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Se exige justicia por el ataque contra observadores de derechos humanos

Alberta Cariño perdió la vida cuando se dirigía a documentar abusos contra los derechos humanos en la región triqui. © CACTUS

Londres.- Amnistía Internacional reitera su llamamiento a las autoridades federales mexicanas para que investiguen minuciosamente el ataque contra observadores de derechos humanos en el estado de Oaxaca, en el que perdieron la vida dos personas y varias resultaron heridas.

Cerca de 30 personas que participaban en una Caravana Internacional de Observadores de Derechos Humanos fueron emboscadas por hombres armados en la región indígena triqui el martes 27 de abril.

Jyri Antero Jaakola, observador finlandés, y la defensora de derechos humanos de los pueblos indígenas Alberta Cariño –también conocida como Bety o Beatriz– (presidenta de la organización CACTUS en el estado de Oaxaca) perdieron la vida en el ataque.

El periodista David Cilia y el activista Noé Bautista, quienes en un inicio fueron declarados desaparecidos junto con otras cuatro personas, se encuentran entre los heridos.

El grupo, que incluía observadores de Alemania, Italia y Bélgica, se dirigía a documentar abusos sistemáticos de los derechos humanos en la región indígena triqui, y llevaba asistencia humanitaria.

Los periodistas David Cilia y Erika Ramírez, y los activistas Fernando Santiago (de la organización mexicana Brigadas Indígenas), David Venegas y Noé Bautista (del grupo oaxaqueño VOCAL) se escondieron durante dos días después del ataque.

Tras haber esperado varias horas a ser rescatados, David Venegas y Noé Bautista caminaron muchas horas al poblado de Juxtlahuaca para buscar ayuda.

Los hombres armados les dijeron a algunos de los supervivientes del ataque que le llevaran un mensaje a Omar Esparza, esposo de Alberta Cariño y presidente de las organizaciones oaxaqueñas CACTUS y MAIZ: "Dile que se escapó esta vez, pero será el próximo."

Grupos de derechos humanos en México creen que el ataque se relaciona con amenazas previas de grupos armados en la zona.

Las autoridades no acudieron a la escena de la emboscada hasta el día siguiente, invocando razones de seguridad.

El 3 de mayo, las víctimas del ataque presentaron una denuncia ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), por la inacción de las autoridades en el caso y solicitando una revisión de la investigación.

Una delegación de Amnistía Internacional se reunió con personal federal el 29 de abril y solicitó intervenir en la investigación. El viernes 30 de abril, la Procuraduría General de la República (PGR) se asignó la investigación.

La región triqui está poblaba principalmente por grupos indígenas y es una de las más pobres y problemáticas del país. Durante más de 30 años ha sufrido conflictos entre comunidades, en los cuales han muerto decenas de personas. Las autoridades estatales y federales rara vez han actuado para llevar a los responsables ante la justicia.

En abril de 2008, Felícitas Martínez y Teresa Bautista, dos jóvenes indígenas defensoras de los derechos humanos y periodistas perdieron la vida. Nadie fue llevado ante la justicia por este delito. Ambas eran colegas de Alberta Cariño.