Únicamente en febrero de 2019, las autoridades de Sudán del Sur ejecutaron al menos a siete personas, tres de ellas de una misma familia. Es la misma cifra de personas ejecutadas en todo 2018, y constituye un alarmante repunte del uso de la pena de muerte en el país. Así lo ha manifestado hoy Amnistía Internacional.
“Esto confirma nuestro temor de que las autoridades de Sudán del Sur no sienten absolutamente ningún respeto por el derecho a la vida, ya que continúan despreciando por completo el hecho de que el mundo está abandonando el uso de la pena de muerte”, ha manifestado Seif Magango, director regional adjunto de Amnistía Internacional para África Oriental, el Cuerno de África y los Grandes Lagos.
En diciembre de 2018, Amnistía Internacional dio la voz de alarma respecto a que, en ese año, este país de África oriental había ejecutado a más personas que en cualquier otro año desde su independencia en 2011.
Las ejecuciones de 2018 vinieron precedidas del traslado de al menos 135 condenados a muerte desde las prisiones comarcales y estatales a la Prisión Central de Wau y la Prisión Central de Yuba, que cuentan con patíbulos en los que llevar a cabo ejecuciones.
Seis de las siete víctimas de este año fueron ejecutadas en la Prisión Central de Yuba, mientras que al menos una fue ejecutada en la Prisión Central de Wau. Todos los ejecutados eran hombres. El método de ejecución utilizado en el país es el ahorcamiento.
“Nos conmociona y nos consterna el hecho de que la ejecución se hayan convertido en el orden del día en Sudán del Sur. En lugar de ejecutar a gente, las autoridades deberían rehabilitar a los presos y convertirlos en individuos bien adaptados que puedan contribuir a la sociedad”, ha manifestado Seif Magango.
Amnistía Internacional ha determinado que al menos tres de las ejecuciones llevadas a cabo en febrero de 2019 estuvieron rodeadas de secreto; la familia de los tres hombres en cuestión no fueron informadas de su ejecución inminente y no se enteraron de la muerte de sus seres queridos hasta después de que hubieran sido ejecutados.
“Estas informaciones resultan sumamente preocupantes, y no podemos imaginar siquiera cómo deben sentirse las familias. Sudán del Sur debe conmutar de inmediato todas las condenas de muerte por penas de prisión, establecer una moratoria oficial de las ejecuciones y tomar medidas, sin demora, para abolir la pena de muerte”, ha declarado Seif Magango.
Amnistía Internacional determinó que al menos cuatro de los siete ejecutados habían sido declarados culpables de asesinato. El Código Penal del país permite también el uso de la pena de muerte por dar falso testimonio que provoque la ejecución de una persona inocente, por terrorismo (o bandidaje, insurgencia o sabotaje) que provoquen la muerte, por tráfico de drogas con agravantes y por traición.
Información complementaria
Amnistía Internacional se opone a la pena de muerte en todos los casos sin excepción, independientemente de la naturaleza del delito, de las características del delincuente o del método de ejecución utilizado por el Estado.
La pena de muerte —el homicidio premeditado y a sangre fría de un ser humano a manos del Estado en nombre de la justicia— es la negación más fundamental de los derechos humanos. Viola el derecho a la vida, consagrado en la Declaración Universal de Derechos Humanos. Es el exponente máximo de pena cruel, inhumana y degradante.
