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Se pide al Consejo de Derechos Humanos que defienda la justicia internacional para las víctimas del conflicto de Gaza

Momento en el que Steve Crawshaw (a la izquierda de la imagen), miembro del Secretariado Internacional de Amnistía Internacional, entrega al presidente del Consejo de Derechos Humanos, Sihasak Phuangketkeow, la petición firmada por 66.850 personas. © Amnistía Internacional

Londres.- Amnistía Internacional ha entregado hoy un documento al Consejo de Derechos Humanos de la ONU con unas 66.850 firmas para pedirle que este mes dé un paso fundamental para garantizar justicia internacional a las víctimas del conflicto de 2008-2009 en Gaza y el sur de Israel.

 

La petición contiene las firmas recabadas por miembros y simpatizantes de Amnistía Internacional en todo el mundo a lo largo de los dos últimos meses como parte de la campaña en curso de la organización para garantizar justicia a quienes sufrieron las consecuencias del conflicto de Gaza. Los representantes de la organización en Ginebra han entregado la petición a Sihasak Phuangketkeow, presidente del Consejo de Derechos Humanos.

 

En ella se pide al Consejo que adopte en su actual periodo de sesiones una resolución que contribuya a allanar el camino para que el Consejo de Seguridad remita la situación de Gaza a la Corte Penal Internacional, ayudando así a combatir el círculo vicioso de injusticia e impunidad que impera desde hace tiempo en Israel y los Territorios Palestinos Ocupados.

 

La rápida actuación del Consejo de Seguridad para remitir la situación de Libia al fiscal de la Corte contrasta de manera acusada con la escasa disposición mostrada hasta el momento para abordar la situación del conflicto de Gaza, cuyas víctimas llevan más de dos años esperando en vano a que se haga justicia. La aplicación coherente de las normas jurídicas internacionales y la aplicación de los mecanismos de justicia internacionales en todas las situaciones en que se hayan cometido crímenes de guerra y las autoridades nacionales no puedan o no estén dispuestas a actuar es fundamental para la credibilidad del Consejo de Derechos Humanos, la Asamblea General y el Consejo de Seguridad de la ONU.

 

El 21 de marzo, el Consejo de Derechos Humanos estudiará el segundo informe del comité de expertos independientes encargado de evaluar las investigaciones israelíes y palestinas sobre las violaciones graves del derecho internacional cometidas por las fuerzas israelíes y los grupos armados palestinos durante el conflicto, que duró 22 días.

 

La Misión de Investigación de la ONU sobre el Conflicto de Gaza, encargada por el Consejo de Derechos Humanos y dirigida por el juez Richard Goldstone, concluyó en septiembre de 2009 que ambas partes habían cometido crímenes de guerra y posiblemente crímenes de lesa humanidad, y recomendó que se exigiera a las autoridades israelíes y a las autoridades correspondientes de la Franja de Gaza investigar las violaciones graves del derecho internacional humanitario y del derecho internacional de los derechos humanos documentadas por la Misión de la ONU.

 

En caso de que las autoridades no llevaran a cabo investigaciones independientes y acordes con las normas internacionales en el plazo de seis meses, la Misión recomendaba que el Consejo de Seguridad de la ONU remitiera el asunto a la Corte Penal Internacional.

 

El informe anterior del comité de expertos independientes, publicado en septiembre de 2010, coincidía con la evaluación continua de Amnistía Internacional de que las investigaciones tanto de las autoridades israelíes como del gobierno de facto de Hamás no cumplían los criterios internacionales de independencia, imparcialidad, exhaustividad, eficacia y prontitud. El Consejo de Derechos Humanos no tuvo en cuenta el derecho a la justicia de las víctimas y se limitó a votar la ampliación del mandato del Comité otros seis meses y a pedirle que volviera a informar al Consejo en su 16 periodo de sesiones, que comenzaba el 28 de febrero de 2011.


Tanto las autoridades israelíes como las de Hamás han tenido tiempo y oportunidades suficientes para garantizar justicia a las víctimas, pero los han desaprovechado. Ahora es preciso buscar una solución a través de la justicia internacional. Por tanto, Amnistía Internacional ha pedido al Consejo de Derechos Humanos de la ONU que adopte en su 16 periodo de sesiones una resolución que:

  • condene a las autoridades israelíes y al gobierno de facto de Hamás por no llevar a cabo investigaciones verosímiles e independientes ni procesar a los autores de abusos;
  • mencione el informe de septiembre de 2010 y el próximo informe del comité de expertos independientes a la Asamblea General de la ONU, y pida a la Asamblea General que a su vez inste al Consejo de Seguridad a remitir la situación de Gaza a la Corte Penal Internacional;
  • señale que el fiscal de la Corte Penal Internacional todavía no ha pedido a la Sala de Cuestiones Preliminares que determine si la Corte es competente para investigar crímenes de guerra cometidos durante el conflicto de Gaza, de conformidad con una declaración presentada por la Autoridad Palestina: en enero de 2009 por la que aceptaba la competencia de la Corte, y pida que lo haga con carácter urgente; y
  • solicite a los Estados que cumplan con su obligación de investigar y enjuiciar ante sus tribunales nacionales los delitos cometidos durante el conflicto ejerciendo la jurisdicción universal.


Amnistía Internacional lleva meses tratando de convencer a los miembros del Consejo de Derechos Humanos sobre la necesidad de adoptar dicha resolución y sus miembros han organizado manifestaciones públicas y otras actividades de campaña en al menos 18 países para que se sepa en todo el mundo que sigue sin haber rendición de cuentas por los delitos cometidos durante el conflicto de Gaza. La organización va a lanzar un mensaje en vídeo en el que pide al Consejo que aproveche esta ocasión fundamental para promover la justicia y la aplicación coherente del derecho internacional.

 

Información complementaria


La operación “Plomo Fundido”, ofensiva militar masiva llevada a cabo por Israel durante 22 días en la Franja de Gaza, terminó el 18 de enero de 2009 con 1.400 palestinos muertos –la mayoría civiles–, miles de heridos y varios miles más de personas sin hogar. Tanto el brazo militar de Hamás como otros grupos armados palestinos dispararon cohetes y morteros indiscriminadamente sobre el sur de Israel y causaron la muerte de tres civiles israelíes. También resultaron muertos en el conflicto 10 soldados israelíes.

 

Las investigaciones de Israel sobre casos concretos las han realizado las fuerzas armadas israelíes, y las autoridades del país no han dado muestras de obligar a altos cargos militares o civiles a rendir cuentas por las decisiones políticas que dieron lugar a la comisión de graves violaciones del derecho internacional durante el conflicto. Entre los actos que las fuerzas armadas israelíes no han investigado o cuya investigación se ha cerrado sin dar lugar a procesamientos hay ataques contra civiles con armamento de precisión, ataques contra propiedades e infraestructuras civiles y contra instalaciones de la ONU, ataques contra instalaciones y personal médicos, y uso indiscriminado de fósforo blanco. Si bien se ha procesado a cuatro soldados israelíes por cargos penales en tres incidentes, hasta el momento sólo se ha condenado a la cárcel a un soldado en relación con el conflicto tras ser declarado culpable de robo de tarjeta de crédito.

 

El gobierno de facto de Hamás no ha llevado a cabo investigaciones fiables sobre los abusos cometidos por los grupos armados palestinos ni ha mostrado intención de llevar a los responsables de abusos y crímenes de guerra ante los tribunales, ni siquiera por el lanzamiento indiscriminado de cohetes contra territorio israelí.