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Suiza: La reducción de la sentencia de una parlamentaria que ayudó a solicitantes de asilo, una victoria para la solidaridad

Lisa Bosia Mirra © REUTERS/Arnd Wiegmann

El Tribunal de Apelación de Locarno ha reducido la sentencia impuesta por el Tribunal de lo Penal de Bellinzona a Lisa Bosia Mirra, ex miembro del Parlamento regional del cantón de Ticino. Esta parlamentaria había ayudado a 20 personas (en su mayoría, menores de edad no acompañados) a cruzar la frontera entre Italia y Suiza durante agosto y septiembre de 2016. La decisión judicial es insuficiente, según Amnistía Internacional Suiza, que considera que las autoridades judiciales de los diversos cantones suizos deberían dejar de enjuiciar y condenar actos de solidaridad.

El 1 de septiembre de 2016, la entonces miembro del Parlamento regional fue detenida en San Pietro di Stabio (sur de Ticino), cerca de la frontera con Italia. Había prestado ayuda a un suizo de 50 años que estaba ayudando a cuatro eritreos, tres de ellos menores, a entrar en Suiza. El 28 de septiembre de 2017 fue declarada culpable de “incitación reiterada a la entrada, salida y permanencia ilegales” por el Tribunal de lo Penal de Bellinzona por haber ayudado a 20 migrantes de Eritrea y Siria a cruzar la frontera entre Italia y Suiza. Tras los procedimientos de apelación, que tuvieron lugar el martes 10 de septiembre, el Tribunal de Apelación de Locarno confirmó la sentencia de Lisa Bosia Mirra pero redujo los casi 10.000 francos (10.000 dólares estadounidenses) de multa a 2.200 francos.

“El Tribunal de Locarno confirmó que acoger a una persona migrante ilegal durante unos días en Suiza no es un acto punible. También confirmó que dar comida a una persona extranjera en una situación difícil no es un acto punible, como tampoco lo es prestar atención médica o asistencia letrada a una persona migrante ilegal que esté a punto de cruzar la frontera. Este es un paso en la dirección correcta”, ha manifestado Reto Rufer, especialista en asilo de Amnistía Suiza. “Sin embargo, la sentencia impuesta a Lisa Bosia Mirra permanece en sus antecedentes penales. Lisa no es ni una traficante de personas ni una delincuente y, para empezar, no debería haber sido procesada ni condenada. Angustiada por la desesperación de las personas jóvenes que encontró en Como y por las violaciones de los derechos de estas personas por parte de las autoridades tanto suizas como italianas, Lisa Bosia Mirra no tuvo más opción que actuar según su conciencia, aunque eso significara infringir la ley.”

“El artículo 18 del Código Penal establece la posibilidad de abolir la pena cuando el autor o autora del acto delictivo lo haya cometido para salvar a otras personas de un peligro grave. Sin embargo, las autoridades judiciales han eludido de absolver a Lisa Bosia Mirra”, lamenta Reto Rufer. “Las autoridades judiciales de los diversos cantones deben dejar de procesar y condenar por completo a quienes defienden los derechos de las personas migrantes, solicitantes de asilo y exiliadas.”

Una situación espantosa en el umbral de Suiza

En primera línea de la defensa de las personas migrantes y refugiadas, durante el verano de 2016 Lisa Bosia Mirra desempeñó un papel crucial en la organización de ayuda para las personas migrantes y refugiadas que, sin poder cruzar la frontera suiza, estaban acampadas alrededor de la estación de Como, a unos kilómetros de la frontera italo-suiza. Con la asociación de Lisa Bosia, Firdaus, entonces miembro del Parlamento local, coordinó la distribución diaria de alimentos y ropa, y la provisión de una asistencia jurídica mínima, destinada especialmente a los menores no acompañados y a las personas especialmente vulnerables.

La situación, ya de por sí precaria, en Como, se había visto amplificada con graves violaciones de derechos fundamentales por parte de las autoridades italianas y suizas. Italia no había podido proporcionar atención médica o apoyo a los menores no acompañados y a otras personas altamente vulnerables porque todos sus centros disponibles estaban saturados.

“Por su parte, la actuación de Suiza también violó los derechos de la infancia. Durante el verano de 2016, los guardias de fronteras suizos devolvieron sistemáticamente a menores a Italia, incluso cuando éstos habían pedido protección a Suiza, un país en el que muchos afirmaban tener familiares”, recuerda Reto Rufer. “Las autoridades encargadas de la vigilancia fronteriza también impidieron a menores viajar a través de Suiza y llegar hasta sus familias en Alemania u otros lugares de Europa. Esto constituye una violación de las directrices sobre reagrupación familiar expuestas en el Reglamento de Dublín.”

Movilización de la sociedad civil

Con una petición, Amnistía Internacional y Solidarité sans Frontières solicitaron la revisión de leyes que limitan y reprimen la solidaridad hacia las personas migrantes y refugiadas. Las dos organizaciones piden a los miembros del Parlamento que apoyen la Iniciativa Parlamentaria 18.461, “Basta de criminalizar la solidaridad”, presentada por la consejera nacional de Los Verdes, Lisa Mazzone. El objetivo de la iniciativa es reformar el artículo 116 de la Ley Federal de Ciudadanos Extranjeros e Integración para que el sistema de justicia ya no pueda criminalizar a las personas que prestan ayuda cuando actúan desinteresadamente y sin búsqueda de beneficio.

La iniciativa parlamentaria recuerda que, hasta 2008, la Ley Federal sobre la Residencia Temporal y Permanente de Extranjeros contenía una disposición que convertía la prestación de asistencia en acto no punible en determinadas circunstancias si los motivos eran honorables (art. 23 al. 3 Ley Federal sobre la Residencia Temporal y Permanente de Extranjeros). Esta disposición desapareció en 2008, cuando la Ley Federal sobre la Residencia Temporal y Permanente de Extranjeros fue sustituida por la Ley de Ciudadanos Extranjeros e Integración.

Además, se ha presentado una petición para cambiar las leyes existentes. La han presentado 134 abogados y abogadas suizos que se han unido a la campaña por la reforma del artículo 116 de la Ley de Ciudadanos Extranjeros e Integración y la despenalización de la ayuda a personas en fuga cuando los motivos sean honorables. Con su declaración conjunta, estos abogados y abogadas piden a las autoridades judiciales de los diversos cantones que dejen de enjuiciar y condenar actos de solidaridad.