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Thomas Lubanga condenado por la Corte Penal Internacional a 14 años de prisión

Lubanga fue detenido en 2006 por el reclutamiento forzoso de niños y niñas soldados. © REUTERS/Evert-Jan Daniels

“Esta primera condena marca un hito. Transmite el siguiente mensaje al mundo: toda persona que reclute o use niños y niñas como soldados será juzgada y encarcelada”, declaró Michael Bochenek, director de Derecho Internacional y Política de Amnistía Internacional.

En la primera condena de su historia, la Corte Penal Internacional ha impuesto 14 años de prisión a Thomas Lubanga Dyilo por reclutar y usar a niños y niñas soldados en un conflicto armado. Éste es un momento histórico para la justicia internacional.

Lista reducida de cargos

Al decidir la acusación limitar los cargos a reclutamiento, alistamiento y uso de niños y niñas soldados, la Corte no ha considerado las denuncias de otros crímenes cometidos por las Fuerzas Patrióticas para la Liberación del Congo (FPLC) bajo el mando de Lubanga Dyilo –entre ellos delitos de violencia sexual– con lo cual posiblemente se esté negando a muchas más víctimas el derecho a recibir justicia y reparación.  Sin embargo, la Corte sí añadió en marzo estos delitos a la orden de detención ya dictada contra uno de los adjuntos de Lubanga, Bosco Ntaganda, que actualmente lidera el grupo armado M23 en la provincia de Kivu Septentrional, en el este de la República Democrática del Congo.

Ahora se iniciará el proceso de reparaciones a las víctimas de estos delitos. No obstante, como la sentencia sólo versa sobre un conjunto relativamente reducido de delitos, el número de víctimas con derecho a reparación es menor que si la lista de delitos hubiese sido más amplia. De hecho, el grupo de víctimas con derecho a reparación es tan sólo una pequeña parte de las personas que realmente sufrieron abusos.  

La fiscalía tampoco ha recuperado los activos vinculados a Lubanga para incluirlos en las indemnizaciones, por lo que la carga del pago de indemnizaciones recaerá en el “Fondo Fiduciario en beneficio de las Víctimas” de la Corte Penal Internacional y a los gobiernos de los Estados.

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