Primera ejecución desde la caída de los talibanes

Londres.- Amnistía Internacional ha expresado hoy 26 de abril su consternación ante la noticia de la primera ejecución judicial llevada a cabo en Kabul desde la caída del régimen talibán. Abdullah Shah, jefe militar de Paghman, fue ejecutado aproximadamente el 19 de abril. Amnistía Internacional ha instado al presidente Karzai a declarar una suspensión formal de las ejecuciones con arreglo a las garantías que se le ofrecieron a la organización en el 2003. A lo largo del año pasado, Amnistía Internacional documentó extensamente los múltiples defectos del sistema de justicia penal en Afganistán. Dicho sistema es actualmente incapaz de satisfacer las salvaguardias más elementales que requiere la celebración de un juicio justo, como ha recalcado la relatora especial de la ONU sobre las ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias tras su labor de observación del proceso judicial contra Abdullah Shah. Amnistía Internacional teme que la ejecución de Abdullah Shah haya sido un intento de poderosos actores políticos para eliminar a un testigo clave de los abusos cometidos. Según la información recibida, durante su detención Abdullah Shah había revelado información de primera mano contra varios jefes regionales que actualmente ocupan puestos de poder y contra los cuales no se ha formulado cargo alguno. Estas personas se encuentran entre varias decenas de afganos implicados en delitos graves, que incluyen crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad. Al no existir un mecanismo imparcial e independiente competente sobre estos delitos, la mayoría de los acusados no han comparecido ante un tribunal y siguen ocupando puestos de autoridad desde los que continúan amenazando a la población afgana. Esto constituye motivo de especial preocupación en el contexto de las próximas elecciones, previstas para septiembre de 2004, ya que al parecer varios de estos individuos optarán a un cargo político. Información general El pasado mes de septiembre Amnistía Internacional escribió al presidente Karzai en relación con la causa de Abdullah Shah, después de que unos delegados de la organización hubieron presenciado algunos de los procedimientos de su juicio y considerado que distaban mucho de reunir las garantías que exigen las normas internacionales en varios aspectos. De acuerdo con dichas normas, entre ellas el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, del que Afganistán es Estado Parte, toda persona acusada de delitos punibles con la muerte debe estar representada por un abogado en todas las etapas del proceso. Sin embargo, Abdullah Shah no contó con asistencia letrada en su juicio. El derecho a una vista pública es otra de las garantías básicas para la imparcialidad y la independencia del proceso judicial. Pero la causa de Abdullah Shah se vio en una “sala especial” que no fue abierta al público. Además, las normas internacionales contienen directrices relativas a los que entienden de las causas y disponen que la primera garantía institucional de un juicio justo es que las decisiones sean adoptadas por tribunales competentes, independientes e imparciales establecidos conforme a la ley. En el caso de Abdullah Shah, el juez presidente en el juicio inicial fue presuntamente relevado por aceptar un soborno, y, según informes, el segundo juez impuso precipitadamente la pena capital presionado por el Tribunal Supremo. Todo individuo acusado de un delito tiene derecho, durante el juicio, a interrogar o hacer interrogar a los testigos de cargo y a obtener la comparecencia de los testigos de descargo y que éstos sean interrogados en las mismas condiciones que los testigos de cargo, tal y como establece el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Sin embargo, en el caso de Abdullah Shah, aunque el grueso de las pruebas en su contra lo formaban 23 denuncias escritas, no hubo opción de repreguntar. Las normas internacionales establecen también que deben quitarse las medidas de inmovilización al detenido o preso cuando éste comparezca ante una autoridad judicial para no socavar la presunción de inocencia. Abdullah Shah llevó grilletes con barras durante todo el juicio. Además, alegó ante el tribunal que lo habían obligado a firmar una confesión y que lo habían torturado bajo custodia, señalando las heridas que le habían producido los grilletes, así como lesiones en los dientes y una mano. Cuando se denuncia que una declaración ha sido obtenida mediante tortura, tal denuncia debe ser examinada sin demora y con imparcialidad por las autoridades competentes, jueces incluidos. Sin embargo, según la información de que dispone Amnistía Internacional, no se llevó a cabo una investigación. En octubre de 2002, la relatora especial de la ONU sobre las ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias, tras su labor de observación del proceso judicial contra Abdullah Shah, afirmó que la falta de capacidad del sistema judicial nacional había sido señalada y ciertamente observada por ella una y otra vez durante un juicio de mucha repercusión. A la relatora le preocupaba que las salvaguardias y restricciones contenidas en las normas internacionales sobre la imposición de la pena capital no se podían cumplir en esa etapa y, por lo tanto, instaba a la suspensión de esa pena y de todas las ejecuciones pendientes hasta que pudieran cumplirse dichas normas. En el 2003, la Comisión de Derechos Humanos de la ONU solicitó a la Autoridad de Transición de Afganistán que “declare una moratoria para la pena de muerte en vista de los defectos de procedimiento y de fondo del sistema judicial afgano”.