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Plan de Empresa y Derechos Humanos: Top Secret

EL trabajo preparatorio de un plan nacional debe ser siempre información pública.
El derecho de acceso a información en España ha sufrido un duro revés. Durante el proceso de elaboración del Plan Nacional de Empresa y Derechos Humanos, organizaciones y empresas, entre otros, realizaron una serie de aportaciones a las que recientemente el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (CTBG) -el organismo creado por la Ley de Transparencia de España y encargado de velar por el derecho del acceso a información- ha negado el acceso. Access Info Europe, CIECODE y Amnistía Internacional instan a este organismo a replantear sus criterios interpretativos para garantizar transparencia y rendición de cuentas en la toma de decisiones públicas. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (CTBG) a través de esta resolución deniega el acceso a los documentos utilizados y ha ofrecido información claramente insuficiente sobre las actas de las reuniones mantenidas en el proceso de elaboración del plan, por considerar que la información solicitada por Access Info Europe es auxiliar. “La información que se solicita en ningún modo debe considerarse auxiliar, ya que es la única que puede arrojar algo de luz sobre cómo se encuentra la elaboración del plan y que puede ayudarnos a entender la paralización del mismo”, ha declarado Alba Gutiérrez, coordinadora de Campañas de Access Info. El plan se empezó a elaborar en 2013 tras la recomendación de la Comisión y del Consejo Europeo a los Estados miembros para que elaboraran sus respectivos planes nacionales de implementación de los principios rectores de Naciones Unidas sobre empresa y derechos humanos. "A pesar de que en julio de 2014 el Ministerio de Asuntos Exteriores nos comunicó que el borrador final había sido enviado al Consejo de Ministros para su aprobación, sigue sin haber visto la luz casi dos años después", ha señalado Javier Pérez, director del CIECODE. El propio Consejo de Transparencia reconoce que la motivación de la ley es evitar que se deniegue información que sea relevante para la rendición de cuentas, el conocimiento de la toma de decisiones públicas y su aplicación. Las organizaciones han expresado también su preocupación respecto al incumplimiento por parte del Ministerio de Exteriores de la obligación, establecida en el artículo 19 de la Ley de Transparencia, de consultar a terceras partes sobre la publicación de los documentos remitidos con comentarios al citado plan. Según las consultas que ha realizado Access Info Europe, varias de las organizaciones que participaron en el proceso, entre ellas Amnistía Internacional y CIECODE, no han recibido ninguna notificación por parte del Ministerio al respecto, pese a haber manifestado algunas de ellas el consentimiento de que sus aportaciones fuesen publicadas durante el proceso de elaboración. "El Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación no nos ha consultado sobre el objeto de la solicitud de Access Info Europe, ni nos ha solicitado nuestra conformidad para hacer públicas las aportaciones que realizamos en el marco del proceso de elaboración del plan”, ha asegurado Marta Mendiola, responsable de trabajo sobre Derechos Económicos, Sociales y Culturales en Amnistía Internacional.

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