirmado Luther.
“A pesar de que en 2011 se levantó el estado de excepción, las restricciones a la libertad de expresión y reunión siguen vigentes”.
Ouargla está en el sur de Argelia, una zona de gran riqueza petrolífera en la que operan varias empresas petroleras y en la que las personas jóvenes sin empleo se han movilizado para exigir trabajo.
Durante los últimos dos años, las manifestaciones contra la pobreza, el desempleo y la corrupción han aumentado en Argelia.
En 2011, Argelia levantó el estado de excepción, vigente durante 31 años, en un clima de manifestaciones en demanda de reformas en toda la región, pero el gobierno siguió prohibiendo las protestas en la capital, Argel, e introdujo nuevas leyes que imponían restricciones a los medios de comunicación y las ONG.
Grupos argelinos de la sociedad civil y activistas de los derechos humanos siguen recibiendo amenazas y sufriendo acoso por parte de las autoridades, y las leyes que restringen la libertad de reunión continúan vigentes.
Amnistía Internacional ha instado a las autoridades argelinas que revoquen o reformen la Ley núm. 91-19, Reguladora de las Reuniones Públicas y Manifestaciones, que exige que los organizadores soliciten autorización ocho días antes del acto.
El relator especial de la ONU sobre la libertad de opinión y expresión recomendó la modificación de la ley de modo que los organizadores de manifestaciones públicas tengan que notificar su celebración y no solicitar una autorización.
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