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Saif al Islam al Gadafi debe ser entregado a la CPI

Saif al-Islam al-Gaddafi comparece en su propio juicio por circuito cerrado de televisión. © MAHMUD TURKIA/AFP/Getty Images

Las autoridades libias deben entregar de inmediato a Saif al Islam al Gadafi a la Corte Penal Internacional (CPI) para que sea juzgado por crímenes contra la humanidad. Así lo ha manifestado Amnistía Internacional, tras la decisión de la Corte de proceder con su enjuiciamiento.

La mayoría de la Sala de Apelaciones de la CPI ha rechazado hoy los cuatro argumentos de apelación presentados por el gobierno libio y ha confirmado la decisión anterior de la Sala de Cuestiones Preliminares de que Saif al Islam al Gadafi sea juzgado por la CPI. Entre los motivos de la negativa se encuentra el hecho de que el gobierno no ha demostrado que Saif al Islam al Gadafi se enfrente sustancialmente en los tribunales nacionales a los mismos cargos a los que se enfrentaría en la CPI.

“La decisión de la Sala de Apelaciones de la CPI supone un paso crucial para impartir justicia a las víctimas de crímenes contra la humanidad cometidos durante el levantamiento libio de 2011 y el conflicto armado que le siguió. Las autoridades libias deben entregar de inmediato a Saif al Islam al Gadafi a la CPI para que su juicio pueda finalmente comenzar”, ha manifestado Solomon Sacco, alto asesor jurídico de Amnistía Internacional.


“Hasta el momento, Libia se ha negado a entregar a Saif al Islam al Gadafi a la CPI. Si sigue negándose, la comunidad internacional –especialmente el Consejo de Seguridad de la ONU, que remitió la situación de Libia al fiscal de la CPI– debe exigir a Libia que cumpla con sus obligaciones legales a ese respecto.”


Amnistía Internacional pide a las autoridades libias que cooperen plenamente con la CPI para garantizar que sus juicios son transmitidos a la población libia y que las víctimas pueden ejercer su derecho a participar en los procedimientos y pedir reparación.

Las autoridades libias deben tomar todas las medidas a su alcance para restablecer un sistema efectivo de justicia nacional que respete y garantice el derecho de todos los sospechosos a un juicio justo y deben abolir la pena de muerte. Ante el deterioro de la seguridad en el país, Amnistía Internacional pide a la comunidad internacional que intensifique su apoyo a las autoridades libias para el establecimiento del Estado de derecho.

Stephanie Barbour, directora del Centro de Justicia Internacional de Amnistía Internacional, asistió al anuncio de la sentencia de la Sala de Apelaciones y está disponible para hacer comentarios (en La Haya). También lo están Tawanda Hondora (en Johanesburgo), Solomon Sacco (en Londres) y Jonathan O’Donohue (en Australia).

Información complementaria

Saif al Islam al Gadafi ha sido acusado por la CPI de cometer crímenes contra la humanidad en 2011, durante los intentos por sofocar el levantamiento que tuvo lugar contra el gobierno de su padre, el coronel Muamar al Gadafi, entre el 15 de febrero y, al menos, el 28 de febrero de 2011.

En Libia se enfrenta a una serie de cargos relacionados con su presunta conducta de incitar u ordenar delitos cometidos durante los disturbios civiles que se iniciaron el 15 de febrero de 2011 y el conflicto armado que los siguió. Entre los cargos se encuentran –aunque no exclusivamente– bombardeo indiscriminado, abrir fuego contra manifestantes y participación en actos de vandalismo, saqueo y homicidio. Algunos de esos cargos están castigados con la pena capital en virtud de la legislación libia, una pena a la que Amnistía Internacional se opone en todas las circunstancias y considera cruel, inhumana y degradante. Además, la organización considera que Libia no es capaz de garantizar que Saif al Islam al Gadafi es juzgado en un juicio justo y, por tanto, cree que debería ser juzgado por la CPI.

Amnistía Internacional siente preocupación porque la grave situación de la seguridad en el país amenaza con socavar el funcionamiento del sistema de justicia. Saif al Islam al Gadafi permanece desde noviembre de 2011 en poder de la Brigada Abu Baker al Siddiq en la localidad de Zintan y durante ese tiempo no se han respetado sus derechos. La milicia que lo tiene recluido se ha negado a entregarlo a la custodia del gobierno. Saif al Islam al Gadafi permanece recluido en régimen de aislamiento y, durante los primeros 21 meses de su detención, no tuvo acceso a un abogado. Fue interrogado sin la presencia de un abogado, en contra de lo dispuesto por el Código de Procedimiento Penal libio, y no compareció en ninguna de las sesiones de la Sala de Acusación durante la etapa previa de los procedimientos, entre el 19 de septiembre y el 24 de octubre de 2013. En la actualidad, no tiene acceso a un abogado en el juicio que está teniendo lugar contra él en Trípoli.

El 14 de noviembre de 2013, el Grupo de Trabajo de la ONU sobre la Detención Arbitraria concluyó que la detención de Saif al Islam al Gadafi en Zintan era arbitraria y pidió al gobierno libio que tomara medidas para interrumpir tanto los procedimientos nacionales contra él como su detención en virtud de esos procedimientos. El Tribunal Africano de Derechos Humanos y de los Pueblos también ha pedido a Libia que garantice que Saif al Islam al Gadafi tiene acceso a un abogado de su elección y que se abstenga de llevar a cabo procedimientos judiciales que le puedan causar un daño irreparable.

La preocupación de Amnistía Internacional se ve exacerbada por los cambios introducidos recientemente en la legislación nacional
con el fin de permitir que se utilicen los medios modernos de comunicación para conectar a un acusado con la sala de juicios si se teme por su seguridad o por la posibilidad de que escape. El 14 de abril, un tribunal de Trípoli ordenó que Saif al Islam al Gadafi fuera juzgado mediante conexión de vídeo, junto con otros acusados en su misma causa. Amnistía Internacional cree que la comparecencia de Saif al Islam al Gadafi por conexión de vídeo no sólo mina su derecho a estar presente en su propio juicio, sino que además obstaculiza la capacidad del juez de evaluar el trato que ha recibido bajo custodia e indica la incapacidad del tribunal de hacer valer su autoridad sobre el acusado.