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Perú: Autoridades están criminalizando personas defensoras de derechos humanos tras anular sentencia absolutoria

Oscar Mollohuanca © Amnesty International/Nataniel Furgang Amnistía Internacional

Las autoridades peruanas deben dejar de utilizar el sistema penal de forma indebida para hostigar a personas defensoras de derechos humanos, reiteró Amnistía Internacional hoy después de la decisión de la Corte Superior de Justicia de Ica de anular una sentencia absolutoria e iniciar un nuevo juicio en contra de tres defensores ambientales de la provincia sureña de Espinar, Perú.

La decisión de la Corte Superior de Justicia representa un duro golpe contra quienes defienden derechos humanos en Perú y es una muestra más de cómo las autoridades continúan aplicando la ley penal para hostigar y acallar a defensores ambientales. En lugar de criminalizarlos, las autoridades peruanas deben tomar medidas oportunas y eficaces para protegerlos”, dijo Erika Guevara Rosas, directora para las Américas de Amnistía Internacional.

El 8 de mayo, la Primera Sala Penal de Apelaciones y Flagrancia de la Corte Superior de Justicia de Ica anuló la sentencia absolutoria de primera instancia y ordenó iniciar nuevamente el juicio contra los defensores ambientales Oscar Mollohuanca Cruz, Herbert Huamán y Sergio Huamaní por los delitos de atentado contra la seguridad común, entorpecimiento de servicios públicos y disturbios.

Las acusaciones de la Fiscalía en contra de los tres defensores de derechos humanos se basaron únicamente en su rol como líderes comunitarios, considerándolos automáticamente organizadores de las manifestaciones y responsables por cualquier daño o delito causado. Esta acusación se contrapone a las normas internacionales de derechos humanos. Los tres fueron absueltos el 17 de julio de 2017 pero la Fiscalía apeló la decisión.

Los cargos en su contra se relacionan con su participación en distintas protestas sociales organizadas en mayo de 2012, cuando múltiples personas de Espinar salieron a las calles y se declararon en paro frente a la mina Tintaya, ampliación Antapaccay. Los manifestantes tenían el objetivo de modificar los acuerdos entre la empresa minera y las autoridades  en el tema medioambiental y servicios para la comunidad, entre otros.

Durante dicha manifestación, varias personas murieron y muchas más resultaron heridas, según testigos a causa de la intervención policial para dispersar la manifestación. Después de días de manifestaciones, el Presidente de la República declaró un estado de emergencia durante 30 días prohibiendo la realización de nuevas protestas, y varios manifestantes fueron detenidos, acusados de ser responsables de los hechos de violencia.

Oscar Mollohuanca Cruz fue arrestado el 30 de mayo de 2012 en el Palacio Municipal, sin orden de detención y sin que fuera informado de los motivos de su detención. Fue traslado a la región norteña de Ica, que se encuentra a dos días de camino por tierra desde Espinar, donde se llevó a cabo el juicio oral. Cinco años después, él, Herbert Huamán y Sergio Huamaní fueron absueltos por falta de pruebas.

“El caso de los defensores de Espinar es un claro ejemplo de cómo se aplica la receta para criminalizar a personas defensoras de derechos humanos relacionados a la tierra y el medio ambiente en Perú. Estos procesos judiciales reflejan la utilización del sistema penal para presentar acusaciones infundadas como una forma de hostigamiento que busca silenciar su trabajo”, dijo Marina Navarro, directora ejecutiva de Amnistía Internacional Perú.

En el informe Una receta para Criminalizar: personas defensoras del ambiente, el territorio y la tierra en Perú y Paraguay, Amnistía Internacional expresó su preocupación por el uso indebido del sistema de justicia para hostigar y silenciar el trabajo de las personas defensoras del medio ambiente en Perú.

La organización reitera su llamado a las autoridades peruanas a abstenerse de utilizar el derecho penal contra los y las defensoras de derechos humanos como una forma de obstaculizar su trabajo; identificar los procesos penales abiertos en su contra donde no haya base para continuarlos, y retirar los cargos cuando no exista fundamento para continuar el proceso penal.

Asimismo, la organización insta al Estado a adoptar una política pública integral de protección de las personas defensoras de derechos humanos, según los compromisos internacionales adoptados por el Estado y lo dispuesto en el Plan Nacional de Derechos Humanos 2018-2021.

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