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Un año después del acuerdo migratorio entre Italia y Libia, es hora de que liberen a miles de personas atrapadas en condiciones de miseria

Refugiados retenidos en una comisaría en Trípoli © TAHA JAWASHI
Cuando está a punto de cumplirse el primer aniversario de la firma de un acuerdo entre Italia y Libia para adoptar medidas que impidieran a personas refugiadas y migrantes viajar hasta Europa, miles continúan atrapadas en abusivos campos de detención libios donde la tortura está muy extendida; así lo ha manifestado hoy Amnistía Internacional. “Hace un año, el gobierno italiano, apoyado por sus homólogos europeos, firmó un dudoso acuerdo con el gobierno libio que ha dejado a miles de personas atrapadas en condiciones de miseria. Esas personas tienen que soportar tortura, detención arbitraria, extorsión y unas condiciones de vida inimaginables en los centros de detención dirigidos por el gobierno libio”, ha afirmado Iverna McGowan, directora de la oficina de Amnistía Internacional ante las Instituciones Europeas. El memorándum de entendimiento firmado por los gobiernos de ambos países el 2 de febrero de 2017 establece que Italia colaborará con las fuerzas militares y de control de fronteras de Libia “para atajar la afluencia de inmigrantes ilegales”, y por tanto impide a las personas migrantes —así como a las refugiadas— llegar a Europa. La estrategia de Italia formaba parte de un enfoque general europeo; de hecho, al día siguiente fue refrendada por los dirigentes europeos en la Declaración de Malta. Desde entonces, el gobierno italiano y la UE han proporcionado a la guardia costera libia barcos, formación y otra clase de asistencia para patrullar las aguas y devolver automáticamente a los refugiados y migrantes que intentan desesperadamente llegar a Europa por mar. En 2017, la guardia costera libia interceptó a unas 20.000 personas y las devolvió a centros de detención de Libia, tristemente conocidos por sus condiciones de reclusión. “Europa necesita con urgencia que sus políticas migratorias se centren en la preocupación por la dignidad humana esencial. Aunque Italia haya ocupado el asiento del conductor, todos los gobiernos europeos que cooperan con Libia en materia de control de las fronteras tienen parte de responsabilidad en la práctica de recluir ilegalmente a refugiados y migrantes en centros donde se cometen abusos inconcebibles”, ha afirmado Iverna McGowan. En los últimos meses se han ampliado los programas de retorno voluntario asistido para personas migrantes atrapadas en Libia; 19.370 fueron devueltas a sus países de origen en 2017. Asimismo se han implementado con éxito varios proyectos piloto más modestos para el reasentamiento de varios cientos de refugiados en Francia e Italia. Liberar a las personas atrapadas en estos centros infames debe ser prioritario, pero la evacuación de migrantes a través del programa de retorno voluntario no puede verse como una solución sistémica. Debe haber transparencia total sobre si las personas que han retornado tienen acceso a los procedimientos adecuados y no sufren más abusos, y se deben implementar alternativas más duraderas, como expedir más visados para fines de reasentamiento y por razones humanitarias. “La terrible situación de las personas refugiadas y migrantes en Libia ha causado conmoción en todo el mundo. Los gobiernos europeos han reaccionado intentando aplicar una solución rápida mediante evacuaciones sin garantías de que las personas retornadas puedan rehacer sus vidas en condiciones seguras. Pedimos a los dirigentes europeos que se aseguren de aplicar esas garantías y que, con carácter prioritario, mejoren sus ofrecimientos de plazas de reasentamiento y de visados humanitarios para las personas que lo necesitan desesperadamente”, ha manifestado Iverna McGowan. Igualmente, la organización pide a los gobiernos europeos que trabajen con las autoridades libias para garantizar el fin de la política de detener arbitrariamente y por tiempo indefinido a las personas refugiadas y migrantes, así como el reconocimiento formal del ACNUR y su mandato íntegro.

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