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Turquía: Los indicios de tortura hacen necesario el acceso de observadores internacionales a personas detenidas

© Getty Images.

Amnistía Internacional ha recopilado indicios fidedignos de que las personas detenidas en Turquía están siendo víctimas de palizas y tortura —incluida la violación— en centros de detención oficiales y no oficiales del país.

La organización pide que se permita el acceso inmediato de observadores independientes a todos los lugares donde hay personas detenidas —jefaturas de policía, instalaciones deportivas y juzgados— tras el intento de golpe. Desde el golpe fallido han sido detenidas más de 10.000 personas.

Amnistía Internacional tiene informes fidedignos de que en Ankara y Estambul la policía turca mantiene a las personas detenidas en posturas forzadas durante hasta 48 horas, negándoles comida, agua y tratamiento médico e insultándolas y amenazándolas. En los peores casos, algunas han sido sometidas a duras palizas y a tortura, incluida la violación.

“Los informes de abusos, incluidas palizas y violaciones bajo custodia, son sumamente alarmantes, sobre todo dada la magnitud de las detenciones que se han producido en la última semana. Los siniestros detalles que hemos documentado no son más que una instantánea de los abusos que podrían estarse produciendo en los lugares de detención”, ha dicho John Dalhuisen, director de Amnistía Internacional para Europa.

“Es totalmente imprescindible que las autoridades turcas pongan fin a estas abominables prácticas y permitan que observadores internacionales visiten a todas las personas detenidas allí donde se encuentran".

Las personas detenidas permanecen recluidas arbitrariamente, incluso en lugares no oficiales de detención. Se les ha negado el acceso a abogados y familiares y no se les ha informado adecuadamente de los cargos contra ellas, socavando su derecho a un juicio justo.

El sábado, el Gobierno turco publicó su primer decreto en virtud de los nuevos poderes de los que se dotó al declarar el estado de excepción. El decreto aumenta radicalmente el tiempo máximo de detención sin cargos, que pasa de cuatro a 30 días. Con este cambio se corre el peligro de que los detenidos queden expuestos a nuevas torturas y otros malos tratos. El decreto también dispone que los agentes estén presentes o incluso graben las entrevistas entre la persona que está en prisión preventiva —sometida a restricciones a la hora de elegir quién desea que la represente— y su abogado, lo cual deteriora aún más el derecho a un juicio con garantías.

 

Tortura y otros malos tratos

Amnistía Internacional habló sobre las condiciones en que estaban las personas detenidas con abogados, médicos y con una persona de servicio en un centro de detención.

Hasta la organización han llegado numerosos informes de personas detenidas en lugares no oficiales, como pabellones deportivos e incluso un establo. Algunas de estas personas, entre ellas al menos tres jueces, estaban recluidas en los pasillos de juzgados.

Todas las personas entrevistadas deseaban mantener el anonimato por motivos de seguridad. La organización oyó relatos extremadamente alarmantes sobre la tortura y otros malos tratos a detenidos, especialmente en el pabellón de deportes de la jefatura de policía de Ankara, el pabellón de deportes de Ankara y los establos del club hípico de la capital.

Según estos relatos, la policía mantenía a las personas detenidas en posturas forzadas, no les daba alimentos, agua ni tratamiento médico, las insultaba y las amenazaba, además de someterlas a palizas y tortura, incluidas violaciones y agresiones sexuales.

Dos abogados de Ankara que trabajan en favor de las personas detenidas dijeron a Amnistía Internacional que éstas cuentan haber presenciado cómo agentes de policía violaban a militares de alta graduación con porras o con los dedos.

Una persona de servicio en el pabellón de deportes de la jefatura de policía de Ankara vio a un detenido con graves heridas, entre ellas una gran inflamación en la cabeza, que indicaban que había sido golpeado. El detenido no podía mantenerse en pie ni enfocar la vista, y al final quedó inconsciente. Si bien en algunos casos a las personas detenidas se les concedió una limitada atención médica, a este detenido en concreto la policía se negó a permitirle acceder a tratamiento médico básico a pesar de las graves heridas que presentaba. El entrevistado oyó decir a un médico de la policía que estaba de servicio: “Deja que se muera y decimos que nos llegó muerto”.

