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Singapur: Debe detenerse una ejecución programada para el 18 de noviembre

Singapur debe detener de inmediato la ejecución de Chijoke Stephen Obioha, ciudadano nigeriano condenado a muerte por posesión de drogas. Así lo ha manifestado Amnistía Internacional hoy.

El miércoles, la familia de Chijoke Stephen Obioha fue informada de que se había rechazado la petición de indulto del condenado. La ejecución está prevista para el viernes 18 de noviembre de 2016.

El gobierno de Singapur aún está a tiempo de detener la ejecución de Chijoke Stephen Obioha. Nos consterna que no se haya concedido el indulto en este caso, pero mantenemos la esperanza de que no se aplicará este castigo cruel e irreversible a una persona condenada a la pena capital preceptiva por un delito que ni siquiera debería estar castigado con la muerte”, ha manifestado Rafendi Djamin, director de Amnistía Internacional para el Sudeste Asiático y Oceanía.

La pena de muerte nunca es la solución. No librará a Singapur de las drogas. Al ejecutar a personas por delitos de drogas, unos delitos que no alcanzan el umbral de ‘los más graves delitos’, Singapur está violando el derecho internacional. La mayoría del mundo ha dado la espalda a este exponente máximo de pena cruel, inhumana y degradante. Ya es hora de que Singapur lo haga también, y empiece restituyendo una moratoria de todas las ejecuciones, como primer paso hacia la abolición de esta pena.”

Amnistía Internacional se opone a la pena de muerte en todas las circunstancias, cualquiera que sea el método de ejecución o el delito por el que se imponga, y considera que no hay datos fidedignos que demuestren que tiene un especial efecto disuasorio.

Información complementaria
En abril de 2007, Chijioke Stephen Obioha fue hallado en posesión de más de 2,6 kilos de cannabis, cantidad superior a los 500 gramos que, según las leyes de Singapur, generan la presunción automática de narcotráfico. En virtud de la legislación de Singapur, cuando hay presunción de posesión y tráfico de drogas, la carga de la prueba no recae en el fiscal, sino en el acusado. Esta práctica viola el derecho a un juicio justo, al obligar al acusado a demostrar su inocencia.

Los delitos de drogas no alcanzan el umbral de "los más graves delitos” a los que el derecho internacional restringe la imposición de la pena de muerte. El derecho internacional también prohíbe la imposición de la pena capital como pena preceptiva. Amnistía Internacional se opone por completo a la pena de muerte, con independencia del delito cometido.

A día de hoy, 103 países han abolido la pena de muerte para todos los delitos y 141 son abolicionistas en la ley o la práctica.