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Rusia: La sentencia del Pleno del Tribunal Supremo, un atisbo de esperanza para el derecho de manifestación

ALEXANDER UTKIN/AFP/Getty Images

En respuesta a la sentencia del Pleno del Tribunal Supremo ruso hecha pública hoy respecto a dar orientación a los tribunales inferiores que atienden casos relativos a reuniones públicas, Anastasia Kovalevskaya, investigadora de Amnistía Internacional sobre Rusia, ha declarado:

Se trata de una sentencia muy esperada que, confiamos, proporcionará salvaguardias muy necesarias para quienes se manifiestan pacíficamente en Rusia, especialmente las resoluciones dirigidas a reducir los arrestos y las detenciones administrativas. A lo largo del último año y medio, hemos documentado numerosos casos de personas a las que les han negado su derecho fundamental a celebrar reuniones pacíficas.”

“Sin embargo, esta sentencia no significará nada a menos que se aplique de forma efectiva. Y se trata únicamente de una medida a medias, ya que se necesita un trabajo exhaustivo y meticuloso para conformar al derecho y las normas internacionales de derechos humanos la legislación rusa sobre reuniones públicas.”

“Reiteramos nuestro llamamiento a las autoridades rusas para que retiren todas las políticas restrictivas sobre reuniones públicas y dejen de tratar la libertad de reunión como un privilegio que pueden otorgar o denegar a la población rusa.”

Información complementaria

El miércoles 27 de junio, el Pleno del Tribunal Supremo acordó por primera vez proporcionar orientación para los casos administrativos relativos a la libertad de reunión.

La sentencia incluye varias recomendaciones progresistas respecto a los tribunales inferiores, como la de reducir únicamente a casos extraordinarios su capacidad de imponer detenciones administrativas, actualmente muy utilizadas contra personas que se manifiestan pacíficamente.

La sentencia declara que la petición de las autoridades de cambiar la hora y el lugar de las protestas debería ser realista, y la hora y el lugar alternativos deberían servir a su fin legítimo.

También declara que persuadir a la fuerza a empleados y empleadas para que se unan a protestas puede constituir un delito penal.

Otros puntos de la sentencia siguen siendo restrictivos, como la propuesta de que las reuniones en lugares privados sean sometidas a la aprobación de las autoridades y que la existencia de varios piquetes individuales que tengan el mismo mensaje se consideren una reunión pública.

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