Actuamos por los derechos humanos
en todo el mundo

Buscar

¿Se están poniendo todos los medios para luchar contra la violencia de género?

La mayoría de las 20 “Medidas Urgentes” anunciadas por el Gobierno hace seis meses siguen siendo un mero catálogo de intenciones

Madrid.- Dos años después de la plena entrada en vigor de la Ley Integral, las mujeres siguen encontrando obstáculos a la hora de ser protegidas, atendidas y obtener reparación frente a la violencia de género. Esta es la conclusión del informe “Pongan todos los medios a su alcance, por favor”, hecho público hoy por Amnistía Internacional en el marco de un Encuentro de Organizaciones de Mujeres convocado por la organización.

 

Con motivo del segundo aniversario de la ley, y cuando el número de mujeres muertas en lo que va de año ha superado la treintena, el informe analiza las medidas anunciadas por el Gobierno español para la puesta en práctica de la Ley Integral el pasado 15 de diciembre, hace seis meses, cuando hizo público el Plan Nacional de Sensibilización y Prevención de la Violencia de Género Marco Conceptual y Ejes de Intervención, que establece las líneas maestras que deben guiar los dos próximos años de intervención institucional frente la violencia de género y anunció 20 Medidas Urgentes para afrontar el problema. La conclusión es clara: algunos aspectos esenciales previstos por la Ley Integral están aún por desarrollar o se están poniendo en práctica con demasiada lentitud y algunos derechos de las mujeres frente a la violencia de género siguen estando solamente en el papel y no en la realidad.

 

El informe evalúa, además, hasta que punto se han hecho realidad los 18 indicadores propuestos por Amnistía Internacional en junio de 2006, con motivo del primer aniversario de la Ley Integral, para valorar, al final de la presente legislatura, la adecuación de la respuesta institucional a la violencia de género. El resultado es concluyente: más de la mitad de esos 18 indicadores siguen sin ser una realidad.

 

“Esta situación significa, por ejemplo, que no siempre las mujeres disponen de asistencia letrada en el momento de interponer la denuncia; que hay Comunidades Autónomas en las que no tienen un centro de atención integral al que dirigirse; y que las mujeres inmigrantes en situación irregular siguen siendo discriminadas en el acceso a las ayudas y corren el riesgo de ser expulsadas cuando presentan una denuncia por malos tratos”, señaló Eva Suárez-Llanos, Responsable del Departamento de Campañas e Investigación de la Sección española de Amnistía Internacional.

 

La respuesta institucional frente a la violencia de género sigue siendo desigual entre las distintas Comunidades Autónomas y está muy lejos de conseguirse el objetivo de que el conjunto de profesionales involucrados cuenten con una formación especializada sobre el problema. Y colectivos de mujeres especialmente vulnerables o con necesidades específicas, como por ejemplo las mujeres inmigrantes en situación irregular, drogodependientes o con hijos mayores de 12 años no disfrutan en pie de igualdad de los mismos derechos que asisten a otras mujeres víctimas de violencia de género.

 

“La mayoría de las 20 ´Medidas Urgentes´ anunciadas por el Gobierno hace seis meses suponen avances sobre el papel para afrontar un problema que sigue dejando un número de víctimas mortales que no desciende, pero siguen siendo un mero catálogo de intenciones”, añadió Suárez-Llanos. “Sólo una de ellas ha tenido un claro avance: la elaboración de un Protocolo Común Sanitario para la detección de la violencia de género y la atención a las víctimas que finalmente ha sido aprobado; sin embargo, aún queda por definir cómo será conocido y utilizado por el personal sanitario involucrado.”

 

Amnistía Internacional sigue reclamando un enfoque de derechos humanos para afrontar la violencia de género, contrario a cualquier tipo de desigualdad territorial y discriminación basada en circunstancias personales. La organización insta al Gobierno español, a las Comunidades Autónomas y al Poder Judicial a poner todos los medios a su alcance para garantizar que los derechos previstos en las leyes se hagan realidad y a poner en práctica, para ello, el conjunto de recomendaciones que se exponen en este informe.

 

 

Encuentro de Organizaciones de Mujeres

El informe se ha presentado hoy en el marco de un Encuentro de Organizaciones de Mujeres   convocado por Amnistía Internacional, en el que organizaciones que trabajan sobre la violencia de género y profesionales de diversos ámbitos (sanitario, policial, jurídico y asistencial)  han debatido hoy sobre las dificultades a las que se enfrentan las víctimas en su búsqueda de protección, atención y justicia.

 

“Cualquiera que escuche a las víctimas de violencia de género sabrá que hay que mejorar la calidad de los recursos que se ofrecen a estas mujeres y asegurar la formación de todo el personal de los centros. Además, no están adaptados para mujeres con discapacidad, mayores o personas con problemas de salud mental o drogodependientes. Las mujeres inmigrantes, que tienen dificultades con el idioma, no conocen sus derechos, están aisladas y no cuentan con una red de apoyo social siguen siendo doblemente discriminadas. Y sus menores, los grandes olvidados”, señaló Amparo de Píñar Prats, desde el año 2003 representa a la Asociación de Mujeres contra la Violencia de Género CONVIVE, de Granada.

 

Consuelo Abril, presidenta de la Comisión de Investigación de Malos Tratos a mujeres indicó: “En primer lugar, nos preocupa la falta de medidas de prevención. En el ámbito de la sanidad, el personal cuenta con escasa formación sobre violencia de género y no tiene conocimiento sobre los indicadores que deben aplicar para detectarla en las mujeres que asisten a atención primaria o centros de urgencias. En segundo lugar, venimos asistiendo con preocupación a que se responsabilice a la mujer víctima de violencia de su incapacidad para responder a la violencia que se ejerce contra ella. Hay que recordar que el delito de violencia de género es perseguible de oficio, y las medidas que contiene la orden de protección se pueden adoptar de oficio sin necesidad de ser ratificadas por parte de la víctima, e incluso sin que sean solicitadas”.

 

“En nuestra experiencia diaria continuamos asistiendo a la revictimización por parte de algunos y algunas profesionales de la abogacía: los criterios de acceso a lo turnos de oficio específico son poco claros y la formación sigue siendo deficiente. Lo mismo ocurre con la formación de los equipos de valoración adscritos a los Juzgados. Hay que invertir mucho más para que la formación específica alcance al conjunto de profesionales involucrados”, señaló Marian García Cuesta, Directora de la Asociación Aizán, que trabaja desde 1999 en distintos campos de los servicios sociales.

 

Las organizaciones mencionadas, junto con Miriadas –una asociación de mujeres víctimas de violencia de género de Huelva– y ADAVAS - Asociación de Ayuda a  Víctimas de Agresiones Sexuales y Violencia Doméstica de León, que también participaron en el encuentro, coincidieron con Amnistía Internacional en que es urgente dar pasos concretos y poner todos los medios necesarios para que los derechos de las mujeres se hagan realidad.