Londres.- En Jordania sigue existiendo una agencia de seguridad militar que recluye, interroga y tortura a las personas detenidas por motivos políticos y de seguridad, tanto ciudadanos jordanos como de otros países que han sido trasladados a ese país en aparente coordinación con Estados Unidos, afirma Amnistía Internacional en un nuevo informe publicado hoy, 24 de julio de 2006.
El informe expone los casos de decenas de personas sometidas a tortura y malos tratos en Jordania, 10 de las cuales parecen haber sido víctimas del “programa de entregas extraordinarias” liderado por Estados Unidos.
“Jordania parece ser un punto de conexión fundamental de un complejo mundial de centros de detención secreta administrados por Estados Unidos en coordinación con organismos de información extranjeros”, ha afirmado Malcolm Smart, director del Programa Regional para Oriente Medio y el Norte de África de Amnistía Internacional. “Es en este complejo donde los detenidos ‘desaparecen’, y donde se los recluye indefinidamente para interrogarlos, al margen de todo proceso judicial o administrativo”.
El Departamento de Información General –una agencia de seguridad militar vinculada directamente al primer ministro de Jordania– es el principal instrumento de los abusos contra las personas detenidas por motivos políticos y para la obtención de “confesiones” forzadas. Según antiguos funcionarios de información de Estados Unidos, el Departamento de Información General jordano recibe financiación secreta del gobierno estadounidense.
“Los agentes del Departamento de Información General disponen de amplias facultades y se benefician de una impunidad casi total, por lo que actúan con absoluta libertad”, ha manifestado Malcolm Smart. “Las facultades del Departamento de Información General para recluir indefinidamente a los detenidos y negarles todo contacto con el mundo exterior constituyen una vía que conduce a la tortura y otros abusos”.
Según el informe de Amnistía Internacional, una vez obtenidas las “confesiones” mediante tortura, los casos pasan al Tribunal de Seguridad del Estado, cuyas sentencias parecen basarse a menudo en poco más que esas “confesiones”. Durante los últimos 10 años, más de 100 encausados han denunciado ante el Tribunal de Seguridad del Estado que habían sido torturados para obligarlos a “confesar”. El Tribunal de Seguridad del Estado no ha investigado adecuadamente ninguna de estas denuncias. Resulta preocupante que este tribunal haya impuesto condenas de muerte en varios casos, algunas de las cuales se han llevado ya a cabo.
Entre los métodos de tortura y malos tratos que sufren las personas detenidas en los centros de detención de Jordania y que se exponen en detalle en el informe de Amnistía Internacional figuran la “falaqa”, que consiste en golpear repetidamente las plantas de los pies de la víctima con un bastón; golpes con bastones, cables, tubos de plástico, cuerdas o látigos; y el “shabeh” (“el fantasma”), que consiste en suspender a la víctima durante varias horas por las muñecas esposadas y golpearla después.
Los métodos, la probabilidad, la gravedad y la duración de la tortura varían de acuerdo con varios factores. Por ejemplo, los presuntos “islamistas” y los jordanos de origen palestino tienen más probabilidades de ser torturados.
A pesar de los antecedentes de Jordania en materia de tortura, el Reino Unido firmó el 10 de agosto de 2005 un “memorándum de entendimiento” con las autoridades de Jordania que supuestamente ofrece “garantías diplomáticas” de que ciertas personas de nacionalidad jordana no serán torturadas en caso de ser trasladadas por la fuerza a Jordania por el Reino Unido.
“Amnistía Internacional lleva más de 20 años documentando los mismos motivos de preocupación en relación con la tortura en Jordania y la misma ausencia de salvaguardias”, ha manifestado Malcolm Smart. “Dada la complicidad de las autoridades jordanas en la práctica de la tortura, cabe la posibilidad de que el gobierno del Reino Unido afirme que tiene “garantías” en virtud de un acuerdo con ellas que es a todas luces papel mojado.”
“El cumplimiento de los entendimientos diplomáticos no es exigible en virtud del derecho internacional, y el gobierno del Reino Unido tiene pleno conocimiento de esta circunstancia, del mismo modo que tiene pleno conocimiento de que la tortura tiene lugar sistemáticamente en el interior de los centros de detención jordanos. La confianza del gobierno del Reino Unido en las “garantías” jordanas en las circunstancias actuales constituye una violación de las obligaciones de este país en virtud del derecho internacional de los derechos humanos, además de ser moralmente indefendible”.
“El gobierno de Jordania tiene la responsabilidad de mantener la seguridad pública y de poner a disposición judicial a los autores de ataques contra la población civil”, ha declarado Malcolm Smart. “Sin embargo, debe hacerlo de tal modo que se ajuste a las normas de derechos humanos acordadas por la comunidad internacional, incluida la obligación de prohibir y prevenir la tortura. Así pues, ha llegado el momento de que el gobierno jordano adopte medidas concretas para abordar el persistente problema de la tortura a manos del Departamento de Información General y otros organismos.”
Amnistía Internacional reconoce que el gobierno de Jordania ha introducido ciertos mecanismos encaminados a reducir la incidencia de la tortura, pero observa que han sido en gran medida ineficaces, pues la tortura persiste en Jordania y está especialmente arraigada en el Departamento de Información General. La organización formula al gobierno de Jordania, entre otras, las siguientes recomendaciones:
- poner fin al uso de la detención secreta y en régimen de incomunicación; - reducir las facultades del Departamento de Información General y garantizar la separación de poderes –tanto en la ley como en la práctica– entre las autoridades responsables de la detención de personas sospechosas y las responsables de los interrogatorios; - investigar de forma inmediata e independiente todas las denuncias de tortura o malos tratos, y poner a disposición judicial a los funcionarios que cometan tales violaciones de derechos humanos; - poner fin a la participación de Jordania en las “entregas extraordinarias” y otros traslados secretos de detenidos y hacer públicos los nombres y otros datos de todas las personas que han sido detenidas en Jordania o trasladadas a través de este país en este contexto.
