En el último año, las autoridades de la región del Kurdistán de Irak han reprimido de manera implacable la labor de periodistas, activistas y manifestantes que ejercían su derecho a la libertad de expresión, sometiendo a estas personas a detenciones arbitrarias y desapariciones forzadas, entre otras cosas; así lo ha afirmado hoy Amnistía Internacional. La represión, que comenzó en marzo de 2020, se intensificó tras la celebración de protestas generalizadas en agosto de ese año en las que se pedía el fin de la corrupción y mejores servicios públicos.
“Las autoridades de la región del Kurdistán de Irak han iniciado una escalofriante campaña de represión para tratar de acallar las críticas este último año. Han detenido a activistas y periodistas y los han procesado por cargos falsos en juicios injustos, y han sometido a hostigamiento e intimidación a sus familiares, que no recibieron información alguna sobre la situación de sus seres queridos”, ha declarado Lynn Maalouf, directora adjunta de Amnistía Internacional para Oriente Medio y el Norte de África.
“Las autoridades de la región del Kurdistán de Irak deben poner fin a la represión y poner inmediatamente en libertad a todas las personas que han sido detenidas arbitrariamente. Asimismo, deben abstenerse de utilizar leyes imprecisas y mal definidas para restringir el derecho a la libertad de expresión y de reunión pacífica.”
La organización investigó los casos de 14 personas de Badinan, en la gobernación de Duhok, detenidas arbitrariamente entre marzo y octubre de 2020 por fuerzas de la Asayish (los servicios de seguridad e inteligencia del Gobierno Regional del Kurdistán) y de la Parastin (los servicios de inteligencia del Partido Democrático del Kurdistán) en relación con su participación en protestas, sus críticas a las autoridades locales o su labor periodística. Todas estas personas fueron recluidas en régimen de incomunicación durante hasta cinco meses, y al menos seis de ellas fueron objeto de desaparición forzada durante periodos de hasta tres meses. Ocho de ellas afirmaron haber sido sometidas a tortura u otros malos tratos durante su detención. El 16 de febrero de 2021, cinco de ellas fueron condenadas a seis años de prisión sobre la base de “confesiones” obtenidas bajo coacción.
Amnistía Internacional habló con personas que estuvieron detenidas, profesionales de la abogacía, personas que trabajan por los derechos humanos y periodistas, y examinó documentos judiciales. La organización documentó el uso de tres leyes que se han empleado para detener y enjuiciar a estos activistas, a saber, la Ley núm. 21 sobre cuestiones de seguridad nacional, una ley contra la difamación y una ley sobre el uso indebido de la electrónica, que contienen definiciones imprecisas y excesivamente generales de delitos que no están reconocidos por el derecho internacional.
Sólo en la gobernación de Duhok, las fuerzas de seguridad kurdas detuvieron a más de 100 personas entre marzo de 2020 y abril de 2021. La mayoría de ellas quedaron posteriormente en libertad, pero al menos 30 permanecen detenidas, entre ellas los cinco activistas y periodistas ya condenados.
“El ejercicio pacífico de la libertad de expresión y el periodismo no son delito. Muchas de las personas detenidas fueron juzgadas por cargos falsos, y algunas de las personas liberadas han huido de un clima de miedo cada vez más acusado en la región, donde incluso se ha visto cómo eran objeto de amenazas y hostigamiento familiares de activistas, periodistas y manifestantes”, ha sostenido Lynn Maalouf.
