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Turquía: Deben respetarse los derechos tras el fallido golpe de Estado

AP Photo/Petros Giannakouris

Turquía continúa recuperándose de una noche de violencia en la que se derrotó un intento de golpe de Estado de sectores de las fuerzas armadas del país. Según las autoridades, perdieron la vida 161 personas contrarias a la tentativa de golpe de Estado y más de 100 golpistas. A media tarde de hoy sábado, 2.839 militares habían sido detenidos como sospechosos de participación en el intento de golpe de Estado. La violencia se centró en la capital, Ankara, donde el edificio del Parlamento fue objeto de bombardeos aéreos, y en  la mayor ciudad de Turquía, Estambul. Se ha informado de muertes al hacer frente la ciudadanía a soldados armados.

Turquía tiene antecedentes de golpes de Estado militares que tuvieron consecuencias devastadoras para los derechos humanos. En Turquía no han desaparecido aún las cicatrices del último golpe de Estado militar, del 12 de septiembre de 1980. En los tres años de régimen militar represivo que siguieron se llevaron a cabo cientos de miles de detenciones arbitrarias, la tortura fue una práctica generalizada, se cometieron homicidios extrajudiciales y se consumaron 50 ejecuciones.

Las autoridades turcas han evitado la amenaza de que esa tragedia se repita. La tentativa de golpe de Estado se frustró en parte gracias a personas corrientes que salieron a la calle y se unieron para contrarrestar la amenaza del golpe. Deben investigarse de manera efectiva todas las circunstancias del intento de golpe de Estado y la violencia subsiguiente, y todos los responsables deben comparecer ante la justicia en juicios justos.

Algunas autoridades públicas y representantes del partido gobernante se han manifestado a favor de reinstaurar la pena de muerte, que fue un instrumento de anteriores gobernantes militares. Debe evitarse esta medida regresiva, al igual que la imposición de restricciones adicionales a la disidencia legítima.

Por el contrario, las autoridades turcas deben procurar fortalecer el respeto por el Estado de derecho y los derechos humanos, así como la independencia y la eficacia de instituciones, como el poder judicial, que son esenciales para protegerlos.