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Trinidad Jiménez no debe desaprovechar la oportunidad de defender los derechos humanos en Rusia

Desde hace casi dos años, un grupo de manifestantes se congrega, o al menos lo intenta, en la Plaza de Triumfalnaya el día 31 de cada mes para llamar la atención sobre el artículo 31 de la Constitución rusa, que protege el derecho a la libertad de reunión. Autor Vokabre bajo licencia cc by-sa

Madrid.- Con motivo de la visita a Moscú que Trinidad Jiménez, ministra de Asuntos Exteriores y Cooperación, va a realizar los próximos días 16 y 17 de enero, Amnistía Internacional se ha dirigido a ella por escrito con el objetivo de expresarle su preocupación ante el estado de los derechos humanos en la Federación Rusa.


El Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero debe hacer efectivo su compromiso público en la defensa de los derechos humanos. Sin embargo, en demasiadas ocasiones rehuye plantearlos en beneficio de otros intereses, como sucedió hace una semana ante la visita a España del viceprimer ministro de China, Li Keqiang.


Amnistía Internacional considera que la ministra de Asuntos Exteriores tiene en su mano la oportunidad de rectificar el rumbo y transmitir a las autoridades rusas un mensaje contundente en materia de derechos humanos, en línea con las preocupaciones de diversas instancias europeas y coherente con los compromisos internacionales de la propia Federación Rusa.


Situación de los derechos humanos en Rusia


El año 2010 se cerró con un inquietante balance en materia de derechos humanos en Rusia, particularmente en relación a hostigamientos a la libertad de expresión, detenciones arbitrarias de defensores y defensoras de derechos humanos, amenazas y riesgo para periodistas y abogados, desapariciones forzadas y en algunos casos, asesinatos y desplazamiento interno.


Casos de impunidad


En julio se cumplió un año del asesinato de la periodista Natalia Estemirova, y el 7 de octubre hizo cuatro años de que fuera asesinada Anna Politovskaya, también periodista, sin que ninguno de los crímenes haya sido suficientemente esclarecido ni sus autores juzgados y condenados en un proceso con las debidas garantías.


A esta situación de impunidad se une la muerte en detención en agosto de 2008 de Magomed Evloev, propietario de un sitio web de la oposición en Ingusetia. Su muerte se calificó en un principio de acto de negligencia, pero finalmente un tribunal de Ingusetia resolvió que la detención había sido ilegal.


Restricciones arbitrarias al derecho de reunión y manifestación


A Amnistía Internacional también le preocupa el creciente número de casos de restricciones arbitrarias del derecho a la libertad de reunión. Es el caso del defensor León Ponomarev, detenido arbitrariamente en dos ocasiones por participar en una manifestación pacífica. Al igual que este caso, en agosto de 2010 fueron detenidos cinco activistas de Amnistía Internacional que ejercían su derecho a la manifestación pacífica en un concierto al que habían sido invitados. Estos hechos no son un caso aislado. El 12 de julio, Yuri Samodurovy y Andrei Yerofeev fueron declarados culpables de “incitación al odio y a la enemistad” por organizar una exposición de arte.


Estos no son los únicos casos que preocupan a Amnistía Internacional. Desde hace casi dos años, un grupo de manifestantes a favor de la libertad de reunión se congrega, o al menos lo intenta, en la Plaza de Triumfalnaya, en el centro de Moscú, el día 31 de cada mes para llamar la atención sobre el artículo 31 de la Constitución rusa, que protege el derecho a la libertad de reunión. Sin embargo, el pasado 31 de diciembre de 2010, fueron detenidos varios manifestantes que participan en esta iniciativa, denominada “Estrategia 31”. Los organizadores Eduard Limonov y Kirill Manulin fueron detenidos justo unas horas antes de celebrarse la manifestación. Posteriormente fueron detenidos el ex viceprimer ministro de Rusia Boris Nemtsov, así como los activistas de la oposición Lashin Llia y Kosiakin Konstantin, condenados a quince, cinco y diez días de detención administrativa, respectivamente. Según las imágenes de video disponible en internet de la detención de Boris Nemstov, y contrariamente a lo dicho por la policía, éste en ningún momento mostró un comportamiento violento ni resistencia.


Amnistía Internacional teme que los acontecimientos de las últimas semanas y meses impliquen el estrangulamiento progresivo de las libertades de reunión y expresión en la Federación Rusa y pide a las autoridades invertir esta tendencia y comprometerse en la defensa de los derechos constitucionales de todas las personas de Rusia que deseen expresar pacíficamente sus opiniones.


Profunda preocupación por Aleksei Sokolov


Otro de los casos que más preocupa a Amnistía Internacional, tanto por su gravedad, como por ser ejemplo de la situación en el país, es el del defensor de derechos humanos, Aleksei Sokolov, presidente de la ONG de derechos humanos Base Legal. Fue condenado en mayo de 2010 a cinco años de cárcel por robo y hurto. Durante el juicio se tienen informes de violación a las normas sobre juicio justo. La condena de Aleksei se redujo a tres años tras la apelación, y sus abogados tienen previsto un nuevo recurso. Para Amnistía Internacional, Aleksei Sokolov podría ser un preso de conciencia, detenido y condenado por el ejercicio de su labor en la denuncia de torturas y malos tratos en centros penitenciarios.


Según la información con la que cuenta Amnistía Internacional, Aleksei Sokolov fue golpeado el pasado verano por los guardias de la prisión y recluido en régimen de aislamiento durante varias horas, después de su traslado al centro de detención preventiva de Novosibirsk, lejos de su hogar.


A Amnistía Internacional le preocupa que Aleksei Sokolov pueda ser objeto nuevamente de tortura y malos tratos en el momento en que sea nuevamente trasladado al centro de Krasnoyarsk, donde cumplirá condena por una directiva especial del servicio de prisiones ruso.


Mikhail Khodorkovsky


Por otro lado, Amnistía Internaciol ha pedido a los tribunales de Moscú que anulen la declaración de culpabilidad dictada el 28 de diciembre contra el destacado empresario Mikhail Khodorkovsky por blanqueo de dinero. Amnistía Internacional considera que su juicio careció de garantías y existían indicios de estar basado en motivos políticos. Las autoridades han presionado y acosado a antiguos colegas para que declaren para la acusación. También hubo irregularidades en las primeras fases de la investigación que perjudicaron el derecho del acusado a preparar su defensa.