Las autoridades de la República Democrática del Congo han llevado a cabo una represión sistemática de quienes se oponen a la pretensión del presidente Joseph Kabila de continuar en el poder después de su segundo mandato, que es el plazo máximo que permite la Constitución; así lo ha afirmado hoy Amnistía Internacional. En un nuevo informe, titulado Dismantling dissent: DRC’s repression of expression amidst electoral delays, Amnistía Internacional afirma que el gobierno de la República Democrática del Congo está utilizando las instituciones del Estado para impedir organizarse y expresarse a las personas que se oponen a que el presidente Kabila prolongue su permanencia en el cargo. El gobierno está violando el derecho a la libertad de expresión, asociación y reunión pacífica de políticos de la oposición y activistas en favor de la democracia, y al mismo tiempo está expulsando a investigadores extranjeros y amenazando con el cierre a las organizaciones de derechos humanos que vigilan estos abusos”, ha manifestado Sarah Jackson, directora regional adjunta de Amnistía Internacional para África Oriental, el Cuerno de África y los Grandes Lagos. “Esta campaña de acoso e intimidación contra las voces disidentes es una burla de la propia Constitución de la República Democrática del Congo, así como de su compromiso internacional de respetar, proteger y realizar los derechos a la libertad de expresión, de asociación y de reunión pacífica.” Autoridades locales de tres sitios distintos han impuesto una prohibición general de las manifestaciones e incluso han interrumpido reuniones de partidos políticos de oposición que se estaban celebrando en lugares cerrados. Numerosas manifestaciones de protesta de la oposición se han declarado no autorizadas, mientras que las manifestaciones de apoyo a la coalición del gobierno han podido celebrarse libremente, facilitadas por la policía y las autoridades municipales. Dirigentes políticos que salieron de la coalición gobernante por estar en desacuerdo con la duración del mandato han sufrido represalias. Moise Katumbi, político y destacado empresario, sufrió la persecución de las autoridades poco después de declarar su intención de competir contra el presidente Kabila en las próximas elecciones. Seguidamente fue acusado de contratar a mercenarios y de vender una casa que no le pertenecía. Salió del país para recibir tratamiento médico y, en junio de 2016, fue condenado in absentia a tres años de prisión y una multa de un millón de dólares estadounidenses. Continúa viviendo en el exilio. Martin Fayulu, parlamentario que se ha destacado en la campaña en contra de que el presidente Kabila se presente a un tercer mandato, fue detenido en febrero de 2016 cuando estaba movilizando a gente en la capital, Kinshasa, para que participara en la Ville Morte, la huelga general convocada por la oposición para protestar por los retrasos electorales. Fue liberado esa misma tarde pero, según contó a Amnistía Internacional, su vehículo, material de campaña y otros objetos personales siguen confiscados. “El gobierno de la República Democrática del Congo está conculcando sus obligaciones regionales e internacionales en materia de derechos humanos. Negar a las personas su derecho a la libertad de expresión puede desencadenar la violencia en un contexto político ya tenso”, ha afirmado Sarah Jackson. “La comunidad internacional, incluidos los socios regionales de la República Democrática del Congo, deben exhortar a las autoridades congoleñas a terminar cuanto antes con esta ola de represión y a poner en libertad incondicional a todas las personas detenidas por motivos políticos y retirar los cargos en su contra.”
