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El 13 de enero Mariano Rajoy se reúne con el presidente de los Estados Unidos

¿Preguntará Rajoy a Obama sobre los 155 detenidos que continúan en Guantánamo?

Un soldado de Guantánamo se asegura que un detenido del Campo 5 acepta la comida. 19 de octubre de 2011. © US DoD

Amnistía Internacional se ha dirigido por carta al presidente español pidiéndole que priorice los derechos humanos en su encuentro con Barak Obama

El próximo 13 de enero, Mariano Rajoy se reúne en Washinton con el presidente de los Estados Unidos, Barak Obama. Aunque con demasiada frecuencia los derechos humanos están ausentes en las relaciones bilaterales del Gobierno español, desde Amnistía Internacional consideramos que ésta es una excelente oportunidad para que el presidente español traslade a las autoridades estadounidenses algunas preocupaciones de la organización relacionadas con los derechos humanos.

Guantánamo
Después de 12 años desde su apertura en Guantánamo todavía hay 155 hombres recluidos, la mayoría sin cargos, de los cuales seis se enfrentan a posibles condenas a muerte impuestas en juicios sin garantías ante comisiones militares.

Naciones Unidas ha pedido en repetidas ocasiones a los Estados Unidos que resuelvan este y otros casos de detenciones ilegales de acuerdo con sus obligaciones bajo el derecho internacional de los derechos humanos. La liberación a lo largo de 2013 de nueve presos es un paso en la dirección correcta, pero Guantánamo debe ser cerrado. Esto significa que si EE. UU. dispone de suficientes pruebas admisibles contra los 155 detenidos les acuse formalmente, sin demora y les someta a un juicio justo; en caso contrario, deben liberarlos inmediatamente.

La falsa elección entre seguridad y derechos humanos

Desde el inicio de la llamada “guerra contra el terror” liderada por Estados Unidos tras los atentados del 11-S, las violaciones de derechos humanos cometidas por agentes estadounidenses en Europa, Iraq, Afganistán, Yemen, Pakistán, Guantánamo y otros lugares del mundo han sido y son muchas y variadas: desapariciones forzadas, tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes, en algunos casos con resultado de muerte bajo custodia y de homicidios ilegales, detención prolongada en régimen de incomunicación, detención arbitraria e indefinida y juicios en comisiones militares, que se sitúan fuera de la legalidad internacional.

Amnistía Internacional acogió con satisfacción las medidas tomadas por el presidente Barack Obama al inicio de su mandato en enero de 2009, encaminadas a cerrar Guantánamo, poner fin a las detenciones secretas de la CIA y acabar con el secretismo de la administración Bush, pero todavía queda mucho por hacer sobre la rendición de cuentas de las personas responsables de violaciones de derechos humanos y de la reparación a las víctimas.  

En este sentido, el Gobierno español debe adoptar las medidas necesarias para garantizar que las bases militares y otras instalaciones españolas no vuelvan a ser utilizadas para facilitar violaciones de derechos humanos, como las “entregas extraordinarias” de detenidos a Guantánamo.

El uso de los aviones no tripulados o “drones”
También enmarcado en la “lucha contra el terror”, Estados Unidos ha llevado a cabo homicidios ilegítimos en países como Pakistán mediante ataques con aviones no tripulados (“drones”), algunos de los cuales podrían constituir crímenes de guerra.

Amnistía Internacional ha examinado 45 ataques con aviones no tripulados de los que se ha tenido noticia, lanzados en Waziristán Septentrional, noroeste de Pakistán, entre enero de 2012 y agosto de 2013. En contra de las afirmaciones oficiales de que los fallecidos eran “terroristas”, nuestra investigación señala que las víctimas de estos ataques no estaban participando en combates y no suponían amenaza alguna para la vida.

La promesa estadounidense de aumentar la transparencia en torno a los ataques con aviones no tripulados, subrayada en un discurso pronunciado por el presidente Barack Obama en mayo de 2013, aún no se ha hecho realidad. Esto permite a Estados Unidos actuar impunemente e impedir que las víctimas reciban justicia y reparación.
 
Pena de muerte
Desde 1977, fecha en la que se reanudaron las ejecuciones en Estados Unidos,  1.350 personas han sido ejecutadas en el país. Tres cuartas partes de éstas se llevaron a cabo en sólo cuatro Estados: Arizona, Misisipi, Oklahoma y Texas.
Se han producido ejecuciones incluso en casos en los que había serias dudas de la culpabilidad del reo, como ocurrió con Troy Davis; también se dieron casos de ciudadanos extranjeros a los que se les negó la asistencia consular, y otros en los que no había claridad sobre la salud mental del acusado.

Además siguen revelándose numerosos errores en casos de pena de muerte. Desde 1973, más de 140 personas han sido excarceladas de los “corredores de la muerte” de todo el país tras demostrarse su inocencia.

Pablo Ibar es el único español condenado a muerte en el extranjero. Se encuentra en el corredor de la muerte de Florida desde el año 2000. Sigue declarándose inocente.

Señor Rajoy, inste a las autoridades estadounidenses a que:

  • Garanticen la plena rendición de cuentas y el acceso a un recurso legal en relación con las violaciones de derechos humanos cometidas en el contexto de la lucha contra el terror durante el último decenio.
  • Pongan fin a las detenciones ilegítimas en el centro de detención estadounidense de Guantánamo y logren su cierre con pleno cumplimiento del derecho y las normas internacionales de derechos humanos.
  • Revelen los hechos y la base jurídica respecto a los ataques con “drones” lanzados en Pakistán y garanticen que se llevan a cabo investigaciones inmediatas, exhaustivas, independientes e imparciales sobre todos los casos,  que se lleve a los responsables de estos ataques ante la justicia, y que se garantice que las víctimas de ataques ilegítimos con “drones” tienen acceso efectivo a la justicia y a la reparación.
  • Avancen hacia la abolición de la pena de muerte en los Estados Unidos, incluyendo la conmutación de la pena de muerte para las personas condenadas en custodia federal, trabajar en el Congreso para derogar  toda la legislación federal referida a la pena de muerte, y no apoyar  los esfuerzos de ningún estado dirigidos a acelerar o facilitar las ejecuciones de los presos condenados a muerte.