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Turquía: La ley de excarcelación de población reclusa expone a personas inocentes y vulnerables al coronavirus

Ante la aprobación de una nueva ley que previsiblemente permitirá la excarcelación anticipada de hasta 100.000 personas presas frente a la pandemia de coronavirus, COVID-1,9 pero no incluye a otras muchas que deberían tenerse en cuenta al aplicar la medida, Milena Buyum, responsable de campañas de Amnistía Internacional Turquía, ha manifestado:

Aunque todas las medidas encaminadas a reducir el hacinamiento crónico en las cárceles de Turquía son bienvenidas, es muy decepcionante que las decenas de miles de personas en reclusión preventiva —medida que sólo debería aplicarse cuando no existen alternativas a la custodia— no se consideren candidatas a la excarcelación.

Las personas declaradas culpables tras juicios injustos en aplicación de la legislación antiterrorista excesivamente amplia de Turquía ahora también están condenadas a afrontar la perspectiva de contraer esta enfermedad mortal.”

Las masificadas cárceles de Turquía son especialmente peligrosas para las personas presas en situación de riesgo, ya condenadas o en reclusión preventiva, debido a una grave falta de higiene. Las nuevas medidas no permiten excarcelar a varias categorías de personas presas: las que están en detención previa al juicio, es decir, que aún no han sido declaradas culpables de ningún delito; las personas condenadas en aplicación de una legislación antiterrorista excesivamente amplia, entre las que hay periodistas, profesionales del derecho y activistas de la política y de derechos humanos que están en prisión sólo por alzar su voz; e incluso las que corren mayor peligro, como personas presas de avanzada edad o con problemas de salud subyacentes, que han sido declaradas culpables en aplicación de la legislación antiterrorista.

Las enmiendas a la Ley de Ejecución de Sentencias y Medidas de Seguridad se aprobaron en el Parlamento el 13 de abril, cuando el ministro de Justicia anunció que 17 personas presas en cinco cárceles habían contraído COVID-19 y 3 internadas en prisiones de régimen abierto habían muerto.

El gobierno de Turquía debe hacer lo correcto y poner en libertad de inmediato a las personas que están encarceladas únicamente por expresar sus opiniones pacíficas”, ha dicho Milena Buyum.

“Asimismo, las autoridades deben considerar seriamente la posibilidad de liberar a todas las personas recluidas en espera de juicio, y también a las que corren especial peligro por su edad o problemas de salud subyacentes, con independencia de los cargos por los que estén recluidas o hayan sido condenadas.”

 Información complementaria

El conjunto de medidas judiciales, largamente esperado, se presentó finalmente al Parlamento de Turquía el 31 de marzo y la comisión de Justicia lo examinó durante los días 2 y 3 de abril sin que se acordaran enmiendas significativas que extendieran su ámbito de aplicación.

Las personas condenadas por delitos contra el Estado, asesinato, delitos sexuales y delitos relacionados con drogas verán sus condenas reducidas a la mitad, salvo que estén cumpliendo pena en aplicación de la legislación antiterrorista.

Las personas convictas de ciertas categorías se consideran aptas para quedar en libertad anticipada o ser puestas bajo arresto domiciliario, según su vulnerabilidad y la duración de la sentencia. Entre ellas están las que tienen más de 65 años, las mujeres con hijos de corta edad y las que padecen enfermedades graves.

Quienes estén cumpliendo su condena en una prisión de régimen abierto también podrán pasar a la modalidad de arresto domiciliario durante dos meses, con la posibilidad de prorrogarlo hasta dos periodos más de dos meses.

Varios organismos internacionales de derechos humanos han hecho un llamamiento a Turquía para que garantice la salida de prisión de las personas excluidas de las medidas; 27 ONG que defienden los derechos humanos y la libertad de expresión han emitido una declaración conjunta y decenas de miles de personas, en Turquía y otros lugares, han firmado una petición urgente al ministro de Justicia para que amplíe el alcance de las medidas propuestas.