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Temor de tortura por la transferencia de detenidos en Bagram desde la jurisdicción de Estados Unidos

Cientos de prisioneros afganos están retenidos en la conocida prisión Pul-e- Charkhi © Amnesty International

Las autoridades afganas han asumido el control de las operaciones relacionadas con los detenidos en la base aérea estadounidense de Bagram, al norte de Kabul, de las que antes se ocupaban las fuerzas armadas estadounidenses. Dado el historial de tortura y otras violaciones de derechos humanos cometidas por las fuerzas de seguridad de Afganistán, Amnistía Internacional considera con profunda preocupación la transferencia de los detenidos de Bagram a la custodia afgana.

Continúa sin conocerse con certeza el grado de influencia de Estados Unidos sobre los casos de detenidos concretos de Bagram. Sin embargo, se ha informado de que las autoridades afganas se han hecho cargo de la custodia, utilizando un sistema de detención administrativa inspirado en el régimen de detención estadounidense en Bagram, de los aproximadamente 3.000 ciudadanos afganos que estaban en el centro de detención de Bagram el 9 de marzo de este año, cuando se concluyó el acuerdo de transferencia.

Al parecer, más de 600 detenidos que, según los informes, han sido llevados a la base desde marzo continúan bajo la jurisdicción militar estadounidense, al igual que los casos de unos 50 no nacionales afganos recluidos actualmente en la base, algunos de los cuales llevan años bajo la custodia de Estados Unidos.

Amnistía Internacional y otras entidades han informado con anterioridad sobre el uso de la tortura y otros malos tratos, con impunidad, por la Dirección Nacional de Seguridad de Afganistán y otras autoridades afganas. La transferencia de detenidos tiene lugar sólo una semana después de que el presidente Karzai propusiera a Assadullah Khalid como nuevo director de la Dirección Nacional de Seguridad (http://amnesty.org/es/library/info/ASA11/015/2012/es), a pesar de los numerosos informes sobre su presunta implicación en actos de tortura y homicidios ilegítimos en los últimos 10 años.

Tal como ha documentado la ONU, los abusos cometidos por las fuerzas de seguridad afganas contra presuntos insurgentes, incluidos combatientes talibanes, son especialmente abundantes, y muchos son golpeados con mangueras de goma y reciben amenazas de agresión sexual.

Amnistía Internacional ha recibido informes creíbles según los cuales, después de la transferencia, las autoridades afganas tienen previsto poner en libertad a algunos jefes talibanes destacados que están recluidos en Bagram, en el marco de las iniciativas de paz en curso con los talibanes. Existen datos de carácter público que indican que algunas de estas personas podrían haber estado involucradas en crímenes de derecho internacional, incluidos crímenes de guerra, contra civiles. Sin embargo, el gobierno afgano tiene la obligación de investigar a todo individuo implicado en tales denuncias antes de proceder a su liberación, y cuando existan suficientes indicios admisibles, a ponerlo a disposición de la justicia en cumplimiento de las normas internacionales y sin que se le pueda imponer la pena de muerte.

Las autoridades afganas deben asegurarse asimismo de que todas las denuncias creíbles de violaciones de derechos humanos como tortura y homicidio ilegítimo cometidas por sus propias fuerzas de seguridad se investigan de manera exhaustiva y de que se pone sin demora a disposición de la justicia a los presuntos autores.

Amnistía Internacional insta al gobierno de Afganistán a reformar el sistema de detención y de justicia penal. Estas reformas incluyen poner fin al sistema de detención administrativa que las autoridades han instituido en Bagram e introducir unas salvaguardias de derechos humanos mínimas que se cumplan y se respeten en la práctica para todos los detenidos y sospechosos en los procedimientos penales.

La ausencia de rendición de cuentas plena y de acceso a recursos por las violaciones de derechos humanos cometidas por personal de Estados Unidos contra detenidos en Bagram desde 2002 forma parte de una inacción más amplia de las autoridades estadounidenses en lo relativo a poner fin a la impunidad por tales violaciones, incluidos los crímenes de derecho internacional de tortura y desaparición forzada, cometidos en el contexto de la lucha contra el terrorismo desde el 11 de septiembre de 2001. Amnistía Internacional reitera su llamamiento a Estados Unidos para que cumpla con sus obligaciones internacionales en cuanto a investigar plenamente y poner a disposición de la justicia a los responsables de tales violaciones cometidas en este contexto durante los últimos 10 años.