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Pena de muerte: La Comisión de Derechos Humanos de la Asamblea General de la ONU renueva la petición de establecer una moratoria de las ejecuciones

Desde 2007, la Asamblea General de la ONU ha adoptado cinco resoluciones que piden el establecimiento de una moratoria mundial en el uso de la pena de muerte © Rajput Yasir / Demotix

Los Estados miembros de la ONU volvieron a apoyar hoy por abrumadora mayoría el proyecto de resolución de la Asamblea General para establecer una moratoria de las ejecuciones con vistas a abolir la pena de muerte. Un total de 115 de los 193 Estados miembros de la ONU votaron a favor de la propuesta, y sólo 38 votaron en contra. El proyecto de resolución se presentará ahora al pleno de la Asamblea General para su aprobación definitiva.

Amnistía Internacional expresa su satisfacción por la adopción del proyecto de resolución, que sitúa una vez más claramente la pena de muerte en el marco de los derechos humanos. Entre otras disposiciones importantes, la resolución pide a los Estados que siguen conservando la pena de muerte que garanticen la protección y promoción de los derechos humanos de quienes se enfrentan a ella. La resolución reitera asimismo su petición a los Estados para que reduzcan el número de delitos por los que puede imponerse la pena de muerte y les pide que hagan pública la información sobre las ejecuciones previstas y que garanticen que las personas que se enfrentan a la pena de muerte pueden ejercer su derecho a solicitar el indulto o la conmutación, garantizando que haya procedimientos justos y transparentes para ello.

Nuestra organización, sin embargo, lamenta que fuera aprobada una enmienda hostil propuesta por Singapur y otros patrocinadores relativa a la soberanía del Estado. Además, resulta desalentador que Singapur y el resto de los proponentes de la enmienda siguieran oponiéndose a la resolución incluso después de aprobarse dicha enmienda. Sin embargo, esta enmienda no socava en absoluto el lenguaje positivo del proyecto de resolución ni la necesidad de que todos los Estados atiendan los llamamientos que plantea.

Amnistía Internacional aplaude la labor de un gran grupo de copatrocinadores en apoyo de esta resolución, y en particular la de los Estados que dirigieron las negociaciones, Argentina y Mongolia. Además, celebramos que varios países hayan modificado su postura positivamente frente a la de diciembre de 2014, cuando se aprobó la anterior resolución sobre la moratoria en la aplicación de la pena de muerte. Los nuevos votos a favor procedieron de Gambia, Guinea, Malawi, Namibia, Sri Lanka y Suazilandia. Otra señal positiva fue el cambio de Zimbabue, que pasó de la oposición a la abstención. Lamentablemente, Chad, Níger, Filipinas y Seychelles pasaron de votar a favor a abstenerse, mientras que Burundi y Maldivas pasaron de votar a favor y abstenerse, respectivamente, a votar en contra.

Aunque no son legalmente vinculantes, las resoluciones de la Asamblea General de la ONU tienen un considerable peso moral y político. Amnistía Internacional insta a todos los Estados miembros de la ONU a que apoyen la resolución cuando sea el momento de su aprobación definitiva en diciembre. Los países que aún conservan la pena de muerte deben establecer inmediatamente una moratoria de las ejecuciones como primer paso hacia su plena abolición.

Información complementaria

Desde 2007, la Asamblea General de la ONU ha adoptado cinco resoluciones que piden el establecimiento de una moratoria mundial en el uso de la pena de muerte, cada vez con mayor apoyo.

Cuando se fundó la ONU, en 1945, sólo ocho de los entonces 51 Estados miembros habían abolido la pena capital. Actualmente, 103 Estados miembros han abolido la pena capital para todos los delitos, y 141 del total de 193 la han abolido en la legislación o en la práctica. En 2015, en 169 de los 193 Estados miembros de la ONU (el 88 %) no hubo ejecuciones.

La adopción de estas innovadoras resoluciones sobre la moratoria en el uso de la pena de muerte desde 2007 ha servido de impulso para la renovación del compromiso con la abolición de la pena capital.

Amnistía Internacional se opone a la pena de muerte en todos los casos sin excepción, con independencia del carácter o las circunstancias del delito, de las características y la culpabilidad o inocencia del acusado y del método utilizado por el Estado para llevar a cabo la ejecución.

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