La administración autónoma del Partido la Unión Democrática (PYD) del norte de Siria está utilizando la represión del terrorismo y del grupo armado autodenominado Estado Islámico (IS) como pretexto para detener ilegítimamente y juzgar injustamente a críticos pacíficos y a civiles a los que considera simpatizantes o miembros de presuntos grupos terroristas, ha declarado Amnistía Internacional.
El equipo de investigación entrevistó a 10 reclusos en dos prisiones gestionadas por la administración autónoma del PYD durante una visita de investigación realizada al norte de Siria. Algunos llevaban encarcelados arbitrariamente hasta un año sin cargos ni juicio. Quienes sí fueron juzgados dijeron que sufrieron una prolongada detención previa al juicio y que las actuaciones fueron manifiestamente injustas. Se les negaron derechos básicos como el derecho a defenderse, a ver las pruebas presentadas en su contra y a acceder a un abogado y a su familia.
"La administración autónoma del PYD no puede utilizar su lucha contra el terrorismo como excusa para violar los derechos de las personas en las zonas que están bajo su control", ha manifestado Lama Fakih, asesora general de Amnistía Internacional sobre situaciones de crisis.
"Recurrir a estas tácticas de mano dura so pretexto de la seguridad, como encerrar a sospechosos por sus opiniones o endebles afiliaciones sin pruebas, sólo puede ser contraproducente y no sirve para mejorar la seguridad. Con independencia del presunto delito, deben respetarse los derechos básicos de los detenidos a un juicio justo y a no ser objeto de detención arbitraria."
La administración autónoma del PYD gobierna algunas partes del norte de Siria desde 2014, tras la retirada de las fuerzas gubernamentales sirias. Cuenta con policías, tribunales, prisiones y leyes propios.
La zona controlada por la administración del PYD sufre regularmente ataques del IS. Este, además de atacar las posiciones de seguridad de la Asayish y de las YPG (fuerzas controladas por el PYD), ha atacado directamente a la población civil en las zonas controladas por el gobierno del PYD, matando, desplazando y secuestrando a residentes.
En 2014, la Administración aprobó una nueva ley antiterrorista que utiliza para detener y enjuiciar a presuntos terroristas.
Como órgano de gobierno de facto, la administración autónoma del PYD está obligada a respetar el derecho internacional de los derechos humanos y el derecho internacional humanitario, incluidas la prohibición de practicar detenciones arbitrarias y la obligación de garantizar juicios justos.
Sin embargo, muchos de los presos entrevistados fueron detenidos por actos que no están tipificados como delito, y a menudo sin que existieran pruebas de infracciones penales contra ellos. A algunos detenidos nunca se les comunicaron los cargos formulados en su contra y tampoco comparecieron ante un fiscal o un juez. De los cinco presos condenados por terrorismo entrevistados, cuatro afirmaron que los habían condenado en juicios manifiestamente injustos sin que se presentara ninguna prueba fundada de su culpabilidad.
Detenciones arbitrariasVarios presos dijeron a Amnistía Internacional que los detuvieron por capricho, sin apenas pruebas, como castigo por oponerse a las autoridades del PYD o por criticarlas, o por su presunta afiliación a grupos terroristas.
Fahed, recluso árabe de 65 años de la ciudad de Hasakeh que estuvo detenido dos meses con tres de sus hijos, contó a Amnistía Internacional que la Asayish —la policía local— los detuvo porque algunos familiares de su nuera estaban afiliados al IS, aunque dijo que él no tenía tratos ni relación con el grupo.
Otro caso es el de Omar, árabe de Hasakeh de 30 años, que dijo que estuvo detenido casi un mes, acusado de terrorista porque su nombre se parecía al de un hombre en busca y captura. No presentaron ninguna otra prueba contra él, contó a Amnistía Internacional. Omar dijo que más de una docena de hombres árabes a los que conocía de Hasakeh habían sido detenidos como presuntos autores de actividades terroristas y recluidos entre 15 y 20 días antes de ser puestos en libertad por falta de pruebas.
Malek, árabe de Raqqa de 35 años, contó a Amnistía Internacional que fue acusado de terrorismo, pero que la única prueba contra él consistía en unas publicaciones en Facebook en las que criticaba al PYD y que no eran ni amenazantes ni violentas.
Las fuerzas de la Asayish también han usado la ley antiterrorista para detener y enjuiciar a grupos kurdos de la oposición que critican al PYD. El Partido Kurdo Democrático Sirio (PDK-S), partido kurdo de la oposición, dijo a Amnistía Internacional que 12 de sus miembros de Afrin, localidad también controlada por la administración del PYD, fueron detenidos arbitrariamente en 2014 y condenados por cometer actos terroristas sin ninguna prueba fundada.
Amnistía Internacional pide a la administración autónoma del PYD que deje de practicar detenciones arbitrarias y ponga en libertad a todos los detenidos recluidos ilegítimamente. No deben practicarse detenciones si no media una orden judicial o son para impedir un delito que se está cometiendo en ese momento. Las detenciones arbitrarias son contrarias al propio Contrato Social de la administración, documento constitucional adoptado en enero de 2015 que garantiza el derecho a no ser detenido arbitrariamente.
