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Preocupación ante el aumento de la violencia

Londres.- Amnistía Internacional ha condenado el atentado con bomba de ayer en Jerusalén, dirigido claramente contra la población civil israelí, y ha pedido a Israel que deje de bombardear con fuego de mortero zonas de viviendas tras su ataque de esta semana contra la ciudad de Gaza, en el que murieron cuatro civiles palestinos.


El atentado con explosivos perpetrado ayer en una parada de autobús del centro de Jerusalén mató a una ciudadana británica e hirió a más de 30 personas, tres de ellas de gravedad. Ningún grupo se ha atribuido su autoría, pero el lugar donde se produjo y la composición del explosivo indican que fue concebido para causar graves daños entre la población civil. La bomba, que según los informes contenía perdigones de acero, iba en una bolsa que alguien dejó en una abarrotada parada de autobús cercana al Centro Internacional de Convenciones de Jerusalén y a la estación central de autobuses de la ciudad. Se trata del primer atentado con explosivos perpetrado en Jerusalén desde 2004.


Amnistía Internacional recuerda una vez más que el derecho internacional prohíbe de forma terminante todos los ataques que tengan como objetivo la población civil, sea cual sea el momento y el lugar donde se produzcan, así como sus autores.

 

Ataques entre palestinos e israelíes


El atentado de Jerusalén se produce tras el reciente recrudecimiento del lanzamiento indiscriminado de cohetes contra el sur de Israel por grupos armados palestinos y tras numerosos ataques israelíes contra la Franja de Gaza. Desde el sábado, los bombardeos artilleros y aéreos de Israel han matado a seis civiles palestinos en Gaza, cuatro de ellos menores, y a cuatro combatientes de las Brigadas Al Quds, el brazo armado de la Yihad Islámica. También a consecuencia de estos ataques israelíes han resultado heridos más de 25 palestinos, en su mayoría civiles y 11 de ellos menores, y ha habido graves daños en propiedades e infraestructuras eléctricas.


A Amnistía Internacional le preocupa mucho que en al menos un reciente ataque contra Gaza el ejército israelí no haya distinguido entre combatientes y población civil. El 22 de marzo, las fuerzas israelíes dispararon cuatro proyectiles de mortero “Keshet” contra el populoso barrio de Al Shujaiya de la ciudad de Gaza. El tercero de los proyectiles impactó junto a la vivienda de la familia Al Hilu, alcanzando a un grupo de niños y jóvenes que jugaban al fútbol y matando a dos de ellos. El cuarto proyectil mató a un hombre y a su nieto, que trababan de evacuar a los heridos. Otros 11 civiles resultaron heridos por la metralla, tres de ellos al menos gravemente. La mayoría de los heridos eran miembros de la familia Al Hilu, y ocho eran menores.


El ejército de Israel expresó en una declaración que lamentaba estas víctimas civiles y que se estaba investigando el incidente, pero también culpó a Hamás por “utilizar a la población civil como escudo humano”. Aunque las fuerzas israelíes hubieran lanzado los proyectiles en respuesta a disparos de grupos armados palestinos, el uso de un arma tan imprecisa como el mortero en una zona de viviendas densamente poblada habría conculcado la obligación de Israel, en virtud del derecho internacional humanitario, de tomar las precauciones necesarias para proteger a la población civil. Amnistía Internacional pide a las autoridades de Israel que abran una investigación independiente sobre el incidente y pongan fin al bombardeo de zonas de viviendas con proyectiles de mortero.


Información complementaria


No es ésta la primera vez que las fuerzas israelíes bombardean con morteros zonas civiles densamente pobladas. El 6 de enero de 2009, durante la operación “Plomo Fundido”, los proyectiles de mortero “Keshet” de Israel cayeron cerca de una escuela de la Agencia para la Ayuda a los Refugiados Palestinos (UNRWA) en el campo de refugiados de Jabalia , matando a más de 30 civiles que se refugiaban en el edificio en aquel momento. El incidente fue ampliamente investigado por Amnistía Internacional y por una comisión de investigación de la ONU en aquel momento, y el ejército israelí también abrió una investigación. En julio de 2010, en la segunda actualización sobre sus investigaciones acerca de la operación de Gaza, Israel informó de que, tras la investigación del incidente por parte del ejército, el procurador general militar había recomendado que se revisaran las órdenes del ejército sobre el uso de morteros contra zonas pobladas para minimizar las víctimas civiles en el futuro. A Amnistía Internacional le preocupa que, ocho meses después, esta recomendación no parece haberse puesto en práctica.   


Israel tiene la obligación de proteger a quienes viven en sus fronteras del fuego de cohetes y proyectiles de mortero. No obstante, debe cumplir con sus obligaciones con arreglo al derecho internacional humanitario, lo cual supone seleccionar los medios y métodos de ataque que distinguen entre objetivos militares legítimos y población civil.


El 19 de marzo, grupos armados palestinos lanzaron más de 50 proyectiles de mortero y cohetes contra el sur de Israel. Dos civiles israelíes resultaron heridos leves y el bombardeo causó daños en los edificios de un kibbutz. Las Brigadas Izz Al Din Al Qassam, brazo militar de Hamás, afirmaron haber efectuado 33 disparos de mortero contra el sur de Israel. En sus declaraciones dijeron que los proyectiles iban dirigidos contra bases del ejército de Israel en respuesta al homicidio de dos miembros de las Brigadas en un ataque aéreo lanzado por Israel tres días antes.


El fuego de proyectiles de mortero y cohetes continúa desde el sábado, con el impacto de cohetes Grad sobre las ciudades israelíes de Asquelón, Ashdod y Beer Sheva o sus cercanías, causando daños materiales e hiriendo levemente a varios residentes.   


Amnistía Internacional ha condenado reiteradamente el lanzamiento indiscriminado de proyectiles de mortero y cohetes contra Israel por parte de grupos armados palestinos. La Misión de Investigación de la ONU sobre el Conflicto de Gaza, dirigida por el juez Richard Goldstone, concluyó en su informe de septiembre de 2009 que este tipo de ataques constituyen crímenes de guerra.