Ese mismo entrevistado afirmó que en el pabellón de deportes de la jefatura de policía de Ankara había recluidos entre 650 y 800 soldados, y al menos 300 mostraban señales de haber sido golpeados. Algunos detenidos tenían hematomas visibles, cortes o huesos fracturados. Unos 40 estaban tan malheridos que no podían andar. Dos no podían mantenerse en pie. Una mujer, también detenida allí, en un lugar aparte, presentaba hematomas en la cara y el torso.

El entrevistado escuchó decir a los policías que ellos eran los responsables de las palizas y que golpeaban a los detenidos “para hacerlos hablar”.

En general, parece que el peor trato en detención estaba reservado a los militares de mayor graduación.

A muchas de las personas detenidas en los pabellones de deportes y en otras instalaciones les esposaron las manos a la espalda con abrazaderas de plástico y las obligaron a estar horas arrodilladas. Según dijeron las personas entrevistadas, las abrazaderas a menudo estaban demasiado apretadas y dejaban heridas en los brazos de los detenidos. En algunos casos, a las personas detenidas también las mantuvieron con los ojos vendados.

Los abogados contaban cómo los acusados comparecían ante los fiscales para ser interrogados con las camisas ensangrentadas.

Las personas a quienes Amnistía Internacional entrevistó contaron también que, según lo que les dijeran las personas detenidas, los agentes de policía las mantenían sin alimentos hasta tres días y sin agua hasta dos.

Una abogada que trabajaba en los juzgados de Caglayan de Estambul dijo que el estado de angustia de algunas de las personas detenidas que había visto allí era terrible. Un detenido había intentado arrojarse por la ventana desde un sexto piso y otro se golpeaba una y otra vez la cabeza contra la pared.

“A pesar de las estremecedoras imágenes y vídeos de tortura ampliamente difundidos por todo el país, el Gobierno ha mantenido un llamativo silencio sobre los abusos. No condenar los malos tratos o la tortura en estas circunstancias equivale a tolerarlos”, ha dicho John Dalhuisen.

 

Detención arbitraria y ausencia del debido proceso

Amnistía Internacional entrevistó a más de diez abogados en Ankara y Estambul que informaron sobre las condiciones en que estaban retenidos sus clientes. Algunos de los abogados representaban a hasta 18 personas detenidas. La inmensa mayoría de sus clientes eran militares de baja graduación, en muchos casos reclutas. Otros eran jueces, fiscales, policías y otros funcionarios públicos. La mayoría eran hombres y algunos sólo tenían 20 años.

Los relatos de los abogados, que exigieron permanecer en el anonimato, eran sorprendentemente similares.

Todos dijeron que, en la mayoría de los casos, la policía había mantenido recluidos sin cargos a los detenidos durante cuatro días o más. Con pocas excepciones, sus clientes habían pasado este periodo en régimen de incomunicación, sin poder informar a sus familiares de dónde estaban ni decirles lo que les sucedía.

Tampoco habían podido telefonear a un abogado y, en la mayoría de los casos, no habían visto a su abogado hasta poco antes de ser llevados ante el juez o de ser interrogados por los fiscales. Una abogada contó a Amnistía Internacional que, cuando por fin pudo entrevistarse con sus clientes “[Le] dieron los datos [de sus familias] para que las llamara. Las familias no sabían nada y se alegraron de saber que estaban vivos”.

Amnistía Internacional habló con un familiar de un militar de alta graduación detenido en Ankara, que afirmó que el detenido había podido hablar con sus familiares a través de su teléfono móvil el sábado 16 de julio antes de que el aparato le fuera confiscado por la policía, pero que la familia no tenía más información sobre su paradero ni sobre la suerte que había corrido desde entonces. Los familiares habían acudido varias veces a centros de detención de Ankara, donde les decían siempre que la persona que buscaban no estaba allí detenida. El detenido tampoco había tenido acceso a un abogado. Este trato equivale a desaparición forzada, que es en sí misma un delito en virtud del derecho internacional. Esta práctica sitúa a la persona detenida fuera de la protección de la ley y la aísla del mundo exterior, poniéndola en una situación en la que corre un elevado riesgo de tortura o incluso de ejecución extrajudicial.

Los abogados dijeron a Amnistía Internacional que en la mayoría de los casos ni ellos ni sus clientes habían sido informados de los cargos concretos, ni mediante un pliego de cargos ni una vez ante el tribunal, con la consiguiente dificultad para preparar su defensa. Los militares detenidos eran llevados a los tribunales en grupos de 20 o 25 personas. Un abogado afirmó que tratar de defender a su cliente en la situación actual era como “intentar buscar algo con la luz apagada”.

