Reacción de Amnistía Internacional al informe del Consejo de Europa sobre “entregas extraordinarias”

Londres.- En respuesta al segundo informe del Comité de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos del Consejo de Europa, que confirma que la CIA ha administrado centros de detención secretos en Polonia y Rumania y tal vez en otros Estados miembros del Consejo de Europa, Amnistía Internacional ha dicho:“Amnistía Internacional aplaude el informe y el extraordinario trabajo de investigación llevado a cabo por la oficina del señor Marty para desentrañar la oculta verdad sobre el programa de detención secreta dirigido por Estados Unidos. Ahora que ya está clara la complicidad europea, creemos que es hora de que los Estados analicen larga y concienzudamente cómo el mal uso del secreto de Estado y la doctrina de la seguridad nacional los ha llevado a ‘un lodazal legal y moral’, donde la detención secreta, la tortura y otros abusos graves pueden ser perpetrados con impunidad”. El informe refuerza el descubrimiento por parte de Amnistía Internacional de que tres personas que estuvieron detenidas en secreto y cuyos casos fueron ampliamente documentados hace más de un año, habían estado recluidas en un “lugar negro” del este del Europa.El senador suizo Dick Marty, que dirige el Comité de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa, ha dejado claro que la connivencia de las más altas instancias gubernamentales con Estados Unidos no sólo se produjo en los países implicados más directamente en el programa de detención secreta, sino en todos los miembros y socios de la OTAN, que aceptaron condiciones que daban vía libre a las operaciones de la CIA. Su informe deplora el hecho de que muchos gobiernos se acojan a las nociones de secreto de Estado o seguridad nacional para obstruir procedimientos judiciales o parlamentarios encaminados a garantizar la rendición de cuentas del ejecutivo en relación con graves denuncias de violaciones de derechos humanos.Amnistía Internacional apoya de plano la postura de que “el terrorismo puede y debe ser combatido por métodos acordes con los derechos humanos y el Estado de derecho”, y pide que los Estados Unidos y los Estados europeos pongan fin a las ‘entregas’ y la detención secreta, lleven a cabo investigaciones exhaustivas e independientes sobre estas prácticas, pongan a disposición judicial a los responsables de los abusos y ofrezcan reparación a las víctimas.