Un tribunal de Turquía ha absuelto a cuatro hombres juzgados por su participación en una protesta para apoyar a un objetor de conciencia; para Amnistía Internacional, esta sentencia supone un triunfo para la libertad de expresión.
El jueves, el Tribunal de Eskişehir, ciudad del noroeste de Turquía, absolvió al defensor de los derechos humanos Halil Savda y a otros tres hombres del cargo de “distanciar a la opinión pública del servicio militar”, constitutivo de delito según el Código Penal de Turquía.
El proceso contra ellos comenzó en 2011 a raíz de su protesta un año antes a las puertas de la sede judicial donde se celebraba la vista contra un compañero objetor de conciencia, Enver Aydemir, en lo que llegó a conocerse como el caso de “todo el mundo nace bebé”, paráfrasis del eslogan militar del país “todo turco nace soldado”.
“Este fallo absolutorio debería demostrar que en Turquía todas las personas nacen con derechos, incluido el derecho a la libertad de expresión”, ha afirmado John Dalhuisen, director del Programa de Amnistía Internacional para Europa y Asia Central.
En su absolución de los acusados, el tribunal resolvió que sus protestas y eslóganes estaban protegidos por la Declaración Universal de Derechos Humanos, el Convenio Europeo de Derechos Humanos y la Constitución de Turquía, ya que no iban acompañados de violencia ni propugnaban su uso, y que una sociedad democrática debe permitir la libertad de expresión aunque moleste y escandalice.
Savda también fue absuelto el jueves en una causa parecida en la que era el único acusado.
El defensor de los derechos humanos empezó a cumplir una pena de 100 días de cárcel en febrero de 2012, después de que el Tribunal Supremo de Apelación confirmó una condena impuesta anteriormente en aplicación del mismo artículo. En abril se le concedió anticipadamente la libertad condicional debido a las enmiendas introducidas en la legislación sobre ejecución de las penas.
En la actualidad, Savda tiene pendiente otra condena parecida ante el Tribunal Supremo de Apelación.
Amnistía Internacional lleva varios años haciendo campaña para que las autoridades turcas pongan fin a sus procesos contra Savda y otras personas que se enfrentan a una condena en aplicación del artículo 318 del Código Penal, que penaliza el acto de “distanciar a la opinión pública del servicio militar”.
“Penalizar la libertad de expresión de los objetores de conciencia y de quienes simpatizan con ellos contraviene la obligación internacional de Turquía de respetar y hacer respetar la libertad de expresión, y seguimos pidiendo a las autoridades turcas la abolición definitiva del artículo 318”, ha afirmado Dalhuisen.
