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Un abogado de derechos humanos ha sido sometido a procedimiento disciplinario por sus opiniones políticas

Mustafa Kheder Osso ha asegurado que en Siria "Todos los activistas de derechos humanos corren peligro de ser objeto de medidas disciplinarias que pueden llegar a la prohibición del ejercicio de su profesión". © Particular

Londres.- Amnistía Internacional ha pedido al Colegio de Abogados de Siria que archive el procedimiento disciplinario iniciado contra el abogado de derechos humanos kurdo Mustafa Kheder Osso, que parece tener como objetivo sancionarlo por expresar sus opiniones políticas en una entrevista en televisión y por tomar parte en una protesta.


Según una decisión enviada al abogado el 18 de septiembre, de la cual Amnistía Internacional tiene copia, el caso Mustafa Osso ha sido remitido a un consejo disciplinario de la sección del Colegio de Abogados de Al Hasakah (localidad al norte de Siria), que celebrará su primera sesión el 2 de octubre.


En una carta enviada ayer a Nizar Skaf, presidente del Colegio de Abogados de Siria, Amnistía Internacional planteó su temor de que el procedimiento disciplinario emprendido contra Mustafa Osso se deba a la entrevista concedida por el abogado a Al Yazira, en la que puso en entredicho la legitimidad del presidente sirio y efectuó otras declaraciones que, según la decisión de remisión al consejo disciplinario, dañaban “la soberanía y la seriedad” del Estado, así como a su participación en una protesta celebrada el 26 de julio ante el edificio de los  juzgados de Al Hasakah para pedir la puesta en libertad de los presos políticos.


La sección del Colegio de Abogados de Al Hasakah consideró que ambas actividades violan la Ley del Ejercicio de la Abogacía Nº 30 de 2010 y el reglamento del Colegio de Abogados, ya que un abogado no debe efectuar ninguna declaración sin la previa aprobación de las autoridades pertinentes y debe ejercer su profesión a través de los cauces legales y siempre dentro del ámbito de sus deberes, que consisten en representar legalmente y defender a sus clientes ante los tribunales tras obtener su poder de representación.


Mustafa Osso, también presidente de la no autorizada Organización Kurda para la Defensa de los Derechos Humanos y las Libertades Públicas en Siria, considera que la decisión de remisión obedece a motivos políticos. “Esta decisión indica claramente el constante deterioro de la situación de los derechos humanos en Siria”, dijo el abogado a Amnistía Internacional el 20 de septiembre.


La preocupación de Amnistía Internacional respecto al caso de Mustafa Osso aumenta en vista del resultado de anteriores procesos disciplinarios entablados por el Colegio de Abogados contra otros abogados conocidos por su actividad de derechos humanos, en concreto Muhannad al Hassani, a quien en 2009 se le prohibió el ejercicio de la abogacía de por vida por motivos directamente relacionados con su trabajo legítimo y pacífico en favor de los derechos humanos.


“Todos los activistas de derechos humanos, especialmente los que trabajan en departamentos e instituciones oficiales y son miembros de asociaciones profesionales, corren peligro de ser objeto de medidas disciplinarias que pueden llegar a la prohibición del ejercicio de su profesión. Se trata de sanciones muy duras contra el activista y su familia, pues amenazan su fuente de ingresos y por ende su futuro”, ha dicho Mustafa Osso a Amnistía Internacional.


Amnistía Internacional insta al Colegio de Abogados de Siria que no tome medidas disciplinarias contra ningún abogado por ejercer sus derechos a la libertad de expresión, opinión o reunión. Si bien el Colegio de Abogados está facultado para tomar medidas disciplinarias contra aquellos de sus miembros cuya conducta profesional no se ajuste a los criterios establecidos, esto no debe interpretarse de forma que se sancione a los abogados por dedicarse a la defensa de los derechos humanos ni por ejercer estos derechos legítimamente.

Las libertades de expresión, asociación y reunión siguen gravemente restringidas en Siria a pesar de que el 21 de abril se decretó el levantamiento del estado de excepción que llevaba 48 años en vigor. Las autoridades sirias hasta ahora han respondido de la forma más brutal ante las protestas populares, en gran medida pacíficas, que piden reformas políticas.

 

Amnistía Internacional ha obtenido los nombres de más de 2.200 personas que, según los informes, han muerto en relación con las protestas desde mediados de marzo; se cree que muchas recibieron disparos realizados con munición real por las fuerzas de seguridad mientras participaban en manifestaciones pacíficas o asistían a funerales de personas muertas en protestas anteriores. Miles de personas más han sido detenidas, y muchas permanecen recluidas en régimen de incomunicación en lugares desconocidos en los que, según los informes, la tortura y otros malos tratos son la norma. Los defensores de los derechos humanos sirios encuentran cada vez más dificultades para actuar en este clima de represión. Varios de ellos han sido detenidos y otros se han tenido que ocultar para preservar su seguridad.