Amnistía Internacional ha pedido hoy a las autoridades de la segunda ciudad más importante de Rusia que no aprueben un proyecto de ley homófobo que, según afirma, pondría en peligro la libertad de expresión y favorecería la discriminación de la comunidad de lesbianas, gays, bisexuales, intersexuales y personas transgénero (LGBTI) de la ciudad.
El proyecto de ley, que la asamblea municipal de San Petersburgo aprobó prácticamente por unanimidad el miércoles, en la primera de tres lecturas, prohíbe en la práctica los actos públicos convocados por personas LGBTI y organizaciones de esta comunidad so pretexto de proteger a los menores de edad.
Si se promulga, esta ley permitirá a las autoridades imponer multas de hasta sumas equivalentes a 1.600 dólares estadounidenses por “actos públicos destinados a hacer propaganda de la sodomía, el lesbianismo, la bisexualidad y la transexualidad entre los menores de edad.”
“Este proyecto de ley es un intento apenas velado de legalizar la discriminación de lesbianas, gays, bisexuales y personas transgénero en la segunda ciudad más importante de Rusia" afirma Nicola Duckworth, directora del Programa de Amnistía Internacional para Europa y Asia Central. “La idea de que los activistas de los derechos de la comunidad LGBTI estén transformando a la juventud rusa mediante ‘propaganda’ sería ridícula si los posibles efectos de esta nueva ley no fueran tan peligrosos ni tuvieran tanta repercusión”.
Los activistas locales de los derechos de personas LGBTI han arremetido contra esta ley por considerar que proporcionará coartada legal para prohibir cualquiera de sus actos, incluida la distribución de folletos informativos y hasta iniciativas contra la homofobia.
Con arreglo a lo establecido en esta ley, la libertad de expresión y de reunión para los grupos LGBTI estarían prohibidas en cualquier lugar en que hubiera menores de edad presentes. Eso descartaría prácticamente todos los actos públicos organizados por personas y organizaciones LGBTI o en su favor.
Toda publicación relacionada con los derechos de personas LGBTI o en la que se ofreciera asistencia o asesoramiento, incluidos folletos informativos y publicaciones en medios impresos y en Internet, también estaría sujeta a graves restricciones.
Otras regiones rusas también tienen previsto prohibir la “propaganda a favor de la homosexualidad”, entre ellas Moscú y Arkhangelsk. La región de Riazan ya ha aprobado legislación al efecto.
Aunque los actos sexuales realizados de común acuerdo entre personas del mismo sexo fueron despenalizados en Rusia en 1993, las personas LGBTI aún se enfrentan a discriminación y violencia generalizadas.
Los intentos de los activistas LGBTI de organizar marchas del Orgullo, festivales culturales y otros actos en San Petersburgo y otras ciudades importantes han sido contestados con trabas burocráticas por las autoridades y con violencia por los grupos homófobos, que incluyen a personas vinculadas a la Iglesia Ortodoxa. Los ataques violentos perpetrados contra activistas LGBT casi siempre quedan impunes.
“Legislación como la propuesta en San Petersburgo no haría sino marginar todavía más a las personas LGBTI, y no debe prosperar” ha manifestado Nicola Duckworth.
“En lugar de intentar imponer restricciones a la libertad de expresión y de reunión de las personas LGBTI, las autoridades rusas deberían hacer más para salvaguardar sus derechos y protegerlas de la discriminación y la violencia.”