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Petición urgente para que no se reanuden las ejecuciones en Maldivas, 60 años después

Las autoridades de Maldivas deben detener de inmediato la primera ejecución prevista en el país en más de 60 años y mantener el positivo historial que se han labrado en relación con la pena de muerte, ha manifestado Amnistía Internacional hoy.

La organización de derechos humanos ha sabido que tres hombres, cuyas condenas de muerte confirmó en sentencia firme el Tribunal Supremo el 2016, corren ahora riesgo inminente de ejecución, pues ha aparecido información según la cual las autoridades se disponen a ejecutar condenas de muerte. No se ha revelado el número de presos afectados ni tampoco sus nombres.

“Las autoridades de Maldivas deben suspender de inmediato su plan de llevar a cabo ejecuciones y establecer una moratoria oficial de la aplicación de la pena de muerte como primer paso para su abolición total. Al enviar a estos hombres a la horca, el país causará un daño irreparable a su reputación”, ha dicho David Griffiths, asesor general de Amnistía Internacional sobre el sur de Asia

El país era líder en la región con su envidiable historial de rechazo de esta pena cruel e irreversible en un momento en que muchos otros países persistían en ella. Ahora, cuando la mayor parte del mundo ha abolido la pena capital, va a avanzar en la dirección equivocada y a restablecer su uso.”

 Amnistía Internacional ha expuesto graves motivos de preocupación con respecto al respeto de las debidas garantías en los procedimientos conducentes a la imposición de la pena de muerte en el país. En el caso de uno de los tres hombres cuyo riesgo de ejecución es más inminente, Hussain Humaam Ahmed, Amnistía Internacional y otras organizaciones de derechos humanos han expresado honda preocupación por el uso como prueba de una “confesión” previa al juicio de la que se retractó porque la había hecho bajo coacción y en virtud de la cual fue declarado culpable y condenado a muerte por asesinato en 2012.

Los otros dos hombres, Ahmed Murrath y Mohamed Nabeel, fueron declarados culpables y condenados a muerte por asesinato en 2012 y 2009, respectivamente. El Tribunal Supremo confirmó las condenas de muerte de ambos en julio de 2016.

Amnistía Internacional se opone a la pena de muerte en todas las circunstancias, con independencia del delito cometido y del método de ejecución.

Los tres hombres han agotado todas las vías judiciales del país. No se les permite solicitar el indulto o la conmutación de la condena.

 El año pasado, el Comité de Derechos Humanos de la ONU dictó la orden vinculante de detener la ejecución de uno de los hombres, a la espera de la vista de un recurso de apelación presentado en su nombre.

“Cuando hay vidas en juego, más esencial es aún observar estrictamente las salvaguardias del debido proceso. El asunto es también preocupante porque, de acuerdo con el derecho internacional, Maldivas debe garantizar que las personas condenadas a muerte y sus familias son avisadas con antelación suficiente. Sin embargo, en este caso se les ha negado incluso la dignidad a que tienen derecho,” ha añadido David Griffiths.