Sólo una de las personas detenidas representadas por los abogados que hablaron con Amnistía Internacional pudo elegir su propio abogado. Según el resto de las personas entrevistadas, no se permitía que los detenidos fueran representados por abogados privados, y a todos se les asignaban abogados de oficio del colegio de abogados. También era limitado el acceso de las personas detenidas a sus abogados. Los abogados dijeron a Amnistía Internacional que, tras las audiencias, no podían hablar con sus clientes, enviados a prisión preventiva.

 

“Se trata de graves violaciones del derecho a un juicio justo, consagrado tanto en las leyes nacionales turcas como en el derecho internacional”, ha declarado John Dalhuisen.

“Turquía está comprensiblemente preocupada por la seguridad pública en este momento, pero ninguna circunstancia puede justificar jamás la tortura y otros malos tratos ni la detención arbitraria. En este momento hay en Turquía un clima de conmoción y temor. El Gobierno debe conducir al país por el camino del respeto de la ley y los derechos, no dedicarse a las represalias".

La información proporcionada a Amnistía Internacional por los abogados reflejaba que muchas personas estaban detenidas arbitrariamente. En la inmensa mayoría de los casos, dijeron que no se había presentado contra sus clientes ninguna prueba que apoyara una sospecha razonable de conducta delictiva durante las audiencias de presentación de cargos, en las que tampoco se determinó que hubiera motivos razonables para mantenerlos detenidos en espera de juicio.

Los abogados explicaron que los jueces habían dictado prisión preventiva contra todos los militares detenidos que hubieran salido de sus cuarteles la noche del golpe, con independencia del motivo. Hubo un detenido al que el juez no le hizo ni una sola pregunta en la audiencia.

En ocasiones, los jueces hacían preguntas que carecían totalmente de relación con los sucesos del intento de golpe, y parecían pretender establecer cualquier vinculación con Fethullah Gülen o con instituciones afines a él.

Las autoridades acusan a Gülen de dirigir el intento de golpe, algo que él ha negado.

Los abogados explicaron que se dictaba prisión preventiva contra los detenidos incluso en casos en que no había peligro de fuga o de que falsificaran pruebas, como exige la ley.

“Detener a alguien en relación con una infracción penal sin demostrar que hay pruebas de actuación delictiva es, por definición, arbitrario e ilegal", señala John Dalhuisen. "Estas prácticas sumamente irregulares y al parecer sistemáticas deben ser investigadas".

Recomendaciones

Amnistía Internacional insta al Comité Europeo para la Prevención de la Tortura (CPT) a llevar a cabo una visita de urgencia a Turquía para vigilar las condiciones de detención en este país. Como miembro del Consejo de Europa, el Gobierno turco está obligado a cooperar con el CPT. El CPT es el único órgano independiente autorizado a llevar a cabo visitas específicas a todos los lugares de detención de Turquía cuando así lo decida.

La Institución Nacional de Derechos Humanos de Turquía, que tenía acceso a los centros de detención del país para vigilar las condiciones de detención en ellos, fue eliminada en abril de 2016, sin que ninguna otra institución del país continuara su mandato. En la actual situación, con miles de personas detenidas preventivamente durante largos periodos, en régimen de incomunicación y sin acceso a abogados ni familiares, en centros de detención no oficiales, y entre denuncias de tortura y otros malos tratos, es fundamental que se permita el acceso a observadores.

“Amnistía Internacional insta a las autoridades turcas a que cumplan sus obligaciones contraídas en virtud del derecho internacional de los derechos humanos y no utilicen indebidamente el estado de excepción pisoteando los derechos de las personas detenidas”, ha dicho John Dalhuisen.

“La prohibición de la tortura es absoluta, y nunca puede peligrar ni ser suspendida".

Amnistía Internacional insta a las autoridades turcas a que condenen la tortura y otros malos tratos en lugares de detención y tomen medidas concretas para combatirla y hacer rendir cuentas a sus perpetradores.

Las autoridades deben garantizar que la detención se notifica sin demora a los colegios de abogados y los familiares y que los abogados pueden acceder sin restricciones a sus clientes en todas las etapas de su detención.