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Se insta a la ONU a proteger a la población civil de Kivu Septentrional

Mimebros del ejército en la ciudad de Sake, en el norte de Kivu, mientras la población civil abandona sus casas debido a los enfrentamientos entre el ejército y los grupos rebeldes, 30 de abril 2012. © Blattman

El Consejo de Seguridad de la ONU debe pedir al gobierno de Ruanda que deje de prestar apoyo al grupo armado M23 en la provincia congoleña de Kivu Septentrional, ha manifestado Amnistía Internacional, mientras la ONU vuelve a desplegar fuerzas para el mantenimiento de la paz en la principal ciudad del este del país, Goma.

El M23 ha hecho retroceder al ejército del gobierno congoleño en una decidida ofensiva llevada a cabo en los últimos días. La ONU y las autoridades del este de la República Democrática del Congo afirman que Ruanda ha respaldado al grupo armado no estatal M23, algo que Kigali niega.

“Aunque el hecho de que se vuelvan a desplegar tropas de la ONU en Goma para proteger a la población civil es positivo, la situación en Kivu Septentrional es tan tensa que puede degenerar en un conflicto regional si la comunidad internacional no toma medidas urgentes", ha señalado Aster van Kregten, director adjunto de Amnistía Internacional para África.

Amnistía Internacional ha recibido información de numerosas fuentes, según la cual el M23 está utilizando artillería pesada y continúa reclutando a civiles a la fuerza. Según fuentes creíbles, el domingo mató en Bunagana a dos civiles que se negaron a unirse al grupo, mientras que durante los combates resultaron muertos otros dos.

Aunque Ruanda parece haber roto el embargo de armas de la ONU, el Consejo de Seguridad no ha hecho nada para presionar al país a fin de que deje de apoyar al M23, al que recientemente se ha reforzado con artillería pesada y nuevos reclutas.

“El Consejo de Seguridad debe condenar la violación del embargo de armas de la ONU por parte del Ruanda de que se ha tenido noticia y tomar medidas concretas para impedir que se cometan más violaciones de derechos humanos o del derecho internacional humanitario", ha afirmado Van Kregten.

Un informe de la ONU publicado el mes pasado contenía considerables datos que indicaban que altos cargos ruandeses respaldaban al M23, grupo armado dirigido por Bosco Ntaganda, ex general del ejército congoleño sobre el que pesa una orden de detención de la Corte Penal  Internacional.

El grupo armado se da en llamar M23 por un acuerdo de paz fallido que se firmó el 23 de marzo de 2009. Desertó del ejército congoleño en abril de este año en medio de la presión ejercida sobre el gobierno para que detuviera al general Ntaganda.

La Misión de Estabilización de las Naciones Unidas en la República Democrática del Congo (MONUSCO) tiene un sólido mandato que permite el uso de todos los medios necesarios, incluso fuerza mortal, para proteger a los civiles bajo amenaza inminente de violencia física.

Sin embargo, la MONUSCO no ha podido proteger debidamente a los civiles ni ayudar a restablecer la calma en la inestable región de Kivu Septentrional, y, en vez de ello, se ha centrado en prestar apoyo técnico al mal adiestrado ejército congoleño.

Aunque la MONUSCO tiene una presencia en la región, el M23 tomó durante el fin de semana las estratégicas localidades de Rutshuru y Kiwanja sin encontrar ninguna oposición de las fuerzas de la ONU.

“La reciente violencia de Kivu Septentrional ha dado lugar ya a abusos contra los derechos humanos que han afectado a civiles, por lo que, si se intensifica, la situación de riesgo para la población civil será aún mayor”, ha manifestado Van Kregten.

“El futuro de la población del este de la República Democrática del Congo está ahora en manos del Consejo de Seguridad de la ONU principalmente. Es esencial que la MONUSCO utilice ya su mandato para protegerla de manera efectiva.”

Aunque el M23 amenaza con atacar Goma, hay información reciente según la cual también están en el territorio de Rutshuru las Fuerzas Democráticas para la Liberación de Ruanda (FDLR) -cuyos líderes participaron, se cree, en el genocidio de Ruanda de 1994- y otros grupos armados, como los Mayi-Mayi,  lo que agrava aún más el temor de violencia contra civiles.

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