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Persiste la impunidad de las violaciones de derechos humanos en Darfur

El presidente Al Bashir está acusado de cometer crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra en Darfur. Fuente: U.S. Navy photo by Mass Communication Specialist 2nd Class Jesse B. Awalt/Released

Londres.- El 4 de marzo de 2009, la Corte Penal Internacional dictó orden de detención contra el presidente de Sudán, Omar al Bashir. Dos años después, éste e incontables personas más, acusadas también de delitos de derecho internacional cometidos en Darfur, continúan eludiendo la acción de la justicia. No es de extrañar, por tanto, que la situación de los derechos humanos en Darfur sigua siendo espantosa.

La Unión Africana lleva más de dos años pidiendo en vano al Consejo de Seguridad de la ONU que suspenda los procedimientos contra el presidente Al Bashir. Ha aprobado dos veces la decisión de que sus miembros se nieguen a detenerlo. La realidad cotidiana de la situación en Darfur demuestra los devastadores efectos de una impunidad que no debe permitirse que persista.

El renovado compromiso del Consejo de Seguridad con la justicia internacional, demostrado por la remisión de la situación en Libia al fiscal de la Corte Penal Internacional en la Resolución 1970 (2011), debe reflejarse en un compromiso igualmente sólido de ejecución de las ordenes de detención pendientes en la situación en Darfur, que remitió a la Corte en 2005. El Consejo debe también intentar abordar la impunidad generalizada que existe en el caso de los millares de delitos por los que la Corte no puede iniciar enjuiciamientos.

El presidente Al Bashir fue acusado de cometer crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra en Darfur. Posteriormente se añadió a la lista de cargos contra él la acusación de genocidio. A pesar de la gravedad de los cargos, varios países, incluidos Chad y Kenia, que son Estados Partes en el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, han puesto obstáculos a la justicia negándose a detener al presidente Al Bashir durante visitas oficiales a ellos.

Amnistía Internacional ha pedido reiteradamente a todos los miembros de la comunidad internacional que garanticen que se rinden plenamente cuentas por los delitos de derecho internacional cometidos en Sudán. 

Ahmad Harun, gobernador de Kordofán, y Ali Kushayb, líder de la milicia yanyawid, reclamados también por la Corte Penal Internacional por crímenes de lesa humanidad, están protegidos por el Estado y disfrutan de impunidad. 

En cambio, tres líderes de grupos armados de oposición acusados de delitos cometidos en Darfur han comparecido voluntariamente ante la Corte. En el caso de uno de ellos, Bahar Idriss Abu Garda, los jueces han decidido que no hay pruebas suficientes para confirmar los cargos contra él. En los otros dos casos continúan los procedimientos de confirmación de los cargos. 

La impunidad llega mucho más allá de los niveles superiores del gobierno y los líderes de las milicias.  Las víctimas no tienen esperanza de acceder a la justicia, la verdad y la reparación dentro el país. Por ejemplo, el 2 de septiembre de 2010, grupos armados atacaron Tabra, pueblo de Darfur Septentrional, y mataron, según informes, a más de 37 personas. En respuesta al ataque, el 17 de septiembre el gobernador de Darfur Septentrional, Osman Mohamed Yousef Kibir, manifestó que se formaría una comisión para realizar una investigación. Seis meses después no se ha hecho pública ninguna información sobre los progresos de la investigación ni se han presentado cargos contra nadie por el ataque. 

La impunidad refuerza la espiral de violencia en Darfur. Sin justicia, la población civil continúa sufriendo casi a diario graves violaciones del derecho internacional de los derechos humanos y humanitario. 

En los tres últimos meses, las fuerzas del gobierno sudanés y los grupos armados de oposición han intensificado sus ataques contra la población civil en el norte y el sur de Darfur. Los combates comenzaron el 8 de diciembre de 2010, tras cortar el gobierno sudanés los lazos el Ejército de Liberación de Sudán/Facción Minni Minawi, firmante del Acuerdo de Paz de Darfur de 2006. Las fuerzas del gobierno han efectuado ataques en campos de personas internamente desplazadas y en ciudades, como Dar el Salam, Shangil Tobaya y Jor Abeche. Según la ONU, sólo la violencia de diciembre obligó a desplazarse a más de 40.000 personas. A causa de los combates han muerto y han resultado heridos civiles y se han cometido saqueos y destrucción de bienes civiles.

El 23 de enero, la fuerzas del gobierno asaltaron el campo de desplazados internos de Zamzam, en Darfur Septentrional. Detuvieron a 37 personas y entraron en viviendas civiles y las saquearon. No se avisó previamente a la Misión de las Naciones Unidas y la Unión Africana en Darfur (UNAMID), con lo que se infringió el Acuerdo sobre el Estatuto de la Fuerzas, que exige que se celebren consultas entre el gobierno y la UNAMID sobre las acciones relacionadas con los campos de desplazados internos.

Hace dos semanas hubo combates entre fuerzas aéreas y terrestres del gobierno sudanés y grupos de oposición en Shangil Tobaya y sus alrededores, en Darfur Septentrional. Según informes, como consecuencia de los combates fueron destruidos 10 pueblos y huyeron de la zona más de 4.000 personas.

Resulta preocupante que el gobierno continúe restringiendo la ayuda humanitaria, con lo que viola el derecho internacional de los derechos humanos y humanitario. El caso más reciente se produjo el 26 de febrero de 2011, cuando el gobierno prohibió a la organización de asistencia humanitaria Servicios Católicos de Socorro desarrollar actividades en Darfur Occidental. La Comisión de Ayuda Humanitaria acusó de la organización de distribuir ejemplares de la Biblia. Hace tres semanas, el 14 de febrero, la organización humanitaria francesa Médecins du Monde fue expulsada de Darfur Meridional, acusada, según informes, de "espiar".

Asimismo, los darfuríes continúan expuestos a sufrir detención arbitraria, durante la que a menudo son sometidos a tortura y malos tratos. Tras una visita de delegados de Consejo de Seguridad de la ONU a Darfur realizada el 7 de octubre de 2010, el Servicio de Inteligencia y Seguridad Nacional detuvo a dos desplazados darfuríes que habían hablado con los delegados en el campo de Abu Shouk. Según los informes, el Servicio de Inteligencia y Seguridad Nacional buscó a 16 personas poco después de que los delegados se marcharan de los campos de desplazados de Abu Shouk, Al Salaam y Abashed, en Darfur Septentrional.