“Las trabajadores domésticas migrantes son víctimas de un sistema discriminatorio, que les niega medidas básicas de protección y las deja expuestas a sufrir explotación y abusos, incluido trabajo forzoso y trata de seres humanos”, ha afirmado Audrey Gaughran, directora de Asuntos Globales de Amnistía Internacional.“Hemos hablado con mujeres a las que engañaron vilmente y que se encontraron luego atrapadas y a merced de empleadores que las sometían a abusos y les prohibían salir de la casa. Algunas afirmaban que las habían amenazado con violencia física al decir a sus empleadores que querían marcharse.” Hay al menos 84.000 trabajadoras domésticas migrantes en el Estado del Golfo, en su mayoría del sur y el sureste asiáticos. Muchas son obligadas a trabajar durante un número excesivo de horas. Amnistía Internacional ha entrevistado a mujeres que, en algunos casos, trabajan hasta 100 horas a la semana, sin ningún día libre. Algunas afirman que les prometieron un buen salario y condiciones de trabajo dignas antes de partir para Qatar y vieron incumplidas sus esperanzas al llegar allí. De acuerdo con la legislación qatarí, no hay límites al horario laboral de las trabajadoras domésticas ni existe tampoco el requisito de tener que concederles un día libre. Tampoco pueden presentar denuncias en el Ministerio de Trabajo. “Las mujeres que sufren abusos en la casa donde trabajan soportan condiciones absolutamente lamentables. Tienen pocas opciones: si deciden marcharse sin más de la casa, las calificarán de “fugitivas” y es probable que acaben siendo detenidas y expulsadas”, ha explicado Audrey Gaughran. Las trabajadoras domésticas están sujetas a un restrictivo sistema de censura que las impide dejar el trabajo o el país sin el permiso de su empleador. Aunque algunas mujeres encuentran buenos trabajos y son tratadas bien, las que sufren abusos apenas tienen más opción que “fugarse”, con lo que se exponen a ser detenidas y expulsadas por el cargo de “fuga”. Hasta el 95 por ciento de las mujeres que se hallaban recluidas en el centro de expulsión de Doha en marzo de 2013 eran trabajadoras domésticas. Una indonesia recluida allí tras haber huido porque sufría abusos físicos constantes mostró al equipo de investigación de Amnistía Internacional una profunda cicatriz en el pecho, donde la persona para la que trabajaba la había marcado con un hierro al rojo. Contó que la obligaban a trabajar los siete días de la semana, estaban meses sin pagarle su salario y le prohibían salir de la casa. Al final consiguió huir de allí, pero las policía la localizó y la detuvo. Abusos físicos y sexualesEl equipo de investigación escuchó impresionantes testimonios de abusos violentos, entre ellos los de mujeres cuyos empleadores las abofeteaban, las tiraban del pelo, les metían el dedo en los ojos y les hacían bajar las escaleras a patadas. Tres mujeres denunciaron haber sido violadas. Las mujeres que han sufrido abusos físicos o sexuales encuentran importantes obstáculos para pedir justicia. Ninguna de las mujeres con las que habló el equipo de investigación dijo haber visto procesar o condenar a sus agresores. Especialmente terrible es el caso de una trabajadora doméstica que se fracturó ambas piernas y la columna vertebral al caerse por una ventana intentando huir de su empleador, que pretendía violarla. Tendida en el suelo, herida e incapaz de moverse, el hombre procedió entonces a abusar sexualmente de ella. Hasta que no lo hizo, no llamó a una ambulancia. Cuando el equipo de investigación le entrevistó seis meses después de la agresión, la mujer iba aún en silla de ruedas. A pesar de sus terribles lesiones, el fiscal dio por cerrado el caso por “falta de pruebas”. La mujer regresó a Filipinas el año pasado y su empleador no ha rendido jamás cuentas. Las mujeres que denuncian abusos sexuales se exponen a ser acusadas de “relaciones ilícitas” –relaciones sexuales fuera del matrimonio-, “delito” penado normalmente con un año de cárcel y la expulsión del país. Aproximadamente el 70 por ciento de las mujeres que se encontraban recluidas en la prisión de Doha en marzo de 2013 eran trabajadoras domésticas. Algunas estaban embarazadas y había 13 niños y niñas menores de dos años recluidos allí junto con sus madres. Es preciso eliminar de inmediato de la legislación qatarí el cargo de “relaciones ilícitas”, ha manifestado Amnistía Internacional. Peticiones de cambioAmnistía Internacional ha pedido a las autoridades qataríes que eliminen con urgencia las disposiciones de la legislación laboral que niegan derechos a quienes trabajan en el servicio doméstico y a algunos trabajadores más. En los últimos años, el gobierno ha manifestado reiteradamente que va a promulgar una ley sobre las trabajadoras domésticas. “Al centrarse la atención mundial en Qatar con motivo de la Copa Mundial 2022 de la FIFA, ha salido a la luz la terrible situación de los trabajadores de la construcción migrantes en el país. Sin embargo, la ausencia absoluta de medidas de protección de los derechos laborales de las trabajadoras domésticas y el hecho de que estén aisladas en la casa de su empleador las dejan expuestas a sufrir abusos en mayor medida aún”, ha señalado Audrey Gaughran. “Las promesas gubernamentales de protección de los derechos laborales de las trabajadoras domésticas no han supuesto de momento ningún cambio. Qatar debe dejar de ir arrastrando los pies en este asunto y garantizar de inmediato a las trabajadoras domésticas la protección jurídica de sus derechos básicos.”
Trabajadoras domésticas extranjeras, impresionantes casos de engaño, trabajo forzoso y violencia
El informe está basado en entrevistas con 52 trabajadoras domésticas, con autoridades del gobierno, con embajadas de los países de origen de las trabajadoras domésticas y con agencias de contratación. También se han utilizado para su elaboración datos de instituciones que trabajan con trabajadoras domésticas con problemas. El equipo de investigación de Amnistía Internacional visitó también el centro de expulsión y la prisión. Tras un informe que publicó Amnistía Internacional en noviembre de 2013 sobre los trabajadores migrantes del sector de la construcción de Qatar, el gobierno qatarí anunció que el despacho de abogados DLA Piper iba a examinar las conclusiones de la organización en el marco de un análisis más general de la situación de los trabajadores y trabajadoras migrantes en Qatar. El consiguiente informe se espera para las próximas semanas.
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