Todos los detenidos acusados de terrorismo a los que entrevistó Amnistía Internacional dijeron que sus condiciones de reclusión en las prisiones centrales eran adecuadas. El equipo de investigación observó que en las celdas carcelarias no había hacinamiento y que estaban bien equipadas con camas, iluminación adecuada y servicios higiénicos. Los reclusos no dijeron que haber sido sometidos a malos tratos o a torturas en las prisiones centrales visitadas. Afirmaron que recibían tres comidas al día, que se les permitía pasar al menos una hora diaria en los patios de la prisión, que se les daba acceso a tratamiento médico cuando lo necesitaban y que tenían derecho a una visita familiar por semana y a una llamada telefónica semanal.
Sin embargo, dos presos describieron condiciones precarias y malos tratos en un centro de detención preventiva de la Asayish de Amouda, población del noreste de Siria próxima a la frontera turca. Mohamad (los nombres se han modificado para proteger a los entrevistados) estuvo en Amouda seis meses desde agosto de 2014. Dijo que compartió una celda subterránea con otras 12 personas. No se le permitió ducharse el primer mes ni salir ni ver el sol. Además, los guardias del centro lo insultaban porque vivía en una zona controlada por el IS.
"Los guardias de la prisión me humillaban porque estaba acusado de ser un simpatizante del Estado Islámico. Me dijeron que me merecía algo peor que estar encerrado en una celda subterránea", dijo. Otro preso recluido en el mismo centro y a quien se entrevistó por separado dijo que había sufrido los mismos malos tratos y abusos. Detención previa al juicio prolongada y juicios manifiestamente injustos Varios reclusos dijeron a Amnistía Internacional que estuvieron hasta un año en reclusión preventiva sin juicio. Algunos afirmaron que nunca se los acusó formalmente y que nunca vieron a un fiscal o comparecieron ante un tribunal.
Un ejemplo es el de Safwan, ciudadano extranjero que llevaba recluido casi un año cuando habló con Amnistía Internacional sin que ni siquiera hubiera sido acusado formalmente, visto a un fiscal o comparecido ante un juez. Según los propios reglamentos del PYD, los detenidos preventivos deben estar recluidos un plazo máximo de 72 horas tras el cual han de ser acusados formalmente por un fiscal y trasladados a una prisión central hasta que se celebre el juicio.
Uno de los reclusos, Issam, dijo a Amnistía Internacional que el IS lo secuestró cuando se dirigía a Raqqa y lo obligó a darles la ubicación de un control de las YPG. "Me entregué a la Asayish con tiempo para que impidieran el ataque. Puede que sea culpable, pero esperaba un juicio justo", dijo. En cambio, pasó seis meses en prisión preventiva y no le informaron de los cargos formulados contra él antes de ser condenado a siete años de prisión y siete años de exilio. "Fui condenado en una sala por un juez sin abogado y sin tener la oportunidad de defenderme", dijo.
Mohamad, que fue detenido en agosto de 2014, también describió un juicio injusto. "El interrogador me dijo que era inocente y que me pondrían en libertad en 15 días [...] En cambio, me condenaron a 10 años de prisión tras ver a un juez 10 minutos. El juez se negó a mostrarme las pruebas que tenían contra mí", dijo.
En otro caso, un detenido civil fue enjuiciado por un tribunal militar.
Pese a las afirmaciones de Ciwan Ibrahim, director de la Asayish, de que los detenidos tienen acceso a un abogado y de que se notifica a sus familias su paradero tras la detención y se la permite visitarlos una vez que finalizan las investigaciones (normalmente en un mes aproximadamente), muchos reclusos dijeron que habían ignorado su petición de abogado y que les impidieron comunicarse con sus familias durante meses. Sólo uno de los presos entrevistados dijo que tenía abogado.
"Es evidente que muchos detenidos han sido objeto de juicios manifiestamente injustos, lo que constituye una violación grave de sus derechos. Todas las personas deben tener el derecho a defenderse ante tribunales imparciales. En lugar de pisotear los derechos de las personas so pretexto de la seguridad y la lucha antiterrorista, la administración del PYD debe garantizar que se respetan los derechos de los detenidos", afirmó Lama Fakih.
Todos los detenidos deben comparecer sin dilación ante un juez, ser informados de los cargos formulados contra ellos y tener acceso a un abogado y a sus familias. Nuca debe juzgarse a civiles ante tribunales militares.
Información complementaria
Amnistía Internacional visitó dos prisiones centrales en Qamishli y Malikiya bajo el control de la fuerza policial de la administración del PYD, la Asayish, en agosto de 2015. En ambos centros el equipo de investigación pudo hablar con los reclusos de su elección y entrevistarlos por separado sin que estuvieran presentes los funcionarios.Hay alrededor de 125 reclusos en las tres prisiones centrales del cantón de Jazira: Qamishli, Derbasiyah y Malikiya, según Abeer Mohamad Khaled, director de Prisiones para la Asayish. Ciwan Ibrahim, director de la Asayish, dijo a Amnistía Internacional que hay hasta 400 presos recluidos por la Asayish en los tres cantones controlados por la PYD.
En 2014, el PYD, junto con una serie de partidos políticos más pequeños, estableció una administración autónoma en tres cantones del norte de Siria mayoritariamente kurdos: Afrin, Jazira (en la gobernación de Hasakeh) y Ain al Arab (Kobani). La administración del PYD cuenta con policías, tribunales, prisiones y leyes propios. El PYD también creó un ejército, las Unidades de Protección Popular (YPG), responsables principales de proteger el territorio kurdo y de constituir tribunales militares.
