Londres.- Las autoridades de Bahréin deben anular las penas de muerte impuestas a dos activistas por el presunto homicidio de dos agentes de policía durante las manifestaciones contra el gobierno celebradas este año, ha manifestado hoy Amnistía Internacional.
El Tribunal de Seguridad Nacional de Apelación de Bahréin confirmó el domingo las penas de muerte impuestas a Ali Abdullah Hassan al Sankis y Abdelaziz Abdelridha Ibrahim Hussain. El tribunal conmutó por cadena perpetua las penas de muerte impuestas a otros dos hombres acusados junto a los dos citados.
“La confirmación de las penas de muerte impuestas a estos dos hombres resulta muy preocupante. Aunque el gobierno de Bahréin tiene la responsabilidad de proteger a la población y poner a disposición judicial a los responsables de cometer delitos violentos, el gobierno no debe permitir que se lleven a cabo estas ejecuciones.”
“La pena de muerte es la forma más extrema de trato cruel e inhumano, a la que no se debe recurrir bajo ninguna circunstancia.”
“Instamos al rey Hamad bin Issa Al Khalifa a no firmar la orden de ejecución de estos dos manifestantes, y a conmutar sin demora la pena que les ha sido impuesta”, ha manifestado Malcolm Smart, director del Programa para Oriente Medio y el Norte de África de Amnistía Internacional.
“La ejecución de estos dos hombres supondría un paso sin vuelta atrás, y agravaría aún más la crisis de derechos humanos que ya sufre Bahréin.”
Estos dos hombres fueron declarados culpables, junto con otros tres, del asesinato premeditado de dos agentes de policía al atropellarlos con un vehículo el 16 de marzo.
Ese día, a raíz de la declaración el 15 de marzo por parte del rey del estado de excepción —al que se denominó Estado de Seguridad Nacional—, las fuerzas de seguridad lanzaron una nueva campaña de represión violenta contra las manifestaciones contra el gobierno, después de traer tropas de Arabia Saudí para ayudar a sofocar las protestas.
Aunque se trata de civiles, los cinco acusados fueron juzgados a puerta cerrada ante un tribunal militar especial, el Tribunal de Seguridad Nacional.
Los dos hombres podrían ser ejecutados en los próximos días si el Tribunal de Casación de Bahréin, que estudia únicamente cuestiones de procedimiento, confirma sus penas y el rey las ratifica.
En Bahréin las ejecuciones se llevan a cabo normalmente mediante pelotón de fusilamiento.
Por otra parte, un prominente activista de los derechos humanos denunció que habían arrojado botes de gases lacrimógenos al interior de su vivienda, poniendo en peligro a su familia.
Nabeel Rajab, director del proscrito Centro de Derechos Humanos de Bahréin, denunció que a causa de las bombas de gases lacrimógenos arrojadas al interior de su vivienda a primera hora de la mañana del sábado su hermano, su esposa y su hija estuvieron a punto de asfixiarse antes de que pudiesen recibir ayuda para ponerse a salvo.
El ataque del sábado fue el segundo perpetrado contra la vivienda de Nabeel al Rajab en cuestión de semanas. En abril, al parecer, miembros de las fuerzas de seguridad, o personas que actuaban en su nombre, arrojaron gases lacrimógenos al interior de su vivienda y de la de su madre. No se ha detenido a nadie por este ataque.
Las autoridades han prohibido a Nabeel Rajab salir del país debido al papel que ha desempeñado en sacar a la luz y hacer campaña contra las violaciones de derechos humanos cometidas en Bahréin.
Amnistía Internacional insta al gobierno de Bahréin a llevar a cabo una investigación independiente sobre el último ataque perpetrado contra Nabeel Rajab y levantar todas las restricciones que se le hayan impuesto.
