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Sin justicia para los miles de civiles muertos en operaciones de EE.UU. y la OTAN

El informe de Amnistía Internacional documenta los fracasos de la rendición de cuentas de las operaciones militares estadounidenses en Afganistán © Amnistía Internacional

No se ha hecho justicia para las familias de los miles de civiles afganos muertos a manos de las fuerzas estadounidenses y de la OTAN en Afganistán, afirma Amnistía Internacional en un nuevo informe publicado hoy. Dedicado sobre todo a los ataques aéreos y las incursiones nocturnas realizadas por las fuerzas estadounidenses, incluidas las Fuerzas de Operaciones Especiales, Unfinished Business revela que ni siquiera se han investigado ni castigado crímenes de guerra manifiestos.

“Miles de afganos han muerto o resultado heridos a manos de las fuerzas estadounidenses desde la invasión, pero las víctimas y sus familias tienen pocas oportunidades de obtener una reparación. El sistema de justicia militar estadounidense casi nunca hace rendir cuentas a sus soldados por homicidios ilegítimos y otros abusos”, declaró Richard Bennett, director del Programa Regional para Asia y Oceanía de Amnistía Internacional.

“Ninguno de los casos que analizamos —que abarcan más de 140 muertes de civiles— fueron enjuiciados por el ejército estadounidense. Aparentemente, se ha hecho caso omiso de los indicios de posibles crímenes de guerra y homicidios ilegítimos.”

El informe documenta con detalle las deficiencias en la rendición de cuentas por las operaciones militares estadounidenses en Afganistán y pide al gobierno afgano que se asegure que garantiza la rendición de cuentas por homicidios ilegítimos de civiles en cualquier acuerdo de seguridad bilateral que firme en el futuro con la OTAN y Estados Unidos.

Amnistía Internacional investigó con detalle 10 incidentes producidos entre 2009 y 2013 en los que las operaciones militares estadounidenses causaron la muerte de al menos 140 civiles, entre los que había mujeres embarazadas y al menos 50 niños. La organización entrevistó a alrededor de 125 testigos, víctimas y familiares, muchos de los cuales nunca habían prestado declaración ante nadie hasta ese momento.

Dos de los casos —el ataque de las Fuerzas de Operaciones Especiales contra una vivienda en la provincia de Paktia en 2010 y las desapariciones forzadas, torturas y homicidios cometidos en los distritos de Nerkh y Maidan Shahr (provincia de Wardak) desde noviembre de 2012 hasta febrero de 2013— contienen indicios abundantes y de peso de crímenes de guerra. Nadie ha sido enjuiciado penalmente por ninguno de ellos.

Qandi Agha, que estuvo detenido bajo custodia de las Fuerzas Especiales estadounidenses en Nerkh a finales de 2012, habló de las sesiones de tortura a que fue sometido a diario. “Cuatro personas me pegaban con cables. Me ataban las piernas y me pegaban en las plantas de los pies con un palo. Me daban puñetazos en la cara y patadas. Me golpeaban la cabeza contra el suelo.” También dijo que le metieron la cabeza en un barril de agua y que le aplicaron descargas eléctricas.

Agha declaró que en las sesiones de tortura participaron fuerzas estadounidenses y afganas. También afirmó que cuatro de los ocho presos que estaban recluidos con él murieron bajo custodia estadounidense, y que presenció la muerte de Sayed Muhammed, uno de ellos.

Las investigaciones penales formales sobre muertes de civiles en Afganistán son muy poco frecuentes. Amnistía Internacional sólo tiene información de seis casos desde 2009 en los que se ha juzgado a personal militar estadounidense.

Según el derecho internacional humanitario (las leyes de la guerra), no todas las muertes de civiles ocurridas en un conflicto armado implican una infracción legal. No obstante, si hay datos que indiquen que la muerte de civiles ha sido deliberada o indiscriminada, o parte de un ataque desproporcionado, el incidente exige una investigación sin demora, exhaustiva e imparcial. Si dicha investigación concluye que se violaron las leyes de la guerra, debe iniciarse un enjuiciamiento.

De las decenas de testigos, víctimas y familiares con los que habló Amnistía Internacional durante su investigación para este informe, sólo dos personas dijeron que habían sido entrevistadas por investigadores militares estadounidenses. En muchos de los casos incluidos en el informe, el ejército estadounidense o los portavoces de la OTAN anunciaron que se iba a abrir una investigación, pero no facilitaron más información sobre sus progresos o sus conclusiones, dejando a las víctimas y familiares en la ignorancia.

“Instamos al ejército estadounidense a que investigue inmediatamente todos los casos documentados en nuestro informe, y todos los demás casos de muertes de civiles. Las víctimas y sus familias merecen justicia”, afirmó Richard Bennett.

El principal obstáculo para que se haga justicia a las víctimas afganas y sus familias es el sistema de justicia militar estadounidense, lleno de graves deficiencias.

Este sistema es en esencia una forma de autorregulación impulsada por los mandos militares y, en gran medida, se basa en las versiones de los propios soldados de sus actuaciones para evaluar la legalidad de una operación determinada. Al carecer de un ministerio fiscal independiente, los soldados y mandos deben informar por propia iniciativa de posibles violaciones de derechos humanos. El conflicto de intereses es evidente.

En las excepcionales ocasiones en que un caso llega a la fase de enjuiciamiento, la ausencia de independencia de los tribunales militares estadounidenses suscita gran preocupación. Es muy poco frecuente que se invite a los propios afganos a testificar en estos casos.

“Existe la necesidad urgente de reformar del sistema de justicia militar estadounidense. Estados Unidos debería aprender de otros países, muchos de los cuales han dado pasos gigantescos en los últimos años para dotar de carácter civil a sus sistemas de justicia militar”, concluyó Richard Bennett.

El informe documenta también la falta de transparencia de las investigaciones y enjuiciamientos por homicidios ilegítimos de civiles en Afganistán. El ejército estadounidense oculta los datos globales sobre rendición de cuentas por víctimas civiles y rara vez facilita información sobre casos individuales. El sistema de libertad de información estadounidense, creado para garantizar la transparencia cuando los organismos oficiales no proporcionan información, no funciona efectivamente cuando se trata de víctimas civiles.

Amnistía Internacional insta también al gobierno afgano a que establezca de inmediato su propio mecanismo para investigar los abusos cometidos por las Fuerzas de Seguridad Nacionales Afganas, que asumirán toda la responsabilidad de combate a finales de 2014.

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