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Personas refugiadas y migrantes, Guantánamo y pena de muerte, tres temas clave de derechos humanos en las relaciones de España con Estados Unidos

Ante el encuentro de los Reyes con el presidente Trump el próximo 19 de junio, Amnistía Internacional plantea al nuevo gobierno español sus principales preocupaciones sobre la situación de los derechos humanos en Estados Unidos

El próximo 19 de junio, los Reyes de España se reunirán con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Con motivo de esta visita, Amnistía Internacional le ha recordado al nuevo Gobierno español que el respeto de los derechos de las personas refugiadas y migrantes que llegan a este país, la situación de las personas que siguen detenidas después de 16 años en Guantánamo y el impulso de una moratoria contra la pena de muerte deben ser los ejes centrales de la Agenda de Derechos Humanos en las relaciones de España con Estados Unidos.

Derechos de las personas refugiadas y migrantes
Desde que se inició la presidencia de Donald Trump no se han dejado de promulgar órdenes ejecutivas que recortan los derechos de las personas migrantes, refugiadas y solicitantes de asilo.

Las medidas adoptadas en relación con menores refugiados o migrantes son especialmente preocupantes. Por un lado, la administración Trump está implementando una política de separación sistemática de familias solicitantes de asilo, que constituye una violación del derecho internacional. Amnistía Internacional ha documentado casos de familias separadas a la fuerza por agentes de inmigración estadounidenses, incluso cuando éstos tenían pruebas de su relación familiar y de la persecución de la que huían. Por otro lado, la administración Trump ha puesto fin a programas que protegían a menores refugiados procedentes de Centroamérica cuyos familiares ya residían en Estados Unidos, y programas que impedían la expulsión de personas que llegaron a Estados Unidos durante su infancia en el momento de cumplir su mayoría de edad, lo que podría acarrear la expulsión de 800.000 personas, si no se encuentra una solución legislativa que regularice su situación migratoria.

Desde la llegada del presidente Trump, se han dictado, entre otras, órdenes para la construcción de un muro a lo largo de la frontera entre Estados Unidos, para agilizar devoluciones (refoulement), o para prohibir la entrada de personas originarias de Irán, Libia, Somalia, Sudán, Siria y Yemen. También se ha suspendido el Programa Estadounidense de Admisiones de Refugiados, reduciéndose de 110.000 a 50.000 las personas refugiadas que podrían ingresar en el país durante 2017. Y esta última semana, se cancelaba la protección a las víctimas de violencia de género y de violencia a manos de maras procedentes de los países del Triándulo Norte de Centroamérica (Guatemala, Honduras y El Salvador),  lo que hace prácticamente imposible que estas personas encuentren refugio en Estados Unidos.

Detenidos en Guantánamo
El pasado mes de enero se cumplían 16 años desde la llegada de los primeros detenidos a la base naval Guantánamo. Todavía hay 40 personas que siguen detenidas en el centro: 30 de ellas sin cargos ni juicio. 10 han sido o están siendo sometidas a actuaciones judiciales sin las debidas garantías al ser juzgadas por comisiones militares, 6 de ellas podrían ser condenadas a muerte.  

Entre las personas detenidas sin cargos ni juicio está Toffiq al Bihani que lleva encarcelado 15 años. En 2010, la administración estadounidense autorizó su transferencia a un tercer país, sin embargo, aún no ha salido de Guantánamo. Durante estos años, Toffiq sufrió tortura, malos tratos y sigue sometido a detención indefinida.

A lo largo de los años, Guantánamo se ha convertido en un símbolo de la tortura, las entregas y la detención indefinida sin cargos ni juicio, contraviendo el derecho internacional. La impunidad en relación con las violaciones de derechos humanos cometidas en el marco de la guerra contra el terror continúan. Su cierre es fundamental y debería haberse llevado a cabo hace mucho tiempo.

Pena de muerte
En 2017, Estados Unidos fue el único país de América en llevar a cabo ejecuciones, y sigue sin formar parte de la amplia mayoría de países que han dejado de aplicar la pena de muerte. 2017 fue un año malo para la lucha contra su aplicación en este país, ya que aumentaron las cifras de personas ejecutadas, 23; el número de condenas a muertes dictadas, 41; y el número de Estados que practicaron ejecuciones, pasando de 5 a 8 al reanudarse su uso en Arkansas, Ohio y Virginia. Al final de 2017, aún había 2.724 personas condenadas a muerte, 24 de ellas mujeres.

Estados Unidos ha seguido utilizando la pena de muerte contra personas con discapacidad intelectual grave, y contra personas extranjeras a las que se negó su derecho a la asistencia consular después de ser detenidas, lo que contraviene el derecho y las normas internacionales.

Amnistía Internacional pide al Gobierno español que apoye con gestiones eficaces el caso de Pablo Ibar, ciudadano español cuya condena a muerte fue anulada por el Tribunal Supremo de Florida el 4 de febrero de 2016, quien ordenó además que se llevara a cabo un nuevo juicio y desestimó el recurso de la fiscalía. En 1994 Pablo Ibar, que siempre se ha declarado inocente, fue acusado de asesinar a tres personas durante un robo en una vivienda. En un juicio plagado de irregularidades en 2000 se le consideró culpable y se le condenó a la pena capital.

Peticiones al Gobierno español en sus relaciones con Estados Unidos

Amnistía Internacional le solicita al Gobierno español que en el marco de sus relaciones bilaterales con Estados Unidos pida a la administración Trump que:

  • No separe a padres y madres de sus hijos e hijas por motivos migratorios. Y cumpla estrictamente sus obligaciones internacionales respecto a las medidas que adopte en materia de refugio y migración, respetando el principio de no discriminación por motivos de género, religión y étnia.
  • Traslade a Toffiq al Bihani a un país que respete sus derechos humanos, tal y como ha hecho recientemente con Ahmed al-Darbi. Cierre Guantánamo y garantice la plena rendición de cuentas y la reparación a las víctimas de violaciones de derechos humanos cometidas en el contexto de la lucha contra el terrorismo.
  • Deje de utilizar la pena de muerte contra personas que sufren discapacidad mental e intelectual y establezca una moratoria oficial de las ejecuciones como primera medida hacia su plena abolición.


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