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Tres menores sirios y dos mujeres pasan cerca de dos meses en una tienda de campaña

La investigadora de Amnistía Internacional recogiendo información sobre el caso de Fátima. 9 de enero de 2015. ©Amnistía Internacional/ Carlos Alonso

El Gobierno español ha mantenido a tres menores sirios junto a sus madres de origen marroquí fuera del Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI) de Melilla durante casi dos meses. Ambas y sus hijos fueron expulsados tras la inadmisión a trámite de sus solicitudes de asilo. Con esta medida no se ha tenido en cuenta el interés superior de los menores y se han violado normas del derecho internacional como son el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, y la Convención de los Derechos del Niño, entre otras. 

“Tras conversaciones mantenidas con el director del Centro a lo largo del día, éste ha confirmado a Amnistía Internacional que se ha readmitido a ambas familias, una noticia que valoramos positivamente desde la organización. Sin embargo, lamentamos que estas dos familias hayan tenido que estar cerca de dos meses viviendo en la calle”, declaró Virginia Álvarez, investigadora de Amnistía Internacional España.

Antecedentes

El pasado sábado 9 de enero, un equipo de Amnistía Internacional visitaba el centro para recabar información sobre la situación de las personas solicitantes de asilo y beneficiaras de protección internacional de este tipo de centros. Frente al centro y en tiendas de campaña, Amnistía Internacional se encontró con el caso de Fátima Gascoi y Latifa Batach.

Estas dos mujeres, de nacionalidad marroquí cuyos maridos son de origen sirio, fueron expulsadas del CETI el pasado mes de noviembre junto a sus hijos e hijas menores de edad. Las dos mujeres y los tres menores desde entonces han vivido en una tienda de campaña sin agua, sin comida y a la intemperie en pleno invierno, sin que las autoridades españolas les hayan ofrecido en ningún momento algún tipo de alternativa habitacional, lo que viola el Derecho Internacional de los Derechos Humanos.

Fátima Gascoi, es una mujer de origen marroquí, viuda de un ciudadano sirio. Tuvo que salir de Siria junto a su hijo nacido en 2005 en Alepo, por lo tanto con nacionalidad y pasaporte sirio. Ambos dejaron el país en 2012 en busca de protección y seguridad. Tras un largo viaje, llegaron a Melilla donde solicitaron asilo. Durante 16 días permanecieron en el CETI hasta que se les denegó la solicitud de asilo en contra del criterio del Alto Comisionado de las Naciones Unidas (ACNUR).

Según su testimonio, a pesar de haber recurrido la denegación de asilo, varios miembros del servicio de seguridad del CETI cogieron sus pertenencias y les expulsaron, sin facilitarles ningún tipo de información para recurrir esta decisión y dejándolos en una situación de extrema vulnerabilidad.

Por otro lado, Latifa Batach es una mujer marroquí con dos hijos menores de edad, una niña de 11 años y un niño de 8 años, ambos de nacionalidad siria, casada con un ciudadano sirio y padre de sus hijos. A principios de noviembre llegó sola a Melilla junto con sus dos hijos y solicitó asilo. Igualmente, transcurridos unos días de estancia en el CETI, ella y sus dos hijos han sido expulsados del mismo. En estos momentos, su marido y su segunda esposa están viviendo en el CETI junto con su bebé de tres meses.

Preocupaciones de Amnistía Internacional

“Nos preocupa que se haya podido producir la expulsión del CETI de estas dos mujeres junto a sus hijos menores de edad, al inadmitirse a trámite su solicitud de asilo basándose en la nacionalidad de las madres, sin tener en cuenta que los menores son de nacionalidad siria”, manifestó Virginia Álvarez.

Para Amnistía Internacional se ha dado un trato discriminatorio a estas mujeres, madres de menores de nacionalidad siria, que llegan a España sin la compañía de sus esposos.  En el centro, como ha podido constatar la organización, existen otros casos de matrimonios mixtos a los que se les ha denegado la solicitud de asilo y sin embargo permanecen en el mismo. Igualmente, la organización lamenta que no se haya tenido en cuenta el interés superior del menor como establece el derecho internacional.

Amnistía Internacional se ha dirigido a la Secretaría de Estado de Inmigración y Migración, Marina del Corral para pedirle que tome medidas para poner fin a este tipo de prácticas discriminatorias y evite que en el futuro se produzcan nuevas violaciones de derecho humanos de personas solicitantes de asilo especialmente vulnerables como son las mujeres y los niños y las niñas.